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Dosier: Megaminería

                                                                               Qué País

Septiembre 2018

Con desertificación y enclaves tendiendo a zonas económicas especiales por megaminería y fracking.

   

                         Las luchas antiextractivistas son anticapitalistas

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

  Situación 

Nos urge, abajo y a la izquierda, crear la solidaridad con los pueblos y comunidades subsumidas en la megaminería por el sistema mundo capitalista. Tratemos de examinar qué sucede en la publicitada como distinta a la metalífera a cielo abierto:

Impacto socioambiental de la extracción de litio en las cuencas de los salares altoandinos del Cono Sur.*

29 de agosto de 2018

                                                                            

Investigación y redacción: Bárbara Jerez Henríquez
Santiago de Chile - agosto de 2018

Publicado por OLCA

Introducción

La extracción minera de litio en los salares altoandinos del Cono Sur está vinculada a graves problemáticas socioambientales, lo que se ha traducido en procesos de movilización y resistencia territoriales que se encuentran actualmente en desarrollo con un creciente nivel de conflictividad y dinamismo.

Resulta importante destacar que el aumento de los proyectos de exploración y explotación de litio a través del método de evaporación y decantación de salmueras, utilizado en los salares altoandinos, se explica porque hasta la actualidad constituye la forma más económica de obtención de este mineral. Esto obedece a que sus excepcionales condiciones hidrológicas, geológicas y climáticas, debidas a la extrema aridez y a las escasas lluvias, permiten una mayor tasa de evaporación de las aguas salinas por la mayor radiación solar. Es por este motivo que estos territorios adquieren mayor valor en el mercado internacional de litio donde ha aumentado vertiginosamente la demanda y el precio del mineral, como se analizará en el primer apartado de este estudio, además de señalar sus principales características, usos y proceso de producción.

En el segundo apartado, se abordará el análisis de las cuencas salinas donde existe una importante conflictividad socioambiental respecto a la minería del litio que hoy día son foco de disputa y de intervención minera, ubicadas en zonas precordilleranas y cordilleranas de la región del altiplano del Cono Sur. Específicamente se estudiarán los casos de las comunidades de los salares de Atacama en la Región de Antofagasta, en Chile, y de los salares de Olaroz-Caucharí y Salinas Grandes que se ubican entre las provincias de Jujuy y Salta, en Argentina. Por último, se aludirá a las consideraciones científicas e institucionales sobre los impactos socioambientales de la minería del litio en los salares de Argentina y Chile.

Litio: características, usos, mercados y tendencias (…) 

II. Conflictos e impactos socioambientales por proyectos mineros de litio en los Salares de la región altoandina del Cono Sur (…)

II. Conflictos e impactos socioambientales por proyectos mineros de litio en los Salares de la región altoandina del Cono Sur 

(…)

 Dentro de la cuenca del salar de Atacama existen varios lugares que fueron declarados sitios RAMSAR** , tales como el salar de Pujsa y el de Tara, el Sistema Hidrológico Soncor y el salar de Aguas Calientes VI en la zona contigua al sur del Salar de Atacama. En las comunidades del salar de Atacama el abastecimiento de agua es un problema constante. Esto se debe al estrés hídrico que genera la sobreexplotación indiscriminada de sus fuentes (principalmente por la minería) y la entrega excesiva de derechos de aprovechamiento por sobre la capacidad de recarga de la cuenca y de los caudales de los pequeños ríos de la zona. El sector turístico también ejerce una importante presión sobre el agua, principalmente por la exigencia de los grandes hoteles que se emplazan en los alrededores del poblado de San Pedro de Atacama. Esta situación explica que la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas haya declarado como agotados los ríos San Pedro y Vilama, a petición de la asociación atacameña de regantes, en el año 2016 para evitar que se sigan otorgando más permisos de uso consuntivo de sus aguas. La cuenca del salar presenta la mayor tasa de evaporación hídrica de todos los salares a nivel mundial obteniendo un valor medio de 10 litros por metro cuadrado al día. Además posee una alta tasa de radiación solar diurna y una humedad relativa que alcanza en promedio sólo un 24% (Mantilla, S. 2017).

En la cuenca desafortunadamente es evidente el desecamiento de las vertientes y la reducción de caudales (Yáñez, N. et al. 2011). El abastecimiento hídrico de las comunidades más cercanas al salar se obtiene principalmente de aguas superficiales obtenidas de quebradas, pequeñas lagunas, salares y vertientes y, en menor medida, de aguas subterráneas mediante el bombeo de pozos de captación menores. Las fuentes hídricas, utilizadas para consumo humano y riego, son gestionadas por las comunidades de manera cooperativa a través de los comités de agua potable, las juntas de vecinos y las asociaciones de regantes. Específicamente en los poblados ubicados a los pies del salar como Toconao, la comunidad se abastece con las aguas del río del mismo nombre, el que escurre por la Quebrada de Jere varios kilómetros hasta perder sus aguas desembocando en la orilla del Salar de Atacama. Sin embargo, a causa del agotamiento y la sobreexplotación ha debido ser reforzado, para satisfacer las necesidades de consumo local, con aportes del río Vilaco que viene del altiplano, y de las vertientes de Peana y Silapeti (Yáñez, N. et al. 2011). Es importante destacar que los campamentos mineros de SQM han contribuido sustancialmente al agotamiento de estos ríos. 

Buscando la manera de enfrentar colectivamente la escasez hídrica, se han regulado los turnos de riego de 200 predios, con el agua existente del río Toconao. Así, a cada uno le toca su turno cada 25 ó 27 días (y en períodos anteriores cada 20 días). El alargamiento de los intervalos de riego se produce por la evidente disminución del caudal del río y la necesidad de más horas para regar 47 hectáreas de cultivo, donde el riego se hace a través de la represa que se ubica en la parte superior del río (Ibid.). En el caso de las localidades de Peine y sus alrededores, estas tierras se riegan con las aguas del río del mismo nombre que baja por la quebrada del Algarrobo, el cual provee, con ayuda del río Tulán, de agua para regar en turnos de 15 días los potreros de Tilomonte (Ibíd.), un sector cercano que la comunidad utiliza para fines agropastoriles. 

En el Salar de Atacama existe la mayor producción de litio por evaporación de salmueras a nivel mundial. Los yacimientos se ubican principalmente en el sector sur donde se emplazan las instalaciones de la empresa Albemarle, y en el Sector sur-este en las que se ubican las de SQM que explotan este mineral desde hace más de veinte años en la zona. Concretamente, la explotación de litio en la cuenca comenzó en el año 1984 cuando la empresa Sociedad Chilena de Litio - SCL obtuvo su primera producción de salmuera concentrada en la planta Salar de Atacama, y en ese mismo año comienzan a producir carbonato de litio en la planta química que actualmente tiene la empresa en la salida de la ciudad-puerto de Antofagasta en la localidad de La Negra. Dichas explotaciones mineras pertenecían a SCL, la cual firmó un contrato administrativo con la estatal CORFO donde esta última le transfirió un área de concesión para extracción de 167,2 km2 en el sector sur del salar para producir y vender productos de litio que contengan un máximo de 200.000 toneladas de este mineral sin límites de tiempo. 

En el año 2016 se firmó un nuevo acuerdo entre las partes donde el ejecutivo autoriza a Albemarle una nueva cuota fija de litio de hasta 262.132 toneladas para ser explotada hasta el año 2044 o hasta el consumo de la nueva cuota y la vigente, de las cuales la empresa hasta el año 2016 había utilizado poco menos de la mitad, alcanzando la cantidad de 79.203 toneladas de litio metálico. De esta forma, Albemarle tendría autorizado en total 341.335 toneladas de mineral. Por su parte, la empresa minera SQM en sus inicios era una empresa estatal denominada Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), la cual después de una serie de negociaciones entre CORFO y algunas empresas privadas de manera fraudulenta durante la dictadura cívico-militar en Chile (1973-1990) y los primeros años de la post-dictadura pasa a ser privatizada y transferida a Julio Ponce Lerou quien además de ser el yerno del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte era nada menos que el director de la CORFO durante los años del régimen, lo que da pie para cuestionar las condiciones en que se realizó ese proceso. Hasta el año 2017, SQM tenía contrato de arrendamiento de pertenencias mineras para explotar el litio hasta el año 2030 por 180 mil toneladas (cuya explotación comenzó en el año 1996). Al año 2013, SQM tenía vendidas 84.416 toneladas con una capacidad de explotación anual de 48 mil toneladas (Comisión Nacional del Litio 2015). Al igual que en el caso de Albemarle, el Estado vuelve a autorizar nuevas cuotas de extracción de litio en el salar a SQM. 

En Enero del 2018, y después de una fuerte controversia con la estatal CORFO por el incumplimiento de la legislación tributaria, ambiental y por constantes escándalos de corrupción a parlamentarios y autoridades del poder ejecutivo nacional en las que se vio involucrada SQM, las partes llegan a un polémico acuerdo en el que se autoriza a SQM la triplicación de su actual cuota de extracción alcanzando nada menos que 349.553 mil toneladas adicionales de litio manteniendo el plazo de extracción hasta el año 2030, donde además la CORFO ofrece a SQM extraer una cuota adicional del mineral de 112 mil toneladas si SQM construye y pone en operación una capacidad adicional de producción de 100.000 toneladas de productos de litio grado batería. 

El arribo de ambas empresas al salar ha dejado como consecuencia importantes impactos tanto a nivel ecológico como sociocultural ya que la reacción de las comunidades ha sido ambivalente: por un lado éstas han aceptado en condiciones bastante adversas la convivencia forzada con las grandes compañías mineras de litio durante bastantes años en los que hubo mucha discriminación racial y malos tratos a los trabajadores atacameños en estas faenas, se generó un severo daño ambiental a los acuíferos y a los ecosistemas salinos, y las empresas mantuvieron una autoritaria relación por muchos años con los pueblos del salar. 

Por otra parte, e invocando tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT y otros, al alero de estrategias corporativas de "responsabilidad social empresarial" o "valor compartido", emergen negociaciones en medio de profundas asimetrías entre las comunidades y la empresa Rockwood Lithium (actualmente Albemarle) para seguir explotando el sector sur del salar bajo ciertos acuerdos que transfieren regalías a los atacameños a cambio de la licencia social para la extracción del litio. La comunidad atacameña de Peine firmó en el año 2012 un convenio con Rockwood para comenzar sus faenas de litio en el salar con licencia social, en el contexto de su adquisición de la ex SCL. 

Posteriormente, en el año 2016, la minera firma un convenio con las 18 comunidades atacameñas del municipio de San Pedro de Atacama y el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) que las agrupa. Este último convenio fue un requisito para que CORFO autorizara un aumento de más del doble la extracción de litio a esta empresa a cambio del 3% de las ventas anuales para cada comunidad (monto que alcanzó en el año 2017 la suma de 130 millones de pesos chilenos a cada una, unos US$ 200.000) y un sistema compartido de monitoreos de los niveles acuíferos del salar que no ha estado exento de críticas por las falencias en su implementación real. Además, también ha sido cuestionado el acuerdo mismo, ya que se afirma desde algunos sectores que las bases de las comunidades no fueron debidamente informadas y que varios de sus dirigentes fueron presionados e incluso obligados a firmarlo. Por lo tanto, el proceso de consulta indígena que las partes defienden para poner en pie este convenio fue un proceso lleno de vicios y ausencias. Pese a que el propio CPA señala que fue fruto de más de tres años de negociaciones entre las comunidades y la empresa, las presiones y la falta de información que reportan numerosos actores locales entrevistados en el salar da cuenta de lo contrario. 

Por último, cabe destacar que las comunidades no cuestionan mayormente a la empresa debido principalmente a los recursos económicos que reciben por este convenio y por la intensa relación que ha establecido Albemarle con las comunidades y los actores locales, entre otras razones. El caso la empresa SQM es diferente, ya que existe una relación bastante más tensa que ha sido foco de varios conflictos con las comunidades del salar. En el año 2007 hubo un importante enfrentamiento entre la minera y la comunidad de Toconao por el aumento en las extracciones de agua de pozos no autorizados y la contaminación por vertidos de aguas servidas de los campamentos que tiene la minera en las orillas del salar, de la cual incluso beben mamíferos y aves autóctonas, generando así un grave daño en esos ecosistemas. Este campamento se ubica en medio del valle de Jere, un extenso oasis donde la comunidad tiene una diversa actividad agrícola, limitada por el acaparamiento hídrico que hace SQM en el lugar.

En febrero del presente año las comunidades del salar, el CPA y otras organizaciones como el Comité de Regantes del río San Pedro, la Fundación local agroecológica Tantí y la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) de Santiago presentaron dos recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago por daño ambiental al salar y por no consulta indígena previa, libre e informada sobre el convenio celebrado entre CORFO y SQM para triplicar la producción de litio, transgrediendo los derechos territoriales y poniendo aún más en riesgo la precaria situación hídrica del salar.

Por la misma razón, la firma del cuestionado convenio provocó un fuerte rechazo en las comunidades atacameñas y en los pobladores no indígenas de San Pedro, gatillando importantes movilizaciones como una concentración en la plaza central del municipio, el bloqueo por algunas horas de la ruta que une San Pedro con la ciudad de Calama, el bloqueo de una de las entradas a las faenas de SQM en el salar e incluso la huelga de hambre de tres dirigentes atacameños. La huelga fue depuesta luego de que la presidencia de la república accediera a dialogar con ellos en Santiago, aunque finalmente terminaron reuniéndose con algunos ministros, quienes le entregaron una carta a las comunidades, dejándolos en situación de absoluta disconformidad. Los recursos de protección interpuestos, se encuentran actualmente en proceso judicial. 

El mayor impacto socioambiental de la minería de litio radica en el gasto indiscriminado de agua para la evaporación de salmueras y la producción de las faenas necesarias. Teniendo en cuenta que el salar de Atacama se encuentra en una de las regiones de mayor aridez a nivel mundial, el desierto de Atacama, la extracción a gran escala de agua y el procesamiento básico de las salmueras de litio genera severos daños en los frágiles ecosistemas que dependen de esas fuentes. Las empresas SQM y Albemarle, sólo por concepto de faenas de litio, tienen autorizado el uso, por la autoridad ambiental correspondiente, de 240 y 23.5 litros por segundo (l/s) de agua dulce, respectivamente, y de salmuera (agua salada) 1700 l/s a SQM y 442 l/s a Albemarle, contemplando que esta última se autorizó el año 2016, ya que previamente extraía 142 l/s de salmuera. Esto en su conjunto significa una extracción diaria que supera los 200 millones de litros de aguas (dulces y saladas).

Existe, asimismo, una confusa legislación y política sectorial que superpone la propiedad minera con los derechos de aguas y zonas protegidas para conservación ambiental. Además, la fiscalización a las empresas por parte de las instituciones públicas correspondientes es débil y escasa. Por último, falta información verídica sobre la complejidad del funcionamiento hidrológico del salar y de los impactos que ya ha tenido la explotación de litio, lo cual ha sido ampliamente documentado por numerosas fuentes, incluso gubernamentales. 

Es evidente el agotamiento del salar de Atacama por la sobreexplotación indiscriminada de sus aguas dulces y salmueras. Se han dañado gravemente sus condiciones hidrogeológicas, afectando directamente los humedales, lagunas y vegas. Esto ha aumentado la sequía, favoreciendo en definitiva su progresiva desaparición.

Esta situación ha sido denunciada no sólo por las comunidades sino que también por la propia autoridad ambiental a través de los escasos informes de fiscalización ambiental existentes donde se señala el deterioro a la flora asociada al impacto en las zonas donde se ubican los pozos de extracción de aguas de las mineras de litio, el incumplimiento de los planes de contingencia, la pérdida de ejemplares endémicos tales como los algarrobos y la disminución de los espejos de agua en los sistemas lacustres del acuífero del Borde Este del Salar.

Otro impacto socioambiental existente es la gran cantidad de escombros que dejan en el salar las faenas de litio y el derrame de diésel (debido al funcionamiento de las bombas que extraen salmuera a gran escala de las capas interiores del mismo) lo que afecta a los microorganismos extremófilos que existen en las salmueras fósiles del salar y que contienen importante información sobre el origen y conformación de los ecosistemas, siendo además capaces, por ejemplo, de oxidar yodo y biolixiviar cobre, constituyendo un tesoro biológico que la extracción actual de litio destruye. 

Si bien la minería de litio está presente hace más de 25 años en el territorio, ha sido durante los últimos 12 años cuando han aparecido algunos focos de conflicto, principalmente dentro del marco de las autorizaciones a mayores cuotas de extracción de litio a SQM en el año 2007 y la tramitación de la ampliación de la otrora Sociedad Chilena del Litio en el año 2009. Eso obedece a que hay imprecisiones en los monitoreos que hace SQM, ya que la información que genera la empresa y es enviada a organismos como la Dirección General de Aguas (DGA) no es fiscalizada para verificar su veracidad, por lo que el Estado ha legitimado dicha información como válida y aceptable por falta de fiscalizaciones efectivas en terreno. Uno de los principales actores del conflicto en el Salar de Atacama es el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), una asociación indígena que representa a las 18 comunidades que habitan la cuenca del salar. 

Esta ha sostenido diversas posturas respecto a la actividad minera, ya que por una parte ha ejercido movilizaciones y acciones opositoras contra situaciones de impacto o negligencia de la empresa en que las comunidades han tenido tensiones contra SQM y con la ex SCL, cuyo discurso es fuertemente territorial e indígena como marco de argumento y de reivindicación. Por ejemplo, el CPA se opone al aumento de las cuotas a SQM autorizadas en el año 2018 por la falta de consulta a las comunidades y por los potenciales daños ambientales al salar. Actualmente ha presentado un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Santiago que está en curso. Sin embargo, por otra parte y también desde dicha narrativa el CPA ha firmado los mencionados convenios con la empresa ALBEMARLE (cuando era Rockwood) en la que ambos actores excluyen al Estado de las negociaciones para autorizar, bajo ciertos acuerdos económicos y ambientales, el aumento de las cuotas de extracción de litio. 

Otros actores claves son las propias comunidades lickanantay (atacameñas) de la cuenca del salar, principalmente las de Socaire, Toconao, Camar y Peine, ya que son las que más directamente se ven afectadas por la minería del litio. Es justamente en estas comunidades donde las empresas han emplazado una batería de políticas de intervención para obtener la licencia social, lo que en el caso de SQM ha constituido un campo permanente de relaciones de subordinación, resistencia y resignación (especialmente en Toconao), y en el caso de Albemarle se ha establecido, además, un convenio específico con la comunidad de Peine minimizando la visibilidad de los conflictos e invisibilizado el rechazo. En general, estas comunidades no cuestionan la minería en sí misma, sino más bien los impactos socioambientales que dejan en sus territorios. 

En este contexto, su preocupación central es el acceso al agua para garantizar el abastecimiento básico, que ha ido mermando por la extracción indiscriminada de las mineras de litio y de cobre que también explotan yacimientos en los alrededores del salar. Además, existen numerosos conflictos internos en las comunidades relacionados con la administración de los fondos que transfieren las mineras y la intervención de las mismas por actores externos, lo que ha fragmentado los tejidos sociales locales generando constantes quiebres y divisiones, llegando incluso al destierro de algunos comuneros por ser disidentes de los poderes comunitarios internos. Por otra parte, existen actores como el comité de Regantes, que agrupa a usuarios atacameños y no atacameños del río San Pedro y Vilama, que constituye parte de la cuenca del salar de Atacama, quienes igualmente se han manifestado contra la autorización de mayores cuotas de extracción de litio en el salar cuyo discurso está muy enfocado a la grave situación hídrica de los ríos que alientan el salar. 

Otro actor del conflicto es el Colectivo Chañar de San Pedro de Atacama, una pequeña organización conformada por algunos jóvenes lickanantay, personas ligadas al turismo y otros pobladores, quienes han ido articulándose hace casi dos años en defensa del salar de Atacama por la explotación indiscriminada de la minería en la cuenca de la misma, y quienes participan de las diversas acciones en resistencia que han surgido en la zona. Ellos mantienen buenas relaciones con las demás organizaciones mencionadas, pero sostienen un discurso fuertemente socioambiental contra la minería del litio denunciando los fuertes impactos que ha dejado en el salar y sus comunidades.

La Fundación Tantí, por su parte, es una organización conformada hace un año atrás por miembros del colectivo Chañar que se dedica a promover la agroecología y la sustentabilidad en San Pedro de Atacama, gestiona proyectos con fuentes gubernamentales y externas para realizar actividades en San Pedro de Atacama, y ha apoyado las movilizaciones contra las mineras en la zona, formando parte de otro recurso de protección por daño ambiental al salar contra el reciente convenio entre CORFO y SQM para ampliar las cuotas de extracción de litio, el cual también se encuentra en trámite. 

El municipio de San Pedro de Atacama en su actual y anterior administración ha mantenido una estrecha relación tanto con las comunidades lickatantay como con las empresas mineras de litio. Por una parte ha planteado un discurso indigenista y popular desde el cual ha apoyado –al menos desde el discurso- a algunas movilizaciones realizadas por las organizaciones atacameñas, y por otra parte, recibe constantes apoyos financieros y materiales por parte de las empresas ALBEMARLE y SQM para la ejecución de programas sociales, por lo que se han firmado varios convenios en torno al mejoramiento y el trabajo conjunto en áreas como educación, fomento productivo, medioambiente, salud y turismo, entre otros. 

Es importante destacar, asimismo, que no se han observado acciones de represión policial en las comunidades por conflictos mineros relacionados con litio. Por su parte, las mineras SQM y ALBEMARLE constituyen las empresas directamente involucradas hasta el momento en el conflicto por la minería del litio, por lo que ambas corporaciones han establecido fuertes políticas de responsabilidad social empresarial en las localidades del salar. SQM ha mantenido conflictos constantes con las comunidades por razones laborales y socioambientales, a diferencia de la relación fundamentalmente de cooperación que se mantiene con ALBEMARLE, aunque las bases de las comunidades no tienen claridad de lo establecido en los convenios firmados con dicha empresa, por iniciativa y presión de los dirigentes más influyentes del CPA. 

En la actualidad emergen tensiones por el incumplimiento de algunas de las cláusulas de dichos convenios, especialmente en cuanto a monitoreos participativos de los niveles de agua y afectación de los ecosistemas del salar. Impactos socioambientales y conflicto por la minería de litio en la cuenca del salar Olaroz-Caucharí La cuenca del Salar de Olaroz-Caucharí (3.900 m s. n. m.), se encuentra en el departamento de Susques de la provincia de Jujuy, Argentina, ubicada en la frontera con Chile y Bolivia27. Esta Cuenca abarca el Salar de Olaroz y el Salar de Cauchari que geográficamente son prácticamente continuos y ocupan una superficie total de 5. 794 km2 (INTA, 2011), de las cuales la subcuenca Olaroz posee de 3.250 km2, y la subcuenca Caucharí 2.550 km2 (ib.). El departamento de Susques cuenta con una población total de 3.791 habitantes (INDEC, 2010), los que, en su gran mayoría, pertenecen a la etnia atacama. En el año 2010 se fundó la empresa minera Sales de Jujuy que está conformada por la transnacional australiana OROCOBRE (72.68%), la empresa comercial japonesa Toyota Tsucho (27.32%) y la minera estatal-provincial JEMSE (8.5%)28.

Desde el año 2014 mantiene una explotación de litio en el salar de Olaroz, con una capacidad de 17.500 toneladas métricas anuales de carbonato de litio de grado batería, tras siete años previos de tareas de planificación y exploración29. En esta zona se encuentra, asimismo, el proyecto "Olaroz-Cauchari" del Joint venture formado entre la minera EXAR (perteneciente al grupo transnacional canadiense Lithium Américas) y la empresa SQM (la que adquiere en el año 2016 el 50% de las acciones de EXAR), y JEMSE (8.5%). El proyecto se emplaza en 70 mil hectáreas ubicadas en el salar de Cauchari y tiene una capacidad de producción de 50 mil toneladas de carbonato de litio dividido en dos fases de producción, de 25 mil toneladas cada una, y de 10 mil toneladas anuales de cloruro de potasio30.

El territorio en que el Estado provincial jujeño ha autorizado concesiones a estas mineras, había sido entregado a las comunidades originarias atacamas aledañas a los salares en cuestión, entre los años 2003 y 2008 (Gobel, B. 2013)33. Además, dichas concesiones se ubican sobre la Reserva provincial de Fauna y Flora Olaroz-Cauchari que fue creada en 1981, cuya extensión alcanza 180 mil hectáreas, para la preservación de especies nativas locales como la vicuña, chinchilla real, chinchilla indiana, suri cordillerano, entre otros34. La ganadería andina tiene un lugar central en las economías locales de las diez comunidades atacameñas que habitan este espacio, y, además, es determinante como fundamento de la subsistencia de la mayoría de los habitantes del departamento de Susques, pues sus habitantes se dedican a la cría de cabras y llamas, junto a una pequeña agricultura de subsistencia de quinua y papa, principalmente; la venta de tejidos, charqui y quesos, entre otros productos artesanales. 

Algunas personas de estas comunidades trabajan en EJESA, la empresa provincial jujeña de electricidad, otros en vialidad y algunos en la comisión municipal que constituye un importante generador de empleo local. Sin embargo, incluso quienes trabajan en estas instituciones mantienen el trabajo en los campos, continuando la trashumancia dentro de los tiempos que les quedan disponibles, o con el apoyo de familiares.

Otro sector de las comunidades, aunque minoritario, trabaja en las empresas de litio que en estos últimos años se insertaron en el territorio, las cuales han generado bastante menos empleo del que anunciaban, además, en su mayoría posee un carácter temporal para faenas puntuales de construcción y en condiciones laborales precarizadas. Las empresas actuaron rápidamente implementando una serie de iniciativas para intervenir las comunidades y de esta manera obtener la licencia social. OROCOBRE y EXAR comenzaron a implementar, a partir del año 2010, una serie de estrategias de intervención local bajo el marco corporativo de "responsabilidad social empresarial" y de "valor compartido", con el cual obtuvieron la confianza de un importante sector de las comunidades (Ibid.). 

La aceptación de los proyectos mineros litíferos tiene una estrecha relación con el histórico abandono de la Puna por parte del Estado (Ibid.) y nace como respuesta a la entrega corporativa de ciertas ayudas asistenciales, entre las que se cuentan la construcción de un centro comunitario, donaciones de ropa, tiza y útiles escolares a la escuela, el financiamiento de torneos de fútbol, la construcción de un tinglado para que se junte la comunidad, viajes gratuitos entre las comunidades a los habitantes locales y también para las fiestas patronales de éstas tomando en cuenta la ausencia de transporte en las localidades en cuestión. 

Las empresas mineras junto al gobierno provincial inauguraron recientemente la carrera de Química Minera sustentable para los pobladores jóvenes susqueños. Este tipo de estrategia buscan avanzar más allá de las tradicionales ayudas sociales asistencialistas, abarcando tanto la capacitación de personas de las comunidades a través de la tecnicatura mencionada como la generación de pequeñas empresas en rubros específicos que presten a menor precio servicios que cubran las necesidades técnicas de las faenas mineras de litio, denominándolos "prestadores locales", lo que de por sí constituye una doble ventaja para las empresas porque les resulta más económico contratar servicios de contratistas locales que externos. Además, constituye una eficaz iniciativa para obtener la aceptación social de la minería en la cuenca pese a los impactos múltiples que acarrea. 

En la misma línea, y dentro del marco del "valor compartido", Sales de Jujuy ha capacitado a personas de las comunidades susqueñas en temas de fiscalización ambiental para ser veedores en procesos de auditorías ambientales que se realicen a las faenas de extracción de la propia empresa, lo que en la práctica transforma a la empresa de alguna manera en juez y parte en la fiscalización comunitaria que debiera existir libre de intervenciones y presiones de las mineras. Los comisionados municipales han jugado un papel importante para articular esta red clientelar que ha conseguido la aceptación de la minería por parte de un sector de la población a través de la cooptación, ofreciendo espacios laborales en la comisión municipal, o bien en las propias empresas mineras a personas de las comunidades, a cambio de su aprobación en las reuniones que se realizan con las empresas y el gobierno provincial. 

Aunque muchas de las dirigencias indígenas de las comunidades susqueñas, especialmente una buena parte de los representantes oficiales de las mismas, también colaboran con el gobierno provincial y las mineras, existe un sector de las comunidades susqueñas que rechaza las condiciones actuales en las que se han aprobado e instalado a nivel local las mineras de litio en sus territorios. Esta parte de las comunidades se ha agrupado en el colectivo "La Apacheta, pequeños productores de Susques", que reúne cerca de 40 miembros contados a mediados del 2018 pertenecientes a diversas comunidades. La mayoría de ellos son productores agropastoriles que viven en los alrededores del salar de Olaroz-Cauchari y que se han visto directamente afectados por los impactos negativos de las explotaciones de litio, ya que las economías locales de sus familias dependen directamente de los salares.

El aspecto que más preocupa a estos productores son las grandes cantidades de agua que actualmente se están extrayendo para las faenas mineras, ya que afectan directamente su producción agropastoril, en la medida en que sus terrenos colindan directamente con el salar. Afirman que la disminución de agua ha llegado a niveles inéditos en pozos, ojos de agua, lagunas, y con ello también se han visto fuertemente afectados los humedales, vegas y bofedales de los cuales dependen las actividades agropastoriles de las familias atacameñas. Dentro de ese mismo marco, la fauna local se ha visto gravemente afectada, algunos ejemplos son el aumento de las muertes de los flamencos (parinas) que denuncian las comunidades35, las enfermedades y muerte de camélidos que se asocia, en su opinión, a la polución de polvos que vienen de las plantas de las mineras.

A ello se suma la preocupación y denuncia de algunos habitantes de comunidades como Coranzulí y Susques36 por el lanzamiento de misiles a las nubes cargadas con aguas lluvias, porque eso afecta los piletones de secado de salmueras de litio, lo que constituye una situación bastante compleja al tratarse de una zona de extrema sequía donde las lluvias constituyen una fuente fundamental de agua37. También hay preocupación por la contaminación de las aguas en el salar, atribuidas a las perforaciones que las mineras hacen en el mismo, y por la utilización de químicos en los procesos de la planta del salar.

El colectivo La Apacheta señala el riesgo que significa la extracción a gran escala de aguas y sales por las empresas de litio, ya que están succionando aguas fósiles, es decir, aguas milenarias no renovables, que existen en las profundidades de los salares. Es relevante destacar que no sólo se debe a las faenas que están actualmente en explotación de Sales de Jujuy, sino que también por las exploraciones que hasta el año pasado EXAR-SQM realizó en la zona, por lo que es probable que se acentúen los impactos en los ecosistemas y economías locales. 

También ha existido controversia por la manera en que las empresas, respaldadas por el gobierno municipal y provincial, establecieron procesos de consulta, que los productores de La Apacheta definen como procesos fraudulentos. Esto porque se desarrollaron a puertas cerradas, contando solamente con treinta personas de las comunidades que son trabajadores de la minera, afines al gobierno provincial o trabajan en el municipio donde también existe una actitud funcionaria mayoritariamente favorable a las empresas. En este sentido, y teniendo en cuenta que para ser legalmente válida una consulta debe tener el 50% más uno de los votos de la comunidad (la que en este caso tiene más de 3 mil habitantes) esta situación refleja claramente la ilegitimidad del proceso consultivo, donde incluso se denunció con pruebas fehacientes falsificación de firmas en diversas actas donde se reprodujeron38.

Frente a este escenario, el colectivo La Apacheta realizó la denuncia correspondiente al juzgado Nº3 de Jujuy cuyo juez se declaró incompetente, trasladándose el caso al juzgado Nº4, donde el fallo judicial favoreció a los representantes legales del gobierno provincial jujeño, rechazando las pruebas y argumentos de los productores susqueños. Señalaron que la consulta fue legítima según lo estipula la ley, señalando además, el fallo que el colectivo querellante no conforma una comunidad aborigen ni tienen a su nombre títulos de propiedad, desacreditándolos, así como contraparte querellante.

El colectivo La Apacheta demanda el derecho a información y consulta libre, previa y efectiva respecto a cuáles son las implicancias que tendrá para el corto y largo plazo la instalación de los cuestionados proyectos mineros. Exigen que se mitiguen los impactos ambientales, se informe y consulte adecuadamente a la comunidad y que los proyectos consuman cantidades de agua que respeten los ciclos de vida de los ecosistemas locales y las actividades agropastoriles de las comunidades susqueñas. Si bien La Apacheta ha participado de algunos monitoreos ambientales de la empresa, han quedado disconformes por considerar que el recorrido es muy restringido y plenamente articulado para justificar las políticas de responsabilidad social de la minera. 

Por otra parte, algunas dirigencias comunitarias han establecido fuertes relaciones de dependencia y negociaciones subordinadas con la empresa EXAR, como ocurrió con una de las dirigentas de Puesto Sey quien han trabajado asesorando a la empresa y manteniendo una bolsa de trabajo para seleccionar el personal local para las faenas de litio. Mientras eso ha transcurrido, la mayoría de los pobladores susqueños mantienen una actitud de ambivalente indecisión y resignación, pero con bastante desconfianza a la autoridad y a la minera.

Otro actor relevante en este conflicto es la propia Comisión Municipal del departamento de Susques que tiene una postura favorable a la instalación de mineras de litio en la zona, y coopera permanentemente con las empresas para facilitar su instalación en el territorio y para interactuar con las comunidades. La Comisión está presente en las diversas instancias comunitarias en las que las mineras realizan intervenciones. Además, firmaron un convenio con la empresa Sales de Jujuy y la secretaría de educación de la provincia la implementación en el instituto de educación de Susques una tecnicatura de química minera sustentable para capacitar a la comunidad en los rubros de energía solar y fabricación de baterías de litio.

 En esta misma línea, la propia gobernación provincial de Jujuy ha tenido un rol protagónico en la instalación de las mineras de litio en Susques, cuyo gobernador actual, Gerardo Morales, viaja constantemente a las comunidades para fortalecer y respaldar el trabajo que las mineras hacen con la comunidad local, así como para realizar gestiones con algunas dirigencias atacameñas y el comisariado municipal para la ampliación de las explotaciones de litio y la instalación de megaparques solares en el territorio. 

Impactos socioambientales de las exploraciones de litio en la cuenca de las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc 

La cuenca del salar de las Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc se ubica a 4 mil metros de altura, entre las provincias de Salta (departamento de La Poma) y Jujuy (departamento de Tumbaya). El salar tiene una extensión de 212 km2, tiene como afluente al río Moreno (DIPEC 2013) y es atravesada por la ruta nacional 52 que es el camino internacional hacia el paso de Jama (frontera binacional con Chile), que de por sí ha generado profundos impactos ecológicos y socioculturales.

La laguna de Guayatayoc, que forma parte intrínseca de esta cuenca, pose 240 km2 y sus afluentes son el río Abra Pampa o Miraflores cuya longitud alcanza 115 kms, y el río de Las Burras de 135 kms (Ibid.)39. En esta zona habitan 33 comunidades kolla y atacameñas que alcanzan aproximadamente 7.000 habitantes. Ocho de ellas se ubican en el sector salteño de la cuenca y el resto en el sector jujeño40.

La extracción artesanal de sal constituye la actividad económica más importante del territorio y se realiza a través de una producción cooperativa controlada comunitariamente. Además, desarrollan el turismo cooperativo, el pastoreo de llamas, ovejas, cabras, algunos cultivos altoandinos, como frutales en los oasis, y la fabricación de artesanías. La extracción de la sal tiene un lugar central como un bien común básico que tradicionalmente las comunidades han usado, intercambiado y vendido, cuya producción es a baja escala y respetuosa de los ciclos ecológicos del salar. Esta actividad funciona a través de un sistema local autogestionado de manera cooperativa que funciona desde principios de la década de los noventa.

La actividad constituye un elemento de importancia vital para la economía y la vida en general de estas comunidades, pues es parte de su historia y de su identidad (Solá 2016). En este sentido la sal es concebida como un ser vivo, no como un recurso, que tiene su ciclo propio de vida de producción-cosecha-reproducción. La sal se intercambia con otras comunidades por otros productos, se vende como materia prima para algunas fábricas químicas y también se utiliza para la fabricación de artesanías que son vendidas a los turistas que visitan el salar. 

A partir del año 2009 la empresa australiana OROCOBRE comenzó a realizar exploraciones en el sector jujeño de las Salinas Grandes41, y las empresas francesas Bolloré (Bolera minera) y Eramet en el sector salteño de la cuenca, siendo este último proyecto declarado de "Interés público" por la gobernación de la provincia de Salta de acuerdo al decreto nº 3860/10 del año 201042.

Las faenas de exploración alarmaron a las comunidades de manera inmediata, ya que se sintieron invadidas por la llegada de maquinarias y automóviles de las empresas, las toma de muestras en el salar, el ofrecimiento de ayudas sociales a algunas familias de la cuenca por parte de las empresas mineras y los intentos, fracasados, de firmar convenios con las comunidades, así como por los anuncios que el gobierno provincial y las empresas hicieron en los medios de comunicación informando el comienzo de la exploración del litio en las salinas y la supuesta oportunidad de desarrollo que significaría para la zona el formar parte del llamado "Triángulo del litio".

Las empresas realizaron una serie de perforaciones iniciales en las Salinas que dejaron graves daños ambientales en la cuenca. Esto concretamente sucedió a raíz de que las empresas introdujeron un sondaje que alcanzó un pozo subterráneo de agua dulce y los tubos no sellados con los que se hizo el sondaje, contaminaron el salar mezclando las napas de aguas dulces con las saladas. 

Las comunidades denuncian que incluso se hicieron lagunas de hasta tres o cuatro kilómetros de esa agua que se perdió, además esa zona no se pudo usar por mucho tiempo para la producción de sal debido a la inundación. Otros impactos que dejaron las mencionadas exploraciones iniciales de litio fueron grandes manchas en el salar, además de que las empresas hicieron terraplenes que también afectaron los ecosistemas y ciclos hídricos de la cuenca.

Las comunidades manifiestan preocupación por el incumplimiento del derecho que tienen a ser consultadas. Sostienen que no ha sido reconocido por el gobierno de la provincia de Jujuy el decreto 5772 donde el litio es declarado como "recurso estratégico", ni aceptan la declaración provincial de Salta del proyecto de litio de Bolera minera como proyecto de "interés público". En este contexto, a partir de la incertidumbre por no saber las formas de explotación concretas que se pretendían realizar ni sus impactos y ante la ausencia absoluta de participación y consulta, comenzaron a ejercer acciones de resistencia tanto a las técnicas de exploración y explotación, como a los intentos de las empresas de comprar la concesión que tiene la cooperativa de productores de sal.

En consecuencia, las comunidades comienzan a organizarse de manera mancomunada, constituyéndose a partir del 30 de julio del año 2010 como "Mesa de las 33 Comunidades de la Cuenca de las Salinas Grandes y la Laguna Guayatayoc"43, construyendo un espacio colectivo de reflexión y espiritualidad con representación zonal proporcional que asume tareas ejecutivas para la defensa de la cuenca (Ibid.). Asimismo, conformaron un equipo interno que gestiona fondos con organismos externos no gubernamentales, y cuentan con la asesoría de abogados y otros profesionales de Salta y Jujuy. La Mesa organiza guardias que en distintos puntos de la cuenca resguardan el territorio evitando la intrusión indebida de empresas mineras que pretendan extraer muestras de minerales (Ibid.). A lo anterior se suma la realización de diversas actividades socioculturales para mantener viva la defensa del territorio, tales como ferias, el festival de la sal, presentaciones internacionales, ceremonias y recibimiento de visitas, entre otros. De esta manera, las comunidades de las Salinas comenzaron a realizar una serie de denuncias, movilizaciones y presentación de recursos jurídicos. En el año 2010 presentaron una nota en el Juzgado de Minas de Jujuy solicitando de que en caso de autorizar faenas mineras en la cuenca se les consultara previamente tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT que en Argentina tiene rango constitucional. Pese a que la jueza de Minas afirmó, en una conversación con una abogada miembro del equipo jurídico de la Mesa de las 33, que no existían concesiones mineras otorgadas en las Salinas Grandes44 –y de acuerdo con las mismas declaraciones y pruebas que presentó la abogada Alicia Chalabe en la Corte Suprema de la Nación- la empresa OROCOBRE presentaba en su página web a las Salinas Grandes como parte de sus tenencias mineras para explotar el litio. Además, ese mismo año la provincia de Salta ya había declarado como de "interés público" las exploraciones mineras de litio otorgadas específicamente a la empresa francesa Bolloré (Bolera minera).

Ante la indiferencia del Estado, las comunidades levantaron un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por incumplimiento de la consulta previa, libre y efectiva a las comunidades que establece la ley, en el año 2010. Sin embargo, la Corte se declaró incompetente y sentenció que dicho conflicto debía ser tratado en los juzgados provinciales correspondientes, lo que en la práctica fue un intento de dividir la causa y el territorio, y, por lo tanto, una denegación de justicia en la instancia que realmente le correspondía (Solá 2016).

En vista del revés que las demandas de las comunidades habían tenido en las instancias locales y nacionales, la Mesa de las 33 presentó una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2013, cuya causa fue acogida y se encuentra aún a la espera de respuesta definitiva en cuanto a su admisibilidad, un proceso que pude demorar hasta cinco años en dictaminarse. Las propias empresas mineras, que actualmente tienen numerosas autorizaciones de cateos y exploraciones de litio, reconocen la realización de faenas mineras en las Salinas Grandes a partir de los años 2009 y 201045.

Además, en ese momento ya existían en el territorio jujeño de las Salinas, concesiones mineras de exploración del grupo empresarial South American Salars46 y de OROCOBRE, quienes en sus propios informes técnicos del año 2012 y 2013 describen la propiedad minera que tenían en esta cuenca y las características del territorio47 lo que demuestra la veracidad de las denuncias que levantó la Mesa de las 33 comunidades en la Corte de Justicia de la Nación.

Las comunidades acudieron, asimismo, a la Relatoría de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, instancia que acogió el caso. En este contexto, se celebró una reunión entre el relator James Anaya junto a un representante de la Mesa de las 33 y uno de los abogados de la misma en el año 2011. Allí se acordó además gestionar una visita oficial del relator a Argentina a fines de ese año, que se hizo efectiva en las Salinas Grandes y otras comunidades que están siendo vulneradas de sus derechos indígenas en distintas regiones del país.

Al año siguiente el relator presentó el informe sobre su visita a Argentina donde señala la vulneración de los derechos indígenas establecidos en los marcos jurídicos y la necesidad de una política que realmente atienda la formulación e implementación de políticas que a nivel local permitan una aplicación efectiva de los derechos que estos pueblos tienen (Solá 2016, Naciones Unidas 2012). El caso se presentó al Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en noviembre de 2011, en cuyo informe se expone la vulneración de los derechos territoriales de las comunidades originarias en Argentina, el derecho a la consulta, a su patrimonio e identidad, entre otros temas. Destaca de manera específica el punto nueve donde se señala que "El comité está especialmente preocupado por las consecuencias negativas de la explotación de litio en Salinas Grandes (provincias de Salta y Jujuy) en el medio ambiente, el acceso al agua, la forma de vida y la subsistencia de las comunidades indígenas"48.

La Mesa de las 33 comunidades presentó, asimismo, el caso de los atropellos de sus derechos territoriales por parte del joint venture Minera Bolera (conformado por las empresas francesas Bolloré y Eramet) al concurso internacional "Premio Pinocho" de la fundación Amigos de la tierra de Francia. En este certamen se reconoce a las empresas transnacionales de ese país que tienen impactos negativos sobre las comunidades locales o que pretenden invisibilizar el daño que ejercen a través de un discurso "verde", en el contexto discursivo del "desarrollo sustentable"49. El caso resulta ser ganador en el año 2012 por las malas prácticas realizadas por Bolera Minera en la cuenca de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, y la Mesa, en su calidad de víctima, viaja a recibir el premio a Francia invitada por los organizadores. Posteriormente, las comunidades se plantean la necesidad de elaborar un protocolo para hacer efectiva la consulta en sus territorios, apoyados por varias ONG's (como la Pastoral Aborigen y FARN, entre otras). Producto de este trabajo nace "Kachi Yupi", que significa "Huellas de Sal", como una norma emanada desde las bases de las comunidades de las Salinas, que respeta los principios heredados por sus ancestros. "Kachi Yupi" fue discutido y consensuado para ser presentado a las autoridades oficiales con el fin que sea reconocido y utilizado para consultar a las comunidades de la cuenca – de acuerdo como es reconocido en el convenio 169 de la OITcada vez que se pretenda realizar cualquier iniciativa legislativa o administrativa que pudiera afectarlas (Solá 2016)50

Un hecho que resulta importante destacar, es que algunos miembros de la Mesa de las 33 viajaron a Chile con el objeto de dialogar con las comunidades del Salar de Atacama para conocer en terreno los impactos que han tenido las empresas de litio más antiguas de toda la región circumpuneña en los ecosistemas y en las comunidades locales. Allí se evidenciaron los graves impactos en el salar de Atacama por la sobreexplotación indiscriminada de aguas dulces y salmueras, así como la notoria pérdida de las economías tradicionales de los atacameños de la zona, lo que sirvió como experiencia de pueblo a pueblo para tener una mayor claridad de los posibles impactos que podrían generar las mineras de litio en su propia cuenca. Durante el año 2016 el gobierno provincial de Jujuy otorgó 93 mil hectáreas en las Salinas Grandes a la empresa minera Dajin Resources para explorar litio, lo que generó nuevamente polémica en las comunidades de la cuenca porque durante su campaña electoral el actual gobernador Gerardo Morales se había comprometido a defender las economías agroganaderas y salineras del territorio, y la consulta libre, previa e informada a las comunidades como se establece en la ley. Sin embargo, las comunidades denuncian haberse informado por los medios de comunicación y la página web de la empresa51. 

Las comunidades, junto a la Fundación FARN, han expresado públicamente su preocupación por estos hechos y han exigido a la Secretaría de minería, medio ambiente y pueblos indígenas el cumplimiento de los derechos de consulta y el respeto al protocolo Kachi Yupi, que en este caso ha sido plenamente vulnerado por las autoridades provinciales jujeñas52. Al respecto, en el documento de Amnistía internacional "Reporte y Derechos Humanos Agenda para Argentina" del año 2017, se denuncia la falta de consulta e información previa y la firma de un acuerdo de la empresa Dajin Resources para explotar el salar y las reuniones que ha mantenido con el gobierno a espaldas de las comunidades de las Salinas Grandes. 

Por ahora la Mesa de las 33 sigue resguardando su territorio con un fuerte nivel de organización, frente a la nula respuesta del Estado a sus exigencias de información clara sobre los reales impactos ambientales que tienen las faenas de litio en sus distintas etapas en la cuenca. Además, la Mesa se ha articulado con diversos actores a nivel local y externo como la ONG ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral aborigen) que los apoya a través de abogados que gestionan la defensa de la cuenca, también fueron apoyados por la ONG SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) y el Defensor del Pueblo de la Nación –ambas ubicadas en Buenos Aires– las cuales apoyaron la demanda internacional en la CIDH. Además de estos actores, la mesa constantemente está siendo asesorada por profesionales independientes y voluntarios que desde diversas disciplinas colaboran con el proceso. 

El gobierno provincial de Jujuy ha negado constantemente la autorización de exploraciones mineras en la cuenca de las Salinas pero en el territorio las comunidades acusan la existencia de faenas exploratorias e incluso la intervención indirecta de las comunidades a través de autoridades políticas provinciales que constantemente visitan la zona. Entonces, mientras el gobierno niega la intervención minera de la cuenca, empresas como DAJIN anuncian en portales web la culminación exitosa de procesos de exploración donde encuentran excelentes recursos de litio en Salinas Grandes. Otro asunto que inquieta en el territorio es el emplazamiento en la zona de la laguna de Guayatayoc de la empresa Horizon Resources anunciando el proyecto "Guayatayoc Norte 2017" en un territorio de propiedad fiscal. La empresa se adjudica la propiedad de la tierra y plantea las bondades del negocio del litio en su web (en estos momentos temporalmente en reconstrucción). Este acontecimiento está en desarrollo y es importante conocer mayores detalles para aclarar la situación real. 

III. Consideraciones científicas e institucionales sobre los impactos socioambientales de la minería del litio en Chile y Argentina 

Cristina Dorador, Doctora en Biología de la Universidad de Antofagasta, se ha dedicado a estudiar los microorganismos existentes en los salares y advierte sobre la amenaza que significa para éstos y otras especies mamíferas y vegetales del Salar de Atacama el grave impacto de la explotación indiscriminada de las aguas de la zona, especialmente por la minería del litio53.

Asimismo, el investigador Dr. Manuel Contreras, del Centro de Estudios de Ecología Aplicada (CEA), también se refiere a la importancia de estos ecosistemas de microfaunas y la fragilidad de lugares como el Salar de Atacama donde se ubican algunos de los microorganismos más antiguos del planeta con 3.800 millones de años y que constituyen una inmensa fuente de riqueza científica, genética y patrimonial54.

Por su parte, el académico del departamento de química de los materiales y especialista en litio de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Domingo Ruiz, advierte que las altas tasas de explotación de litio de los salares puede alterar y afectar la microfauna que depende de las sales que se extraen y plantea su preocupación por la necesidad de establecer regulaciones ambientales que aseguren que la minería de litio no afectará la biodiversidad55.

En el artículo "Extracción de litio en el Norte argentino. La Fiebre comienza" de Susana Gallardo, publicado en el número 48 (2011) de la revista científica "ExactaMente", se alude al estudio del geólogo forense argentino Fernando Díaz, quien plantea que la minería de litio genera graves impactos ya que por cada tonelada de litio extraída se evaporan dos millones de litros de agua. Además, afirma que la extracción de salmuera para obtener litio provoca una disminución del nivel base de agua subterránea de las cuencas generando un descenso del agua dulce fuera de los bordes de la salina, provocando la desaparición de las lagunas y vegas.

En la misma publicación, se citan las declaraciones del biólogo Rodolfo Tecchi (actual rector de la Universidad Nacional de Jujuy) quien expone algunos de los efectos posibles de la minería de litio, tales como que se verá afectada la superficie de la costra del salar por la construcción de piletas de evaporación que conjuntamente pueden sumar entre 300 y 600 hectáreas de superficie, razón por la que plantea la importancia de analizar el funcionamiento integral del salar ya que la extracción de salmuera puede deprimir las napas de agua a donde lleguen los extractores56.

El investigador Sergio Mantilla, de la Universidad de Antofagasta (Chile), en su tesis de Magíster en medio Ambiente y Desarrollo Sustentable "Evaluación Ambiental del desarrollo de la industria del litio en la Región de Antofagasta" del año 2017, señala que en el salar de Atacama el sector minero en su conjunto (cobre y litio) explotan recursos hídricos por 4.768 litros por segundo (de los 5.400 litros por segundo que ingresan al salar según estimaciones anteriores), constituyendo una de las principales causas de las múltiples alteraciones de las condiciones ambientales existentes en la cuenca del salar. Más de la mitad de dicho gasto hídrico corresponde a la minería del litio. Mantilla señala, además, que en vista del aumento de la demanda del mineral a nivel mundial, se esperaría un desequilibrio del balance hídrico del salar, generando posibles impactos ambientales de magnitudes incalculables57. 

En la Revista Argentina de Ingeniería Nº4 del año 2014, los investigadores Andrea Nievez, Samuel Franco Domínguez y Enrique Tarifa, de la Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, plantean que, si bien la minería del litio es menos contaminante que la minería metalífera a gran escala, sí comparte el uso monumental de agua en una región de extrema sequía como es la Puna58. Tanto en el artículo científico mencionado, como en el informe elaborado por la Mesa de las 33 Comunidades de las Salinas Grandes presentado al Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año 2011, se menciona el informe técnico solicitado por la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) al Dr. en Biología Jorge Gonnet y al Dr. en Geología Aníbal Manzur sobre los impactos en la cuenca de las Salinas Grandes donde se habían realizado faenas de prospección minera de litio en el año 2010. Los resultados de la inspección solicitada se plasmaron en el informe "Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes". 

En este documento los científicos concluyen que dichas exploraciones están generando impactos y riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos. Sostienen que la perforación ubicada en la "locación 1" presenta una condición de emergencia permanente de aguas de baja salinidad que provienen de acuíferos profundos, lo que está generando progresivamente la inundación del terreno en las inmediaciones saturando el suelo, situación que de persistir tendría notorias consecuencias en el sistema salino limitando la posibilidad de extracción de sales superficiales en los sectores afectados59. En el año 2013, la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA de Chile, inspecciona el proyecto SQM Salar junto con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), cuyos resultados se detallan en el Informe de Fiscalización.

Ambiental DFZ-2014-26-II-RCA-IA. Señalan el aumento de algarrobos secos, 23 ejemplares muertos (árbol endémico de la zona), un 32% del total de individuos comprometidos con monitoreo asociado.

En dicho informe la autoridad señala que se modificaron sin autorización las cotas en los pozos de bombeo Camar 1 y Allana de SQM y se alteraron los umbrales de activación de niveles de la fase II sin autorización de los organismos competentes. Por otra parte, respecto a los datos informados de conductividad eléctrica (CE) y PH de suelos presentados por la empresa en el año 2013, al compararse los datos históricos se descubre un aumento de más de un 90% de las muestras pasando así de suelos moderadamente salinos a suelos fuertemente salinos. Lo mismo ocurre con el parámetro PH que aumenta su nivel de alcalinidad lo que concuerda con el aumento de la salinidad y que resulta preocupante ya que en la SMA afirma que el proyecto de SQM no debe generar impactos significativos. Estas modificaciones del PH de los lugares intervenidos del salar afecta gravemente la flora y fauna, los microorganismos y la calidad de las aguas.

En posteriores fiscalizaciones ambientales realizadas a la planta SQM Salar en el año 2015 por la SMA, la CONAF y el SAG de la región de Antofagasta (informe DFZ-2015-43-II-RCA-IA) se constata el aumento no informado de los sectores sin vegetación en el Sistema de Vegetación Borde Este y la riqueza de especies disminuida en relación al año anterior. Además se constata que de los 71 ejemplares de algarrobos estudiados en Abril de 2014 el 39.4% se encuentran secos, aumentando en dos los ejemplares muertos. De esta manera se registra una afectación progresiva del estado de vitalidad de los algarrobos en el área del Pozo Camar 2. SQM Salar ha extraído más salmuera fresca de la que está autorizada. 

En los informes anuales utilizan un factor de conversión de extracción diferente al establecido en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) Nº 226 del año 2006 y, además, se señala que la empresa realizó reinyección indirecta de salmueras a través de la infiltración de las pozas de evaporación para realizar el balance del bombeo neto de salmuera, lo que también contraviene dicha RCA. La SMA acusa, asimismo, la entrega incompleta de información exigida y comprometida por SQM en su EIA sobre la extracción de agua dulce, niveles de pozos y formaciones vegetales.

Lo anterior no permite a la autoridad la verificación de las variables a fiscalizar. Además, la empresa modificó las que estaban consideradas en los planes de contingencia sin autorización ambiental en los siguientes aspectos: modificación de los pozos a monitorear, modificación de las cotas de terreno de los pozos de monitoreo para cada uno de los sistemas de control utilizados en el plan de contingencia y la alteración de los umbrales de activación de los niveles en el Sistema Soncor. Por estas razones la SMA establece cargos sancionatorios contra SQM que se dictaron el 21 de agosto del año 2017 basados en la RES. EX. Nº11/ROL F-41-2016. 

Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados de Chile alertó sobre la directa relación entre la minería y el desgaste sostenido de los ecosistemas. En su opinión, no se han tomado los resguardos para compatibilizar un desarrollo armónico con la protección de los recursos hídricos, y que los salares se explotan sin contar con estudios acabados sobre la reinyección y extracción de agua. Según el informe emanado, el Estado debe revisar los contratos actuales y abstenerse de autorizar nuevas extracciones de litio hasta contar con estudios autó- nomos y legítimos sobre los impactos de la minería de litio en el salar60.

Por su parte, la otrora Comisión chilena del litio, convocada por la ex presidenta Michelle Bachelet en los años 2014 y 2015, que se conformó como una instancia de diversos actores especializados en temáticas relacionadas para realizar un diagnóstico y propuesta para una política de litio y salares, señala en su informe final que la extracción de salmueras para la minería desde un punto determinado del salar puede afectar el comportamiento hidrogeológico de las salmueras de pertenencias contiguas, corriendo el riesgo de afectar la disponibilidad de recursos hídricos de su entorno y los ecosistemas, afectando los grupos humanos que habitan la cuenca del salar. Además, la comisión advierte sobre la vulnerabilidad que tiene Chile frente al cambio climático y el efecto que puede tener en los ecosistemas de los salares61. 

Conclusiones generales

La característica principal de la extracción de litio en los salares alto andinos es la existencia de una débil e insuficiente institucionalidad que no garantiza el cumplimiento de las legislaciones nacionales, el resguardo de los ecosistemas de los salares, en definitiva, que exija que la explotación minera, debidamente fiscalizada, cumpla con normas mínimas para mitigar impactos ambientales. Los gobiernos entregan autorizaciones para exploración y explotación de litio sin contemplar las complejas dinámicas hidrogeológicas ni el daño ambiental ya causado por faenas mineras existentes en estos territorios (como el Salar de Atacama y el de Olaroz) ni los daños ya causados por faenas de exploraciones negligentes, como lo denuncia en Salinas Grandes la Mesa de las 33 comunidades. 

Existe una relación directa entre la explotación minera de litio en los salares y el aceleramiento del daño ambiental a sus cuencas, como lo ha reconocido la cámara de Diputados de Chile en los informes de la comisión investigadora sobre salares, humedales y glaciares. En Argentina y Chile las comunidades padecen y denuncian el aumento de impactos ambientales en los ecosistemas de los que dependen su consumo humano, las economías locales agropastoriles y el turismo. Su principal preocupación es la disminución de las fuentes hídricas que alimentan las cuencas de los salares, afectando la frágil flora y fauna del territorio, junto con la disponibilidad de agua dulce para el consumo de las comunidades atacameñas que habitan la zona. Además, es importante señalar que son escasas las fuentes científicas e institucionales que dan cuenta de estos impactos en los salares, en contraste con el evidente daño ambiental que en los tres salares estudiados denuncian los afectados.

Las comunidades indígenas no han sido previa y debidamente informadas antes que las autoridades gubernamentales decidan autorizar faenas mineras en las cuencas de los salares, e incluso existen procesos de consulta ilegítimos. En algunos casos, se han firmado convenios que favorecen económicamente a las comunidades, lo que invisibiliza los problemas ambientales, culturales y sociales que provoca la explotación minera de estas características. En Chile, la llegada de proyectos de litio ha generado graves fisuras en los tejidos sociales de las comunidades, produciendo en ellas fuertes divisiones, tensiones y corrupción. Son habituales las crisis en las dirigencias comunitarias, el aumento de la desconfianza y del control que tienen las empresas sobre las decisiones y la vida cotidiana de las comunidades que habitan la cuenca del salar.

En definitiva, la minería del litio en los salares altoandinos del Cono Sur ha contribuido a profundizar las desigualdades sociales. Mientras crece la demanda mundial de litio, las comunidades originarias de los salares altoandinos sufren graves daños ambientales por la extracción indiscriminada y escasamente controlada desde los depósitos hidrosalinos de los salares, reforzando así su histórico lugar de marginación, explotación y subordinación. De esta forma, la minería del litio como mineral estratégico para la transición hacia una matriz energética "verde" o "carbono cero" se desarrolla a costa de la devastación de los ecosistemas y de las vidas cotidianas de las comunidades originarias de la región altoandina, lo que evidentemente cuestiona la sustentabilidad de una matriz energética no fósil sustentada en el uso de litio para baterías.

Por todo lo anterior, consideramos necesaria una discusión regional en base a estudios sólidos y evaluaciones serias respecto a los reales límites y posibilidades que tiene el territorio para el desarrollo de estas actividades económicas, además del debate en torno a la instalación de proyectos no solamente en base al aumento de la demanda internacional de litio o de otro commodity de turno. Desde estas realidades se desprende la necesidad de repensar la sustentabilidad energética abarcando los procesos territorialmente desiguales de apropiación-producción-comercialización-utilización del litio, y no sólo su uso final como materia prima para la generación de tecnología de reemplazo de las energías fósiles de unas sociedades y territorios a costa de otras. Leer
*Descargue el documento (PDF) a continuación:

Impacto socioambiental de la extracción de litio en las cuencas de los salares altoandinos del Cono Sur (1,73 MB)

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El concepto de Zonas Húmedas adoptado por la Convención de Ramsar es abarcador, comprendiendo, además de diversos ambientes húmedos naturales, también áreas artificiales, como represas, lagos y embalses. La inclusión de áreas artificiales deriva del hecho de que, originalmente, la Convención se orientaba a proteger ambientes utilizados por aves acuáticas migratorias.

Según su definición, es considerada zona húmeda toda extensión de pantanos, charcos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporarias, conteniendo agua parada o corriente, dulce, salobre o salada. Áreas marinas con profundidad de hasta seis metros, en situación de marea baja, también son consideradas zonas húmedas.

La delimitación de las zonas húmedas seleccionadas por los países firmantes para integrar la Lista de Zonas Húmedas de Importancia Internacional de la Convención puede comprender regiones ribereñas o costeras adyacentes, así como islas o extensiones marinas.

¿Qué es la Convención de Ramsar?

La Convención sobre Zonas Húmedas, más conocida como Convención de Ramsar, es un tratado intergubernamental que establece marcos para acciones nacionales y para la cooperación entre países con el objetivo de promover la conservación y el uso racional de las zonas húmedas en el mundo. Estas acciones están fundamentadas en el reconocimiento, por los países signatarios de la Convención, de la importancia ecológica y del valor social, económico, cultural, científico y recreativo de tales áreas.

Realizada en febrero de 1971, en la ciudad iraní de Ramsar, la Convención de Ramsar está en vigor desde el 21 de diciembre de 1975, y su tiempo de vigencia es indeterminado.(…) Leer

En consecuencia, es hora de deliberar abajo sobre los extractivismos cómo el proceso de acumulación gran capitalista que instauró la dictadura genocida y todos los gobiernos constitucionales lo legalizaron, profundizaron y actualizaron. 

Se trata no sólo de superar distancias y pequeñez de comunidades en conflicto sino sobre todo la  grieta  instalada para silenciar e invisibilizar esas resistencias al avasallamiento derechos y evitar rechazo al apartheid implícito en las zonas de sacrificio. Sin embargo, las asambleas no desfallecen.

                                    

Argentina: Hablemos de megaminería

28 de mayo de 2018

"Este manual está inspirado en la necesidad de seguir aprendiendo, enseñando, difundiendo y seguir construyendo resistencia popular a partir de fundamentos científicos e informaciones de fuentes comprobables y válidas. Por eso, un grupo de vecinas/os asambleístas se embarcó en la aventura de producir un recurso didáctico que compile los saberes sobre megaminería que se han acumulado y complejizado durante más de quince años de aprendizaje popular y colectivo."

Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses (UACCH)

"Nuestra lucha se basa en la información y la difusión", suelen decir los/las vecinos/as de Chubut que resisten la instalación de emprendimientos mineros a gran escala, de extracción metalífera y de radioactivos mediante el uso de sustancias tóxicas. Gracias a los conocimientos sobre "megaminería" que supieron gestionar y compartir en asambleas y en diversas acciones de difusión pudieron posicionarse, organizarse y manifestarse de mil maneras para ponerle freno a la explotación de su territorio.

Este manual está inspirado en ese espíritu y en esa necesidad de seguir aprendiendo, seguir enseñando, seguir difundiendo y seguir construyendo resistencia popular a partir de fundamentos científicos e informaciones de fuentes comprobables y válidas. Por eso, un grupo de vecinas/os asambleístas se embarcó en la aventura de producir un recurso didáctico que compile los saberes sobre megaminería que se han acumulado y complejizado durante más de quince años de aprendizaje popular y colectivo.

Aunque para comprender debidamente en qué consiste este manual, de dónde viene y adónde va, necesitamos remontarnos brevemente a la historia de la lucha contra la megaminería en la provincia de Chubut.

En el año 2002 el pueblo de Esquel, ubicado en la cordillera chubutense, se vio conmovido por el arribo de una empresa minera transnacional que pretendía explotar oro y plata en las montañas cercanas a la ciudad, utilizando una metodología de extracción a gran escala muy diferente a la de la minería tradicional. En principio, las promociones de la empresa y de sus aliados políticos y mediáticos generaron expectativas de progreso económico y oportunidades laborales para la población.

Sin embargo, y afortunadamente, hubo vecinas y vecinos esquelenses que se preguntaron por los impactos ambientales, sanitarios, sociales y económicos que produciría dicha explotación. Así fue que se pusieron a investigar. Se contactaron con pobladores de otros lugares de nuestro país y de Latinoamérica que convivían con emprendimientos megamineros para conocer sus experiencias.

También averiguaron cómo sería el proceso de extracción de los metales y su procesamiento posterior: qué y cuántos recursos utilizaban, cómo operaban, qué pasivos dejaban. Comprendieron entonces que este tipo de actividad, conocida como "megaminería", conlleva graves secuelas socioambientales para los territorios en los que se instalan los yacimientos.

Esperamos que este manual se transforme en una herramienta para construir conocimientos, para multiplicar conciencias, para cimentar poder popular basado en saberes independientes. Que sirva para que los/las ciudadanos/as y especialmente los/las jóvenes de nuestro pueblo puedan elegir su destino sin imposiciones, ni manipulaciones informativas de las corporaciones.

¡A estudiar y a difundir, que sólo el conocimiento nos hará libres! 

Descargue el manual (PDF) a continuación:

HABLEMOS DE MEGAMINERIA. Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses (4,07 MB)

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_Hablemos_de_megamineria

                                                    

Argentina - Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses: "Seguimos diciendo no a la megaminería".

25 de abril de 2018 

El pasado sábado 14 de abril se llevó a cabo un encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses, en la ciudad de Rawson. Allí se analizó la crítica situación en la que se encuentra la provincia y la embestida minera que están impulsando los gobiernos nacional y provincial, junto a un puñado de intendentes y jefes comunales vinculados con las corporaciones extractivistas. 

También se contabilizaron nuevas planillas de firmas de vecinxs de toda la provincia que exigen el tratamiento y aprobación del proyecto presentado en 2014 por iniciativa popular y se expresan en contra del proyecto de zonificación presentado recientemente en la Legislatura. Ya se han superado las 20.000 firmas y se definió que la campaña se extienda, ya que el pueblo de Chubut necesita ser escuchado por quienes deben representarlo. 

A continuación, compartimos el documento construido de modo consensuado por la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses. 

Documento de la Unión de Asambleas Ciudadanas de la Provincia del Chubut 

Las/los vecinas/os integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses nos reunimos en asamblea en la ciudad de Rawson el día 14 de abril de 2018, con mandatos presentes de Trelew, Rawson-Playa Unión, Comodoro Rivadavia, Río Pico, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Esquel y Comarca Andina. Debatimos durante doce horas y analizamos en profundidad la crítica situación que nos afecta y convoca: 

El pueblo trabajador de Chubut está sufriendo un brutal ajuste impulsado por el gobierno nacional, hoy bajo la conducción de Mauricio Macri, imitado a nivel provincial por Mariano Arcioni, acompañado por intendentes y jefes/as comunales. Dicho ajuste se observa en miles de despidos y suspensiones a lo largo y ancho de la provincia, cierre de fábricas, concentración de la riqueza, mercantilización de la educación y la salud, desdoblamiento de sueldos, precarización laboral, vaciamiento de la obra social SEROS y tarifazos en los servicios públicos. Ante esta gravísima coyuntura, y en medio de esta crisis diseñada ya desde gobiernos anteriores, vuelven a intentar la instalación de la megaminería en el territorio chubutense, la cual viene siendo rechazada por la movilización popular sostenida en las calles hace más de 15 años.

 Por ello, las/los vecinas/os integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut expresamos lo siguiente: 

-Denunciamos la persecución, criminalización y judicialización de la protesta de trabajadores y vecinas/os que eligen luchar ante este cuadro de situación, como es el caso de las personas denunciadas por el secretario de Seguridad, Federico Massoni, por manifestarse en las puertas de Casa de Gobierno, entre quienes se encuentran dos integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut. 

-Denunciamos al intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán; a Marcelo Aranda, presidente de la comuna rural de Gastre; a Ricardo Sepúlveda, presidente de la comuna rural de Gan Gan; a Nilda Tolosa, presidenta de la comuna rural de Las Plumas; a Mario Oviedo, presidente de la comuna rural de Los Altares; a Miguel Ancamil, presidente de la comuna rural de Lagunita Salada; y a Leonardo Bowman, presidente de la comuna rural de Telsen, quienes presentaron de manera inconsulta a la población un proyecto dictado por la "Cámara Minera", tal cual el mensaje recibido por el diputado Muñiz en plena sesión el 25 de noviembre de 2014, en connivencia con el ministro nacional de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y con el asesoramiento del subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello. Estos funcionarios impulsan la zonificación minera y el desarrollo de la megaminería, privilegiando mezquinos intereses de las corporaciones extractivistas, en detrimento de la salud de la población y contrarios al buen vivir. El proyecto presentado dice estar en concordancia con lo estipulado en la ex Ley 5.001 (XVII/68), pero al mismo tiempo propone entregar más del 60% del territorio a los intereses de las empresas trasnacionales mineras, siendo esto profundamente opuesto al espíritu de esta ley.

-Rechazamos que la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente siga en manos de Alfredo Di Filippo, diputado provincial que está actuando como un ferviente lobbista pro minero. 

-Advertimos del riesgo de que se sesione fuera de la legislatura, y en instalaciones del Poder Judicial, situación que sólo se daría con el acuerdo de la totalidad de los bloques políticos y que permitiría votar leyes en contra del pueblo. Consideramos que si esto sucediera se incurriría en una acción profundamente antidemocrática que no garantiza el acceso público ni la redacción taquigráfica. Frente a este peligro, nos mantendremos en estado de alerta legislativa. 

-Promovemos un estilo de vida con actividades productivas genuinas, transgeneracionales y fuertemente ligadas a la identidad de los territorios, por eso vemos con asombro que otros proyectos y actividades verdaderamente productivas surgidas e impulsadas desde la Meseta Chubutense no tienen eco político, administrativo ni legislativo. 

Seguimos diciendo NO A LA MEGAMINERÍA, con las razones y conocimientos que venimos acumulando desde hace más de quince años. 

Exigimos el tratamiento y aprobación del proyecto presentado por las Asambleas Ciudadanas de Chubut mediante el mecanismo de Iniciativa Popular y que prohíbe la minería contaminante metalífera y radiactiva en todo el territorio. 

Nos declaramos en estado de alerta y movilización permanentes: convocamos a todos los vecinos y vecinas del territorio chubutense a compartir información independiente de las corporaciones y sus operadores gubernamentales y mediáticos, a discutir y organizarse en cada espacio comunitario, laboral, escolar, universitario, asambleario. 

Reconociendo al extractivismo destructivo como el motor de los conflictos mundiales, repudiamos el bombardeo al pueblo Sirio por parte de los Estados Unidos y en acuerdo con Inglaterra y Francia.

NO AL SAQUEO Y NO A LA CONTAMINACIÓN MEGAMINEROS.
NO AL ENGAÑO DE LA ZONIFICACIÓN.
CHUBUT NO SE VENDE, SE DEFIENDE.
NO ES NO… HACE MÁS DE 15 AÑOS LES DECIMOS "NO".
¡¡¡NO PASARÁN, NO PASARÁN, NO PASARÁN!!!

Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut.

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Necesitamos cambiar la agenda pública analizando las luchas antiextractivistas para comprender el grado de degradación de la democracia y la casta política que legaliza y legitima envenenamientos, devastación, quita de agua...

 Prensa Unión de Asambleas de Comunidades Informa

12 de Junio de 2018 

Documento de la Unión de Asambleas Ciudadanas   de la Provincia del Chubut

Reunidos el día 2 de Junio de 2018 en la ciudad de Trelew, las Asambleas de Rawson, Playa Unión, Puerto Madryn, Esquel, Gualjaina, Costa del Lepá, Dolavon, Trevelin, Trelew y Comarca Andina,  nos reconocemos dentro de un TERRITORIO PLURINACIONAL, porque sabemos que estamos bajo las leyes del Estado Argentino, pero también reconocemos y valoramos que preexisten otras Naciones, como la Nación Mapuche, por ejemplo y otras que hoy pertenecen a esta lucha comunitaria. 

Nos manifestamos en ALERTA Y MOVILIZACIÓN PERMANENTE ante el avance obsceno de los intereses transnacionales megamineros que se mueven inescrupulosamente de la mano de gobernantes corruptos de todos los estamentos del Estado que  avalan y acompañan el ilegal intento de habilitar la megaminería en nuestra provincia. Son descaradas ya las relaciones de intimidad que viven el mal gobierno y las mineras. Siendo ésta una actividad hoy prohibida en Chubut, parecería imposible que se reciban currículos en lugares públicos, privados y estatales y que dichas empresas, convivan cercanamente con nuestros gobernantes,  saludándose con un afecto que, a todas luces, manifiesta gravísimos actos de corrupción, dado que no son las mismas formas amables y de "amiguismo" para cuando somos nosotros los que queremos acercarnos para exigirles que cumplan con su función mayor, que es, nuestra representatividad. 

La historia nos muestra que cada uno de los proyectos extractivos a lo largo de todo el territorio de Abya Yala (hoy América) se impusieron mediante la corrupción de los funcionarios de turno. Siempre la mentira, el engaño, la falta de palabra, las promesas incumplidas e, inevitablemente, el saqueo, el robo a los pueblos y el dejar, sin culpa y sin responsabilidad, el pasivo ambiental. La mugre, lo que no sirve, lo que enferma, lo que mata. En ese sentido, no es de extrañar que el proyecto de zonificación para habilitar la megaminería sea impulsado por el diputado Alfredo Di Filippo quien se encuentra involucrado en las causas de corrupción que indignan a los chubutenses. 

Denunciamos fehacientemente que la crisis actual en la provincia es una crisis inventada solamente para abrir paso fácil a la instalación de las megamineras como única salvación. Enerva la pasividad con la que el gobierno permite el accionar del mal llamado sindicato ASIJEMIN, brazo de las corporaciones mineras y juega con las reales necesidades de trabajo de la gente. Actitud ruin e inconcebible en un estado de derecho autónomo e incorruptible. Sin embargo, ASIJEMIN, se encuentra en la provincia funcionado como una agencia de empleo para una actividad prohibida por ley, por ello EXIGIMOS que el Poder Judicial, actúe de oficio y pare, ya mismo, estos atropellos hacia la soberanía y autonomía de nuestro pueblo. Este seudo sindicato está tan cómodo trabajando en su ilegalidad que propone en un diario de tirada provincial un CO-GOBIERNO para así generar un caos mayor al que ya está generando, pues nunca tendrán la licencia social requerida, en Chubut.

Y esto se demostró fuertemente cuando 25.000 personas firmaron espontáneamente un rotundo NO A LA ZONIFICACIÓN Y SI A LA APROBACIÓN DE NUESTRA INICIATIVA POPULAR en menos de 10 días. Esto confirma qué es lo que NO quiere el pueblo chubutense y cuál es el peso político que tenemos como asambleas que, no duden, haremos pesar, sea del color partidario que sea el gobierno de turno. Exigimos el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley por Iniciativa Popular de las Asambleas Ciudadanas de Chubut, bastardeado en la escandalosa sesión de noviembre de 2014, mancha para la democracia que solo será subsanada con la aceptación de nuestros requerimientos. 

Repudiamos a todos los entreguistas traidores legisladores, que deberían ser juzgados con todo el peso de la ley, por ir en contra de la soberanía del Estado Argentino y a favor de empresas extranjeras saqueadoras y contaminantes, no de manera personal, sino utilizando todo el sistema representativo que bastardean con sus actos impunes. EXIGIMOS la investigación de todos ellos y sus relaciones cuasicarnales con las empresas megamineras, como así también su parcialidad manifiesta a la hora de votar por leyes en favor de las mismas y en contra de los intereses del pueblo que deberían representar. 

Denunciamos la falta de paz social y represión para quienes se manifiestan en contra de la megaminería en Gastre. Extorsionan a la gente empobrecida brindándole actividades de muy baja paga como lavar la ropa, cuidar los niños o limpiar sus casas. Y no dejaremos de luchar hasta que estas situaciones de violencia paren hacia nuestros compañeros. Sepan, compañeros de Gastre, que no están solos y que luchamos por que su libertad de expresión pueda ser ejercida libremente. 

En reconocimiento y afianzamiento de que LA LUCHA ES UNA SOLA, visibilizamos y hacemos nuestra la lucha por el territorio de los Pueblos Originarios, EXIGIMOS justicia por los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, así como denunciamos la criminalización de las y los testigos de estas causas. Nos solidarizamos con el Lonko Facundo Jones Huala, preso político hoy que, nuevamente, está llevando a cabo una huelga de hambre por las escalonadas muestras de racismo hacia su persona y pueblo, no permitiéndole hacer sus ceremonias, filtrando la bibliografía que lee y excluyéndolo de hacer algunas actividades con sus compañeros de la U14 de Esquel. Por ello, exigimos su inmediata libertad y cese posterior de hostigamiento y persecución. 

Además, en vista de la contaminación que se sufre al NE de nuestra provincia por pasivos ambientales de Rio Negro, enfatizamos que la contaminación no reconoce límites políticos impuestos y ello nos sostiene para, una vez más, demandar que No queremos zonificación en Chubut. No obstante, defendemos la Ley 5001, la cual fue ganada por la lucha del pueblo chubutense en 2003, luego del aplastante 82 % por el NO A LA MINA en la ciudad de Esquel. 

Reclamamos una confiable y transparente forma de actuar del Poder Judicial que sostenga decisiones correctas por parte del mismo respecto a la causa por espionaje a las vecinas y vecinos de Esquel y alrededores, como así también denunciamos la falta de avance y sanciones hacia los responsables. 

Sabemos que en Chubut existen actividades económicamente viables y sostenibles en el tiempo, sin desmedro del ambiente en todos sus aspectos, ya sea biológico, cultural, histórico, etc. Y es a ellas a las que apuntamos como matriz productiva en nuestra provincia. Si hoy Chubut no cuenta con producciones de este tipo o solo tiene unas pocas, es porque no hay voluntad política para reconocerlas y abrigarlas dentro de un sistema que brinde ganancias en todos los sentidos a todos los chubutenses. Por ello manifestamos nuestro amor al río Chubut al que defenderemos en todos sus tramos y recordamos que es la arteria principal que nos une en todo el territorio. 

Por otra parte, con gran alegría, recibimos en nuestra UACH un manifiesto de los jóvenes de Gualjaina y Costa del Lepá manifestándose a favor de la vida y en contra de las actividades extractivistas como la megaminería que nos quieren imponer. Por ello promovemos a todos los jóvenes a organizarse y actuar para defender el futuro de todos. Sabemos que esta lucha nos trascenderá y que debemos seguir sembrando consciencia en los niñxs, quienes son los que YA están levantando su bandera y su empoderamiento territorial. 

Así también instamos y afianzamos la organización fortalecida por parte del pueblo. Confiamos en nuestra fuerza interna y sabemos que, organizados, podemos lograr grandes cambios para vidas más dignas, con trabajo, salud, seguridad, educación y armonía para con la Madre Tierra o Ñuke Mapu y así poder sostenernos como especie por miles de generaciones más, junto al resto de nuestros congéneres. De nosotros depende. Organización! Educación Popular! Asambleas y todo lo que sea necesario para defender la vida.

CON MÁS FUERZA QUE NUNCA Y CON UN CHUBUT QUE ESTÁ COMPLETAMENTE DE PIE CON SUS PUÑOS EN ALTO: NO PASARÁN!!! NI AHORA, NI NUNCA!!!-----------

Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas de Comunidades

UAC Unión de Asambleas de Comunidades Contra el Saqueo y la Contaminación

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                                    Crisis civilizatoria

Generalicemos la toma de conciencia sobre que "Las resistencias de pueblos indígenas y campesinos del sur, en la defensa de sus territorios, sometidos al renovado vigor del asalto extractivista, constituyen hoy las fuerzas más vigorosas de freno y contención a la lógica devastadora del crecimiento sin fin que está destruyendo las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra. Estas luchas expresan los intereses estratégicos de la humanidad por la preservación de la vida". 

                      Extractivismo, territorio y conflictos en Bolivia

29 de enero de 2016

 Por Patricia Molina.

Hasta el año 2011, el TIPNIS, Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, era prácticamente desconocido, a pesar de que sus habitantes lideraron la I Marcha Indígena de 1990, que logró por vez inicial el reconocimiento de los territorios indígenas de tierras bajas para su posterior titulación. Con el conflicto suscitado por la construcción de una carretera que dividiría el territorio, pasando por el núcleo del parque, cerca de las concesiones petroleras, el TIPNIS pasó a ser conocido en el ámbito mundial al poner en evidencia las tensiones entre el gobierno indígena del presidente Evo Morales y los pueblos indígenas de la Amazonía.

El conflicto del TIPNIS visibilizó, además, mecanismos de expansión territorial y de acumulación capitalista que extienden las relaciones de mercado, integrando progresivamente el territorio indígena al espacio económico de la producción de coca, sobre la base del principio de división del trabajo y la especialización. Pero el TIPNIS también colocó en el mapa geopolítico a los capitales petroleros, mineros y de la especulación financiera que generan la lucha de clases. La infraestructura de transporte y la reducción de sus costos van ineludiblemente asociadas a las actividades extractivistas y a la atracción de inversiones.

El TIPNIS mostró cómo es realmente este territorio producto de la actividad de los pueblos yurakarés, chimanes y mojeños que lo habitan. Su historia combina la persecución, que data de más de un siglo atrás, cuando escapaban de las reducciones y posteriormente del enganche cauchero, y el tiempo actual, cuando deben enfrentarse a comerciantes, jatateros o colonos.

Estos pueblos indígenas se apropiaron del territorio y construyeron una identidad asociada al manejo de un espacio con características naturales muy particulares. La cordillera y los ecosistemas que crea en su abrupta caída la altísima pluviosidad —la mayor del país—, así como la vinculación territorial relacionada con la navegabilidad de los ríos, todo ello sumado a las presiones externas, fueron intensificando los intercambios y las relaciones sociales e interétnicas, dentro y fuera del territorio.

El TIPNIS es el resultado de la construcción y la dinámica de acumulación de conocimientos, vivencias colectivas e individuales, prácticas de producción y manejo de recursos abundantes y escasos; asimismo, de la regulación de las relaciones sociales mediante normas internas que se resumen en las estrategias territoriales ahora visibles. De allí su capacidad de resistir y defender su territorio, capacidad desarrollada durante siglos.

El 15 de julio del 2009, el presidente del Territorio Mosetén, ubicado en el norte de La Paz, al oeste del TIPNIS, también en la Amazonía boliviana, retuvo en su comunidad, Simay [1], varios vehículos de la empresa norteamericana Geokinetics, contratada por el consorcio Petroandina —de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)— para realizar exploración sísmica en el Bloque Lliquimuni, dentro del cual se encuentra dicho territorio indígena. Este fue el primer conflicto de magnitud que se suscitó entre un pueblo indígena y la empresa estatal, desde la asunción del nuevo gobierno.

En abril del mismo año, la ONU, a instancias del presidente boliviano, había aprobado la Declaración de los Pueblos Indígenas. En las convenciones internacionales, el país destacaba por su crítica posición radical de defensa de los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas. Resultó evidente que esto no constituyó una prioridad inmediata de las políticas públicas en la búsqueda de una transformación posextractivista y del posdesarrollo que responda efectivamente a las urgencias que plantean la crisis ambiental global y sus graves efectos en el país.

A ese conflicto le siguieron otros en el sector de la minería, como los de Corocoro, Mallku Khota y Colquiri, todos ellos con consecuencias dramáticas de confrontación, violencia y represión. Esto puso en evidencia los efectos del camino neoextractivista adoptado.

Desde las instituciones estatales se han diseñado diversas estrategias para manejar los conflictos. Algunas de ellas han logrado entablar la negociación y reducir las tensiones, pero la base misma de la conflictividad está intacta. En su avance sobre los territorios, la apuesta por el extractivismo seguirá confrontando a sus habitantes con los intereses destructivos, aun cuando estos se justifiquen en el interés prioritario del Estado.

Extractivismo y conflictividad:

El término extractivismo se refiere a las actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados (o que lo son limitadamente), sobre todo para la exportación. No se limita a los minerales o al petróleo. Hay también extractivismo agrario, forestal e inclusive pesquero.El extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente hace quinientos años, debido a las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente. Unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de materias primas —es decir, de bienes primarios—, mientras que otras asumieron el papel de productoras de manufacturas. Las primeras exportan naturaleza; las segundas, la importan [2].

Para esta óptica no existen consideraciones sobre el agotamiento de recursos ni menos aún sobre la sustentabilidad de los proyectos extractivistas, por lo que constituye un mecanismo de saqueo y apropiación colonial y neocolonial. El objetivo es la explotación de las materias primas indispensables para el desarrollo industrial y el bienestar del norte global, como las demandas de los países emergentes.

La historia muestra que los países con abundantes recursos naturales que apostaron por exportarlos sólo consiguieron la generalización de la pobreza, sometidos a crisis económicas recurrentes y consolidando mentalidades meramente "rentistas". Es el caso de Bolivia y su minería desde tiempos coloniales.

Los gobiernos progresistas de América del Sur han apostado por el extractivismo para resolver las demandas populares de acceso al agua, alimentación, crédito y servicios; asimismo, para consolidar su legitimidad y apoyo social con el fin de mantenerse en el poder y continuar el proceso de cambio. Por ello, si bien han efectuado algunas variaciones de componentes, como mejoras tributarias que devienen en mayores ingresos fiscales, en la actual estructura de acumulación no hay modificaciones sustantivas. Dichos gobiernos argumentan que el extractivismo es indispensable para combatir la pobreza pero mantiene y reproduce elementos claves del extractivismo de origen colonial.

El rechazo al extractivismo y la destrucción ambiental en general, así como la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y campesinos ante la lógica expansiva de la acumulación, fue uno de los ejes principales de las luchas antineoliberales. Sin embargo, durante la última década se ha acentuado en el país la dependencia primario-exportadora. En Bolivia la participación de los productos primarios como proporción del valor total de las exportaciones pasó de ser el 89,4% en el año 2005 al 92,6% en el 2010 [3].

El vicepresidente Álvaro García Linera caracteriza las políticas extractivistas impulsadas por su gobierno como una primera etapa que permitirá crear las condiciones materiales para salir del extractivismo. Sostiene que "detrás del criticismo extractivista de reciente factura en contra de los gobiernos revolucionarios y progresistas se halla, pues, la sombra de la restauración conservadora" [4].

García Linera considera que el extractivismo, el no extractivismo o el industrialismo son "sistemas técnicos de procesamiento de la naturaleza mediante el trabajo, y pueden estar presentes en sociedades pre-capitalistas, capitalistas o sociedades comunitaristas". Añade que "Los críticos del extractivismo confunden sistema técnico con modo de producción, y a partir de esa confusión asocian extractivismo con capitalismo; olvidando que existen sociedades no-extractivistas, las industriales, ¡plenamente capitalistas!". "En eso consiste el Vivir Bien: en utilizar la ciencia, la tecnología y la industria para generar riqueza, de otra manera con qué se podrían construir carreteras, levantar postas sanitarias, escuelas, producir alimentos, satisfacer las necesidades básicas y crecientes de la sociedad", afirma [5],[6],[7].

En el artículo "Topología del Estado" [8], García Linera sostiene que "[…] la territorialidad del Estado Plurinacional es homogénea, es decir, geográficamente similar en derechos en cualquier lugar de la patria" y con una territorialidad policéntrica, "es decir, con múltiples polos de desarrollo, nodos de irradiación de oportunidades, de conocimientos y beneficios capaces de equilibrar el bienestar de una región con respecto a las otras regiones que componen la patria". En consecuencia, esta territorialidad policéntrica, en forma de heptágono, con un centro gravitante, tendría en cada uno de sus vértices un polo de desarrollo, "núcleo irradiante y equilibrante de las fuerzas productivas de la economía y el bienestar social". De acuerdo con García Linera, estos polos son:

1. El vértice sur, en el Chaco tarijeño, con la producción e industrialización del gas.

2. El vértice suroeste, Uyuni, con el litio y el complejo industrial.

3. El vértice sudeste, con el Mutún, el precámbrico y los incipientes procesos de industrialización.

4. El vértice noreste, con San Buenaventura y la actividad agrícola-forestal-hidrocarburífera del norte paceño.

5. El vértice noreste, con la intensa actividad agrícola y agroindustrial cruceña.

6. El vértice norte, con Cachuela Esperanza, el potencial hidroeléctrico y la castaña.

7. Y el vértice central del trópico, con la industrialización del gas y la articulación entre Amazonía y valles.

En cada uno de estos vértices, asevera el vicepresidente, "las materias primas, junto con la industrialización, constituyen el núcleo movilizador de recursos, tecnología y ganancias que permiten un equilibrio entre regiones, una irradiación homogénea de derechos y una creación de nuevos vértices, de nuevos polos regionales, capaces de utilizar las potencialidades económicas que tienen" [9].

La crítica al extractivismo se plantea desde la perspectiva de la búsqueda de alternativas civilizatorias a la sociedad depredadora del desarrollo sin fin. El extractivismo está lejos de ser solamente una "relación técnica con la naturaleza". Una vez instalada en la sociedad, la lógica económica, política y cultural del rentismo adquiere una dinámica inercial de autorreproducción que muy difícilmente puede ser revertida, como lo demuestra la experiencia venezolana. La lógica rentista refuerza un modelo de Estado vertical y centralizado incompatible con la plurinacionalidad y con un Estado comunal, y socava de forma sistemática toda posibilidad de autogobierno participativo y democrático [10].

Extractivismo y resistencia:

En la etapa actual de crisis ambiental hay un reordenamiento de los roles productivos de los territorios, y los países de América Latina —"progresistas" o no— han entrado a cumplir su rol. Esta conquista de nuevos territorios conlleva el desplazamiento de la violencia hacia regiones del sur, porque el capital necesita conquistar mercados para exportar capital. Por ello, las empresas petroleras, mineras y otras hacen fila para obtener concesiones o contratos por treinta o cuarenta años, que luego mantienen a como dé lugar. Es el caso de Río Hondo, de Petrobras, y Tuichi, de Repsol, empresas que tenían concesiones para exploración obtenidas en gobiernos anteriores, ubicadas en Pilón Lajas, Madidi y el TIPNIS, las que fueron convertidas a pesar de haberse acogido a la "cláusula de fuerza mayor". Por esta cláusula, ambas empresas alegaron que no habían podido cumplir con el contrato debido a la sobreposición con áreas protegidas, aunque, más que eso, lo que las hizo desistir fue la movilización local contra las actividades petroleras en territorios con una intensa actividad ecoturística. Estos contratos les servirán para la especulación financiera y, además, son transables [11].

David Harvey acuñó el concepto de acumulación por desposesión, que consiste en el uso de métodos de acumulación originaria para mantener el sistema capitalista, mercantilizando ámbitos antes cerrados al mercado, a partir del despojo o del pillaje de recursos, fuerza de trabajo y hasta dinero, que están todavía bajo relativo control de algunas clases, grupos o, como en el caso de la Amazonía, de las nacionalidades/etnias indígenas. La expansión nacional de las fronteras agroforestales, mineras y petroleras produce el despojo de los territorios indígenas porque allí se encuentran los bosques, las aguas, la riqueza biótica, los minerales y, desafortunadamente, el petróleo. La raíz del despojo es la privatización de la propiedad comunitaria. Las prácticas del despojo siguen un protocolo de privatización, financiarización, gestión y manipulación de las crisis y redistribuciones estatales de la renta [12].

En la actual fase de acumulación por desposesión se ha acelerado la creación de capacidades financieras y tecnológicas para superar la mayor parte de los obstáculos que hasta hace relativamente poco establecían que regiones enteras del planeta (Amazonía, cordillera de los Andes, etcétera) estuviesen más o menos protegidas del agresivo proceso de mercantilización y comodificación de la vida. Estos son los territorios donde vive una elevada proporción de los pueblos y comunidades campesinas e indígenas que, a pesar de medio milenio de sometimiento colonial, han logrado preservar modos de vida no plenamente sometidos a la lógica del capital y de la modernidad colonial [13].

Las resistencias de pueblos indígenas y campesinos del sur, en la defensa de sus territorios, sometidos al renovado vigor del asalto extractivista, constituyen hoy las fuerzas más vigorosas de freno y contención a la lógica devastadora del crecimiento sin fin que está destruyendo las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra. Estas luchas expresan los intereses estratégicos de la humanidad por la preservación de la vida [14].

Resulta paradójico, por ello, que precisamente el gobierno popular surgido como resultado de las luchas de los pueblos indígenas que impulsaron el proceso constituyente desde la V Marcha Indígena, y principales aliados durante la difícil fase de elaboración de la nueva Constitución, acuse a las naciones indígenas de estar políticamente subordinadas a discursos y poderes externos.

Las carencias y necesidades de amplios sectores de Bolivia no serán resueltas a largo plazo siguiendo el patrón que ha llevado a la grave crisis ambiental global, como consecuencia de la industrialización y el desperdicio. La esperada abundancia material, para luego impulsar políticas alternativas orientadas a vivir en armonía con la Madre Tierra, es un espejismo traducido en la entrega de bonos de diferentes tipos que no generan desarrollo local.

Un obstáculo que no se puede dejar de señalar en la gestión de los conflictos socioambientales derivados de actividades y políticas neoextractivistas son las dificultades para entablar diálogos abiertos y convergentes sobre políticas públicas en Bolivia. Esto se expresa en el tono de confrontación que ha asumido el debate entre el gobierno y sus críticos indígenas, ecologistas y de izquierda.

Estado, empresas y población:

Hace algo más de diez años, un proyecto del Banco Mundial pretendía reglamentar "las operaciones petroleras en territorios indígenas y áreas protegidas" en Ecuador, Perú y Bolivia. En realidad se trataba de llevar la consulta establecida en el Convenio 169 de la OIT al terreno del arbitraje en instancias empresariales. Dicho reglamento estuvo a punto de ser aprobado en Bolivia, pero diversas organizaciones indígenas y otras lograron frenarlo, al mismo tiempo que colocaron en la agenda la necesidad de trabajar en un reglamento general de consulta.

El año 2007 se aprobó el Reglamento de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas en Actividades Hidrocarburíferas. Dos años antes, el 2005, como resultado de las luchas en el país, se habían incorporado elementos esenciales de la consulta indígena en la nueva Ley de Hidrocarburos, vigente hasta hoy. Con esta ley, la consulta pasó de ser responsabilidad de las empresas al Estado, a estar cargo de la Unidad Ambiental del Ministerio de Hidrocarburos, lo que convirtió a esta unidad en un aliado natural de las empresas, para viabilizar la aprobación de las licencias ambientales.

Luego de los conflictos de Lliquimuni, TIPNIS, Corocoro y Mallku Khota, la estrategia del Estado se orientó a limitar la consulta indígena. El mismo presidente ha señalado en reiteradas ocasiones que la consulta indígena es sólo un mecanismo que dificulta los avances petroleros en el país, y en otras, se estrella contra el proceso de evaluación de impacto ambiental, mientras que el vicepresidente ha señalado que la consulta indígena no se debe aplicar en otros casos, como en proyectos carreteros. En cualquier caso, los esfuerzos gubernamentales se han concentrado en limitar la consulta, discutir su carácter vinculante y convertirlo en un mecanismo de negociación de proyectos a cargo del Fondo Indígena [15]. Es decir, mecanismos de compensación administrados por reparticiones burocráticas, por decir lo menos, que propagandizan estrategias de aceptación forzada como si se tratara de desarrollo local.

Lo anterior se debe a que la consulta indígena, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT, ratificada como ley de la república, al igual que la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU, y además constitucionalizada en el país, se ha convertido en el principal mecanismo de defensa de estos pueblos frente a los proyectos extractivistas. A la fecha (2013) está aún en debate el proyecto de ley de consulta, a pesar de los muchos talleres de validación y todos los mecanismos desplegados para conseguir la aprobación de las organizaciones indígenas.

Entre estos otros mecanismos para enfrentar los conflictos indígenas derivados de la defensa territorial y del avance extractivista se encuentra la división de las organizaciones indígenas, en particular la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), aunque no escapa a estos intentos el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). Aun cuando la CIDOB paralela no ha logrado viabilizar la legislación de la consulta, esta situación impide el desempeño pleno de la organización reconocida por la instancia superior, que es la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas (COICA), y a la fecha incluso se pone en tela de juicio su legalidad.

Extractivismo minero:

Durante el periodo 2001-2005 el crecimiento del producto bruto interno estuvo liderado por el incremento de la producción de hidrocarburos, especialmente de gas natural, con una tasa promedio anual de 10%. En el periodo 2006-2009 correspondió a la actividad minera, que alcanzó una tasa promedio anual de poco más del 20% [16].

En el caso de la minería estuvo ausente la nacionalización como proceso de reversión de empresas privadas a manos estatales, motivo por el cual la participación estatal continúa siendo marginal. Las reformas se limitaron a la modificación parcial del régimen tributario para las empresas productoras, respetando la propiedad sobre las concesiones y los contratos de asociación con el Estado y con terceros. Por ello, durante los primeros cuatro años de gobierno los aspectos productivos continuaron siendo asumidos por el sector privado, especialmente mediante la puesta en marcha del megaproyecto minero San Cristóbal en el 2007. La presencia de las empresas privadas extranjeras, agrupadas como "minería mediana y grande", sigue siendo dominante en la producción de minerales. El Estado, a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), se limita a la producción de estaño por la empresa minera Huanuni y de cobre por la empresa minera Corocoro.

La importancia de la empresa minera San Cristóbal desde el 2008 se refleja en que controla el 69% de la producción de zinc, el 84% de plomo y el 46% de la plata, minerales que ese año representaron el 96% de la producción minera del país.

El complemento de la privatización de los yacimientos mineros en el país es la proliferación de las cooperativas mineras, emprendimientos informales que sobreviven a costa de la extrema explotación de la fuerza de trabajo, en condiciones técnicas precapitalistas y ambientalmente degradantes.

Los cooperativistas constituyen un sector que presenta diferenciaciones de clase camufladas en una organización que hereda la disciplina sindical por haber acogido a los relocalizados mineros de los años noventa. Dieron su respaldo al nuevo gobierno e impusieron su presencia en el gabinete y en el cuerpo diplomático, con lo que velan por sus derechos adquiridos y logran la rápida atención de sus demandas. Han generado conflictos de extrema violencia, como el caso de Colquiri, que provocó heridos e incluso un muerto de la Federación de Mineros, en una marcha en la ciudad de La Paz.

Numerosas tomas de minas, violentas expropiaciones y confrontaciones con comunidades son hechos asociados a estos grupos. 

Firman alianzas con empresas transnacionales para facilitar el acceso a los yacimientos y se han convertido en un factor de poder que alienta las formas más aberrantes de extractivismo, tanto por la explotación humana como por la nula gestión ambiental, todo ello justificado en la creación de empleo, en lo que el Estado no ha avanzado sustancialmente en el sector.

En resumen, las políticas estatales en la minería no se orientan a la recuperación de los recursos ni a la estatización, sino al mantenimiento de la inversión privada extranjera y al fortalecimiento de las cooperativas mineras. Esto, además de impedir el objetivo gubernamental de control estatal de la cadena productiva, somete riesgosamente el aparato gubernamental a un sector muy violento que no tiene escrúpulos para hacer alianzas ni para romperlas.

Conflictos mineros: el caso de Mallku Khota, intereses y demandas

La concesión —sin consulta previa— de una de las más grandes reservas mundiales de plata, indio y galio a la canadiense South American Silver movilizó hacia la sede de gobierno a cientos de comunarios del norte de Potosí, que reclamaban derechos sobre los recursos naturales de su territorio ancestral. La South American Silver obtuvo la concesión el 2006, durante la administración del presidente Evo Morales, sin que fueran consultadas la comunidad Mallku Khota ni el aillu Sullk'a Jilaticani.

La Marcha de Mallku Khota reflejó el rechazo a la implementación de políticas públicas y a la toma de decisiones inconsultas, de parte del gobierno de Evo Morales, sobre proyectos que afectan de manera directa tierras comunitarias de origen (TCO).

El cerro Mallku Khota ('Lago del Cóndor', en aimara) se ubica al norte de Potosí, entre los municipios de Sacaca y San Pedro de Buena Vista. Está rodeado por cinco lagunas de agua dulce, la más grande de la cuales lleva el mismo nombre; en sus orillas se alberga la comunidad Mallku Khota, que, con otras comunidades, forma parte del aillu Sullk'a Jilaticani, titulado como tierra comunitaria de origen.

Las cinco lagunas constituyen fuentes de agua estratégicas. Alimentan las vertientes que dotan de agua a todo el norte de Potosí para el consumo humano y de los animales, y para los sembradíos. Están conectadas al sistema hidrológico de la región, y son fuente de origen y reserva acuífera de seis microcuencas que se extienden hacia abajo de la serranía, fundamentales para la producción agrícola y piscícola.

Además de su importancia como fuente de agua para todo el norte de Potosí, el Mallku Khota es uno de los yacimientos más grandes de plata, indio y galio conocidos en el hemisferio occidental; asimismo, cuenta con importantes reservas de oro.

Los comunarios exigieron el cumplimiento del acuerdo firmado con el Ministerio de Minería que garantizaba la conclusión de la fase de exploración de las reservas minerales de esa región. El conflicto se profundizó en la gestión del 2009, y desde entonces los aillus no cesaron de demandar la expulsión de la empresa.

Los primeros días de mayo del 2012 el conflicto hizo crisis tras el anuncio de la empresa de iniciar la explotación de los yacimientos a cielo abierto; la comunidad debía abandonar el lugar y reubicarse en otros predios. Las protestas se tornaron contundentes y, en respuesta, se ordenó la intervención policial de Mallku Khota.

South American Silver Corp. es una empresa minera de exploración, de poca experiencia, con sede en Vancouver (Canadá), registrada en la bolsa canadiense bajo el código TSX: SAC. El cálculo aproximado del valor accionario de esta compañía, a finales del 2010, alcanzaba a algo más de 80 millones de dólares americanos.

El 7 de mayo del 2012, la South American Silver anunció que acababa de firmar un contrato de financiamiento por 16 millones de dólares con varios grupos de inversionistas en alta tecnología, con base en Asia, destinado al desarrollo del proyecto Mallku Khota.

En su página web (junio 2012) la empresa se describe como una compañía en crecimiento, basada en la exploración minera, que se encuentra desarrollando uno de los mayores depósitos no explotados de plata, galio y especialmente indio del mundo: el proyecto Mallku Khota, cuyas reservas calificadas alcanzan a 230 millones de onzas de plata y 1481 toneladas de indio, y un recurso inferido de 140 millones de onzas de plata y 935 toneladas de indio. La firma canadiense asegura que el yacimiento podría proveer el 10% o más del suministro mundial de indio y galio. Puntualiza que "La propuesta de negocio combina el conocimiento y experiencia de excelencia del equipo e integra un enfoque en fuertes relaciones comunitarias y responsabilidad social corporativa […] con 20 años de experiencia en Bolivia. La compañía tiene transacciones financieras en la Bolsa de Valores de Toronto Stock Exchange y en el mercado de los Estados Unidos". Describe a Mallku Khota como un proyecto íntegramente privado, cuya "vida útil prevista es de 15 años".

En su estudio económico, y basándose en diferentes escenarios de precios de los metales, la compañía canadiense estima que la amortización del proyecto —tiempo que necesita la operación para recuperar todo el capital invertido, es decir, gastos de exploración, construcción de infraestructura, explotación, mano de obra, pago de regalías, etcétera— está garantizada en solamente quince meses; así pues, los catorce años restantes serían de plena ganancia para la empresa.

La empresa había previsto una explotación a cielo abierto, con un proceso de lixiviación con ácido clorhídrico. Planeaba abrir cuatro open pits (minas a cielo abierto) o tajos muy próximos a las lagunas en cuyas orillas se asientan los comunarios de Mallku Khota.

El vicepresidente García Linera ratificó la legalidad de las concesiones de la South American Silver Corp. y acusó a los comunarios que protagonizaban la marcha de explotar ilegalmente oro, contaminando las lagunas de Mallku Khota. Aseguró que de los cuatro ayllus que viven en la zona, formados por unas sesenta comunidades, todas, exceptos dos, respaldaban la presencia de la transnacional canadiense.

Ante la falta de consulta previa, la empresa diseñó una estrategia orientada a asegurar el aval de la comunidad a sus planes de exploración y explotación de las reservas mineras, basada en los exitosos modelos implementados por Suminoto en la mina San Cristóbal y por Newmont en las minas Inti Raymi. Estos modelos se centran en un "enfoque fuerte en las relaciones con las comunidades para facilitar proactivamente acuerdos de beneficio mutuo" [17].

Dicha estrategia contemplaba la negociación de acuerdos con los aillus dueños del territorio para mitigar los impactos y otorgar beneficios como becas, contribuciones a las escuelas locales, apoyo a iniciativas de salud, involucramiento en el monitoreo ambiental, entrenamiento a las comunidades locales para el trabajo de exploración, promoción de actividades tradicionales y culturales, proyectos de sanidad animal y programas de vacunación y tratamiento veterinario de animales domésticos para mejorar la economía de la región —que se basa en una agricultura de subsistencia— y, asimismo, trabajar con las comunidades indígenas proyectos para facilitar el desarrollo económico y comercial de la región.

Lo que la referida estrategia no tomó en cuenta es que, con otras comunidades, Mallku Khota forma parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Ayllu Sullk'a Jilaticani; y que, tratándose de una propiedad colectiva, no es posible ninguna estrategia que no sea la aplicación y el cumplimiento de la normativa vigente respecto los derechos territoriales e indígenas consagrados en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución Política del Estado.

El propio informe de la South American Silver Corp. reconoció que el proyecto se ubica en una cabecera de cuenca, de la que se originan seis pequeñas subcuencas. Estas lagunas son esenciales para la producción agrícola de las poblaciones aguas abajo. Su desaparición implicaría cambios y efectos no previstos en el sistema ecológico e hídrico y, desde luego, consecuencias en las condiciones de producción agropecuaria de las comunidades.

Otro impacto es el asociado a la generación de residuos. Según el informe de la empresa canadiense, se preveía generar un promedio de 25 millones de toneladas de residuos por año, lo que supone que luego de quince años este proyecto dejaría en la zona cerca de 375 millones de toneladas de desechos que, junto con sus instalaciones, requerirían la ocupación de grandes extensiones de suelos, de donde desplazarían a las poblaciones que hoy las ocupan.

Por otra parte, todos los compuestos del indio deben ser considerados como altamente tóxicos, pues provocan daños en el corazón, riñones e hígado, y pueden ser teratógenos (generadores de anomalías congénitas). Los datos disponibles acerca de los efectos de esta sustancia en la salud humana son insuficientes y no han sido aún investigados, por lo que, según Water Treatments Solutions Lenntech, se deben tomar extremas precauciones [18].

El gobierno cedió finalmente a la presión y revocó las concesiones mineras, incluido el Proyecto Minero Mallku Khota. La empresa inició un arbitraje internacional el 2013, enmarcado en el reglamento de arbitraje de la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional y el tratado de protección de inversiones entre el país andino y el Reino Unido.

Conclusiones:

El extractivismo sigue vigente, aunque asume formas nuevas en un Estado que ha recuperado roles e ingresos. Tales formas incluyen asociaciones de empresas estatales, cooperativas-Estado y cooperativas-empresas.

La consulta indígena se ha convertido en el principal mecanismo de defensa, sobre todo si se aplica en territorios que buscan la protección del mismo y no simplemente negociaciones de compensación.

Surgen nuevas estrategias, nuevos disfraces para limitar la consulta y promocionar las actividades en las que se basa la economía extractivista, como la distribución de pequeños proyectos, la creación de reparticiones para la elaboración de los mismos, las divisiones de organizaciones o los proyectos de "responsabilidad social".

Un territorio con identidad parece incomprensible para funcionarios y gobernantes que, con una mentalidad rentista o de modernidad capitalista, no consiguen comprender por qué sus actores —los pueblos que lo habitan— están decididos a defender su historia, su pasado, su presente y también su futuro.

Notas: (…)

 Publicado en PUNTO DE VISTA, No 5, noviembre 2013. Revista de la Red de Industrias Extractivas RLIE.

Oilwatch

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Extractivismo_territorio_y_conflictos_en_Bolivia

                                                                     

Reparemos que los gobiernos, fuerzas e intelectuales progresistas están contra el neoliberalismo pero no contra el capitalismo. Al promover los extractivismos, con la falsa justificación de alivianar la pobreza, privilegian los súper negocios de los oligopolios por sobre los derechos de los pueblos y subordinan nuestros países a la división imperialista del trabajo mundial.

Derechos territoriales indígenas y extractivismo en Venezuela:

miradas cruzadas desde las comunidades y organizaciones indígenas.

14 de mayo de 2018

Por Vladimir Aguilar Castro (*)
Universidad de Los Andes
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI)
Para Observatorio de Ecologia Política de Venezuela

 "Lo que venimos de exponer se encuentra pendiente al existir una parálisis del proceso de deslinde territorial que otorgue plenamente la titularidad de sus tierras a estos pueblos, obstaculizando significativamente los avances en materia de gestión ambiental indígena, tal como manifiesta la autoridad legítima Yekuana José Antonio Colina de la comunidad de Cacurí en el Alto Ventuari, al preguntarle por las propuestas de su comunidad para mitigar los efectos del cambio climático:"la agilización del asunto de la delimitación para poder administrar mejor nuestro hábitat, porque una vez que lo tengamos demarcado lo podemos cuidar mejor"."

El lenguaje del cambio climático es muy científico y para las comunidades es difícil de entender (…) hay que explicarle a la comunidad que la época de verano varía en su inicio a razón del cambio climático, la siembra del conuco debe empezar antes, los peces se están reproduciendo en otros tiempos y así sucesivamente…

Guillermo Arana (ORPIA)

Derechos indígenas versus extractivismo

Según Gregorio Mirabal, defensor de los derechos indígenas y Coordinador de la Organización de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), quien participó en la COP23 en Bonn, la manera en que se discute la problemática dentro de las comunidades indígenas de Amazonas junto a la prioridad en la agenda de reivindicación y exigencia de sus derechos sigue siendo el asunto territorial. A lo anterior, los pueblos indígenas confieren un especial significado espiritual y no sólo material ya que en sus tierras se encuentran los elementos esenciales de su cosmogonía, además de ser la fuente última de vida y sabiduría[1]. Y así lo reconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (artículo 119), la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (artículo 20), la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de Pueblos y Comunidades Indígenas y acuerdos internacionales adoptados por Venezuela como la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En nuestro país estos derechos se fundamentan en la demarcación, entendida como el proceso mediante el cual el Estado venezolano se obliga, con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, a la delimitación de sus territorios habitados de manera ancestral y tradicional[2].

Lo que venimos de exponer se encuentra pendiente al existir una parálisis del proceso de deslinde territorial que otorgue plenamente la titularidad de sus tierras a estos pueblos, obstaculizando significativamente los avances en materia de gestión ambiental indígena, tal como manifiesta la autoridad legítima Yekuana José Antonio Colina de la comunidad de Cacurí en el Alto Ventuari, al preguntarle por las propuestas de su comunidad para mitigar los efectos del cambio climático:"la agilización del asunto de la delimitación para poder administrar mejor nuestro hábitat, porque una vez que lo tengamos demarcado lo podemos cuidar mejor". 

El Estado venezolano y su apuesta extractivista

Esta deuda del Estado venezolano no únicamente se refleja en la incapacidad de las comunidades indígenas para administrar sus territorios con sus tradicionales prácticas ecológicas, sino que se suman otros aspectos como los grupos irregulares y mineros que, según denuncia con cierta cautela esta autoridad indígena, contaminan y destruyen el ambiente: "hay mucha gente metida en el monte, no se sabe quiénes son y echan candela afectando nuestro hábitat. Nosotros los que vivimos allá no tenemos como controlar a esa gente (…) Anteriormente entre los Yekuana y las demás comunidades de la zona nos comunicábamos y nos conocíamos (…) ahora no sabemos quiénes son esos grupos que están por ahí".

De esta manera, se conjuga una compleja crisis que expresa manifiestamente la indivisibilidad de los asuntos ambientales y de cambio climático con la demarcación como derecho territorial indígena. En la actualidad, existe una dinámica migratoria demográfica determinada por la minería ilegal, la cual es generalizada en el Estado Amazonas como parte de los impactos que genera hacia esta región el Arco Minero del Orinoco (AMO), migración de muchos pueblos indígenas. Esta situación trae consecuencias socios-ambientales y culturales que están en estos momentos desarrollándose, no pudiendo todavía establecer de manera definitiva su incidencia aunque se puede inventariar la evidente amenaza a la fragmentación territorial y cultural de sus hábitats. 

La solución a esto resulta mucho más sencilla que la descripción del complejo escenario actual. Los más de 19 pueblos indígenas que habitan el Estado Amazonas han permanecido en sus territorios de forma milenaria, protegiendo el ambiente, conservando sus ecosistemas y conviviendo con la rica biodiversidad que existe en esta región, acumulando a su vez un conocimiento experimentado y ecológico, que se transmite de generación en generación: "no es solo la parte climática sino que también se incorpora el tema cultural, de cosmovisión y el cómo manejar los recursos naturales" declara Guillermo Arana, líder y activista indígena perteneciente a ORPIA, quien también sostiene que solo "los pueblos indígenas podemos salvar al planeta, sabemos en qué momento se puede cortar un árbol, como tratar el medio ambiente, esa armonía con la naturaleza. Los derechos territoriales es la defensa de la vida, no solamente porque hay un contenido jurídico en los tratados, convenios, o legislación de los países, sino que va estrechado con derechos culturales, ambientales y humanos

Para ello, el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena establecida en la Constitución (artículo 260), más que una alternativa, es la manera más efectiva y legítima de respetar al Derecho Indígena o Derecho Propio, que al mismo tiempo se traduzca en una política pública intercultural que estimule y promueva la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático a través de los pueblos indígenas como actores eco-sociales desde la defensa y reconocimiento de sus territorios ancestrales.

​ Notas

1) Del 29 de enero al 4 de febrero del año en curso el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, realizó un trabajo de terreno en Amazonas con comunidades y organizaciones indígenas de base, a fin de intercambiar criterios sobre la relación entre la lucha por los territorios y el cambio climático.

2) Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Cartilla de Derechos Territoriales Indígenas en Venezuela, 2010.

(*) Politólogo y abogado venezolano. Profesor titular a dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes (ULA), Mérida, Venezuela. Investigador responsable del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la ULA. Especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Diploma de Estudios Superiores en Historia y Política Internacional en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo (IUHEID) de Ginebra, Suiza. Doctor en Estudios del Desarrollo mención política internacional por el IUHEID.

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En consecuencia, es fundamental el viraje de la esperanza de cambios radicales desde la delegación en líderes que resultaron cooptables hacia el protagonismo de los pueblos en lucha por la vida y contra los extractivismos. Es hora de identificarnos con quienes nos dicen:

"Luchamos para contrarrestar, visibilizar y llevar a la rendición de cuentas a quienes, de forma inhumana y violando todos los derechos humanos, hacen pedazos el territorio nacional, depredan nuestros bienes naturales,  desmantelan la comunalidad, identidad y cultura de los pueblos, dañan la salud, contaminan el medio ambiente y criminalizan o asesinan a las y los opositores que luchan contra la falsa promesa de 'progreso y desarrollo' que promueve, protege y legitima la clase política mexicana."

                                                    México - REMA: 10 años en la defensa de la vida y el territorio

27 de junio de 2018

Nuestra lucha es simple; ¡FUERA MINERAS DE NUESTRO TERRITORIO!
Nuestras razones contundentes; ¡APOSTAMOS POR LA VIDA Y LA COMUNALIDAD!
Nuestra forma de hacerlo es; ¡ORGANIZARNOS CONTRA EL DESPOJO Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO!

Hace diez años, en junio de 2008, nació la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), con el propósito de establecer un frente nacional de lucha organizada contra el Modelo Extractivo Minero en México. Desde entonces, luchamos para contrarrestar, visibilizar y llevar a la rendición de cuentas a quienes, de forma inhumana y violando todos los derechos humanos, hacen pedazos el territorio nacional, depredan nuestros bienes naturales, desmantelan la comunalidad, identidad y cultura de los pueblos, dañan la salud, contaminan el medio ambiente y criminalizan o asesinan a las y los opositores que luchan contra la falsa promesa de "progreso y desarrollo" que promueve, protege y legitima la clase política mexicana.

Baja California Sur, Cd. de México, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, son los estados en los que REMA está integrado en alianza con comunidades y grupos de base, onǵs, académicos, periodistas, ciudadanas y ciudadanos quienes hemos asumido el reto de implementar una agenda común y un método de trabajo que nos permite avanzar en nuestros propósitos, sobresaliendo entre ellos, un rotundo NO a la Minería a cielo abierto, de tumba y relleno y tóxica.

Derivado de nuestro presente, con por lo menos 2 mil localidades que han declarado su Territorio Libre de Minería, revalidamos nuestro compromiso de continuar luchando contra la simulación de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado que pretende establecer el gobierno federal con procedimientos amañados y seudodemocráticos, en donde nuevamente son las empresas mineras, utilizando la sumisión de la clase política, sus principales promotores. En ese contexto,REMA reivindica los procesos basados en la libre determinación, autonomía y autogestión comunitaria bajo el pleno ejercicio y defensa de los derechos colectivos, por lo tanto, son los pueblos quienes definen sus propios procesos y mecanismos de auto-consulta y consentimiento.

Asimismo, manifestamos nuestra oposición contra los lineamientos que desde instancias internacionales y nacionales pretenden imponer por medio de "Los Principios Rectores Empresariales", porque son principios cargados de demagogia, con los cuales las empresas esconden y contrarrestan los daños que ocasionan, y a cambio enaltecen la Responsabilidad Social Empresarial, la minería verde o sustentable y otras incoherencias que social, ambiental y científicamente es imposible puedan probarlo, al mismo tiempo que, a través de la creación de instancias especiales como las/os "Ombudsperson", abren falsas ventanillas para la atención de conflictos que solamente sirven para administrarlos, ante la falta de fuerza política y jurídica que tienen para llevar a las empresas y a los empresarios a la rendición de cuentas.

Refrendamos nuestro compromiso de acompañar de forma solidaria, gratuita y con lo que esté a nuestro alcance, a todas aquellas comunidades quienes deseen y crean que podemos aportar a su lucha contra el Modelo Extractivo Minero.

Como REMA también asumimos la misma lucha en Latinoamérica, con nuestros hermanos del Movimiento Mesoamericano en Contra del Modelo extractivo Minero (M4), en donde convergen luchas desde Perú hasta Canadá, porque estamos claros que vivimos la misma problemática, ya que el Modelo Extractivo es uno de los segmentos impuestos por el sistema capitalista, que hoy se pondera en el mundo como el principal eje económico y político, a la vez que también es la principal causal del empobrecimiento social y económico de los pueblos.

Celebramos estos primeros diez años y estamos seguros que continuaremos creciendo de forma organizada.

Fraternalmente,
Red Mexicana de Afectados por la Minería

REMA

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Mexico_-_REMA_10_anos_en_la_defensa_de_la_vida_y_el_territorio

                                                                    

 Alternativas postcapitalistas

Tengamos en cuenta que los extractivismos conllevan a la concentración y transnacionalización económico territorial a costa del avasallamiento de derechos humanos. Por tanto, los gobiernos K no fueron nacional-popular ni de derechos humanos. Continuaron sirviendo a la acumulación gran capitalista como política de estado desde la dictadura genocida.

Argentina extractiva: el cambio era la profundización
20 de diciembre de 2016

 

Por Darío Aranda*.

El primer año del nuevo gobierno mostró continuidad y profundización del modelo extractivo. Beneficios para el agronegocios y la megaminería. Desfinanciamiento, vulneración de derechos y criminalización para campesinos, indígenas y asambleas socioambientales.

Pergamino. Corazón de la pampa húmeda, las mejores tierras de Argentina. El presidente Mauricio Macri viajó junto a su gabinete y anunció el quite total a las retenciones (impuesto a las exportaciones) agropecuarias y rebaja de cinco puntos para la soja. San Juan, provincia cordillerana. El Presidente anunció el quite total a las retenciones a la megaminería (que eran de entre 5 y 10 por ciento). Las dos medidas fueron tomadas en el primero mes de gobierno.

Macri, que llegó al gobierno con las promesas de "cambio", mostró continuidad y profundización en las políticas extractivas.

Agronegocios

Al frente del Ministerio de Agricultura nombró a Ricardo Buryaile, propietario de estancias en Formosa, ex vicepresidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), una de las entidades  productoras de soja. Su primera medida fue rebautizar el ministerio: pasó a llamarse de Agroindustria. También nombró a Guillermo Bernaudo como jefe de Gabinete (de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola -Aacrea-), Néstor Roulet como secretario de Valor Agregado (de CRA), Ricardo Negri como secretario de Agricultura (Aacrea -asociación de empresarios del agro-), Beatriz "Pilu" Giraudo en la flamante Coordinación de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable (presidenta de la poderosa Asociación de Productores de Siembra Directa -Aapresid-).

Aacrea y Aapresid son engranaje fundamental del agronegocios, empresarios mentores ideológicos y de lobby transgénico. Nunca sus cúpulas habían formado parte del Gobierno.

A cinco días de asumir la presidencia, Macri viajó a Pergamino y anunció el quite de retenciones para los productos agropecuarios. Un medida de 10.000 millones de pesos, según el gobierno. Sin embargo, desde el diario económico El Cronista estimaron, en base a la devaluación, un cifra distinta: 60.000 millones de pesos.

En un cambio con el gobierno kirchnerista (que estuvo enfrentado con sectores del campo, desde 2008), el macrismo estableció alianzas y amplió los beneficios para el agronegocio, que en Argentina toma forma de transgénicos (soja, maíz, algodón), uso masivo de agroquímicos y concentración de tierras en pocas manos.

Una muestra en ese sentido fue el envío de un proyecto para nueva ley de semillas. El sector empresario exige desde hace una década una nueva legislación, que limite el "uso propio" (práctica tan ancestral como la agricultura, que implica cosechar, guardar parte de esas semillas y volver a sembrar).

En 2012 el gobierno de Cristina Fernández intentó, en acuerdo con Monsanto, modificar la ley, pero tuvo resistencias incluso dentro del Frente para la Victoria (FPV) y no pudo tratarla en el Congreso Nacional.

En abril pasado, la máxima autoridad de Monsanto, Brett Begemann, viajó desde Estados Unidos directo a Buenos Aires para reunirse con el ministro Buryaile. Reclamó el cobro de regalías extendidas  (no quieren sólo cobrar al momento de la venta, sino también cada vez que se reutilicen las semillas). Brett Begemann destacó que "fue una buena reunión, porque tenemos una visión común sobre el valor de las tecnologías, y tuvimos la oportunidad de compartir la necesidad de contar con un sistema confiable para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y el cobro de regalías por cada uso de semillas con tecnologías patentadas".

El 14 de octubre, el Ministerio de Agroindustria anunció: "El proyecto de ley de semillas ingresó al Congreso". Afirmó que se busca "garantizar la investigación, tecnología y productividad". El Ministerio remarcó que "desde el Estado Nacional se trabajó en alcanzar los consensos necesarios con todos los actores del sector público y privado, con el objetivo de regularizar el mercado de semillas".

No fueron convocados ni se escuchó la opinión de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, académicos críticos al modelo ni de consumidores.

En el Congreso Nacional no se logró acuerdo para su tratamiento. Incluso organizaciones del agronegocios (como CRA y Sociedad Rural Argentina) rechazaron que las grandes semilleras quieran cobrar las regalías extendidas.

Se conformó la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. Se trata de medio centenar de organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas que cuestiona que el proyecto enviado por el Ministerio de Agroindustria "es producto de las negociaciones entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores".

En 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, la superficie con soja era de 12 millones de hectáreas. En 2015 fue de 20 millones, un crecimiento geométrico. La estimación oficial para 2017 marca un aumento a 20,6 millones. El maíz pasó de tres millones de hectáreas (2003) a 6,9 millones (2015). Para 2017 se aumentará a 7,3 millones. El trigo pasó de  6,3 millones en 2003 a (sojización mediante) 4,4 en 2015. Las proyecciones para 2017 es aumentar a 5 millones. En todos los casos hay uso masivo de agroquímicos y el aumento de la superficie ("corrimiento de la frontera agropecuaria") implica avance sobre campesinos, indígenas y desmontes masivos (en Argentina se desforestan un promedio de 32 hectáreas por hora).

Campesinos

En la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF –área dedicada a la agricultura campesina e indígena–) fue nombrado Oscar Alloatti. Despidió 250 trabajadores en diez meses y realizó (bajo la órbita del ministro Buryaile) un ajuste económico que dejó el área sin financiamiento. Renunció en octubre. Y el área aún sigue acéfala.

"Hemos vivido un año durísimo y muy negativo por el embate continuo del sector empresarial hacia nuestros territorios, con mucha violencia e impunidad, notando mayor intensidad que años anteriores. Se nota el gran envalentonamiento a raíz del gran apoyo que sintieron del actual gobierno nacional, que ha respaldado al agronegonegocio y a la megaminería en desmedro del sector campesino-indígena", afirmó Roger Almaraz, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase).

Ciencia

El Gobierno confirmó en sus cargos al ministro de Ciencia, Lino Barañao, y al director de Biotecnología, Martín Lema, hombre clave en la aprobación de transgénicos en el país. Barañao es reconocido promotor y aliados de las empresas de transgénicos y agroquímicos. Llegó a afirmar que el "el glifosato es como agua con sal" y, otra de sus máxima en defensa del herbicida, fue en diciembre pasado: "De acuerdo con el prospecto de los plaguicidas, no hay peligro".

Lema está al frente de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio fundamental para autorizar las nuevas semillas transgénicas (en base a estudios de las propias empresas). En 2016 aprobaron seis transgénicos de soja y maíz. Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, DowAgroSciences, Pioneer y Monsanto.

Minería

Por decreto número 160/2015, el 21 de diciembre de 2015 el Presidente eliminó las retenciones a las exportaciones mineras. El diputado nacional del Pro Eduardo Cáceres, vicepresidente de la Comisión de Minería de Cámara de Diputados, había adelantado la medida luego de una reunión con el ministro de Energía, Juan José Aranguren (ex CEO de Shell): "Esto le abre la puerta de par en par a las inversiones mineras". Y aclaró que entre los proyectos en carpeta sobresalen Agua Rica (Catamarca) y Potasio Río Colorado (Mendoza).

Pero el mayor exponente público de la minería no provino del Ministerio de Energía (donde depende la actividad). "La minería es una actividad productiva que el gobierno nacional apoya y desarrolla. Las  posiciones extremas terminan politizando y desprestigiando actividades productivas que, cuando se hacen seriamente, traen bienestar para la comunidad", señaló el ministro de Ambiente, Sergio Bergman.

Durante todo el primer semestre el Ministro de Ambiente visitó ciudades claves en el rechazo a la megaminería: Chubut (Esquel, Trelew, Rawson, Pirámides), Catamarca (Andalgalá), San Juan (Jáchal) y La Rioja (Famatina y Chilecito).

En todas las provincias Bergman repitió el mismo libreto. Propuso "debates serios, diálogo" sobre minería y señaló que el problema era la "falta de controles". Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, explicitó cómo se define a Bergman en las asambleas socioambientales: "Es un lobbista de las mineras".

En 2003, cuando el kirchnerismo llegó al poder, había en Argentina 40 proyectos mineros en estudio. En 2015, antes de dejar el gobierno, el ministro de Infraestructura, Julio De Vido, celebró que existían 800 proyectos en estudio.

El nuevo Gobierno mantiene la misma línea e impulsa la puesta en marcha de una decena de proyectos mineros. De extracción de litio en Jujuy y Salta, Pascua Lama (San Juan), San Jorge y Potasio Río Colorado (Mendoza), Suyai y Navidad (Chubut), Agua Rica y Filo Colorado (Catamarca), entre otros. En todos los casos, existen rechazos de las comunidades locales.

"La política extractiva se mantiene. La minería es política de Estado. Los funcionarios siguen jugando para las mineras", resume Aldo Flores, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá. Hace veinte años que allí está instalada Minera Alumbrera y no ha cumplido con ninguna de las promesas (trabajo, desarrollo local, cuidado del ambiente). La población no quiere más minería y rechaza un nuevo proyecto (llamado Agua Rica), tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad, donde nacen las fuentes de agua.

En 2010 cerraron el paso a los camiones de Agua Rica. Una feroz represión cayó sobre los habitantes de Andalgalá y sobrevino una pueblada. Luego un juez local suspendió el proyecto minero y la causa escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con dos acampes de los asambleístas en Buenos Aires, para que los jueces no duerman la causa). En septiembre pasado, el Concejo Deliberante de Andalgalá prohibió la megaminería en la localidad.

"Las mineras ahora tienen perfil bajo acá, saben que no son queridas, pero aparecen los políticos y dan la cara por ellos, son títeres adictos a la corrupción que les proponen las mineras. Ahí anda la gobernadora (Lucía Corpacci) diciendo que Agua Rica se hará sí o sí", cuestiona Flores, pero antes de terminar la llamada avisa: "Acá estamos decididos a defender el territorio. Nos van a reprimir, lo sabemos, pero no van a pasar".

En Esquel, lugar emblemático donde en 2003 el 80 por ciento de la población votó en contra de la actividad, y aún se mantiene en lucha. Corina Milán es parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Esquel y de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, no tiene dudas del accionar del gobierno nacional en su primer año: "Muy negativa". Cuestionó la quita a las retenciones y destacó el "cambio de estrategia" al enviar al ministro de Ambiente, Bergman, "que repite slogans coucheados por publicistas, tratando de plantear que 'la minería es una actividad productiva'". Recordó que en Esquel llegó a reconocer que su objetivo era "sacarlos de la calle (a las asambleas)".

También cuestionó que el Gobierno incluyó en el presupuesto 2017 la construcción de una planta de uranio en Chubut, sin tener en cuenta que está vigente la ley 5001 que prohíbe esa actividad.

Pasteras

Una lucha socioambiental que marcó la última década se dio en la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos) y motivó un conflicto binacional. En febrero de 2005, el gobierno uruguayo autorizó  la construcción de una planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia (luego UPM) en el margen del río compartido con Argentina. La población entrerriana rechazó el emprendimiento, con numerosas pruebas de la contaminación de ese tipo de plantas. En enero de 2006, miles de entrerrianos desbordaron el puente General San Martín (que une los dos países). La marea de gente sorprendió a los propios vecinos de la tranquila Gualeguaychú. El "conflicto por las papeleras" encontró su punto alto en la agenda nacional y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú comenzó un corte en el puente.

El presidente Néstor Kirchner visitó Gualeguaychú el 5 de mayo de 2006. En el escenario del Corsódromo, ante unas 35.000 personas, el Presidente prometió: "Es una cuestión ambiental que atañe a todo el país". Cuestionó a los países de primer mundo por trasladar sus industrias contaminantes: "No pueden traernos como solución a la pobreza la creación de puestos de trabajo a costa de nuestra degradación ambiental".

El Gobierno fue tomando distancia del reclamo y pactó "controles" conjuntos con Uruguay. La Asamblea de Gualeguaychú cuestionó al Ejecutivo Nacional (primero a Néstor Kirchner, luego a Cristina Fernández) por haber negociado con Uruguay y los acusaron de darle la espalda a los entrerrianos.

En diciembre de 2011, la Asamblea de Gualeguaychú emitió el comunicado "1500 días de Botnia". El subtítulo fue "con las emisiones tóxicas, se va confirmando lo anunciado". Puntualizó doce ítems de contaminación, derrames, dioxinas, vertidos al Río Uruguay, emisiones de gas sulfhídrico, daños en flora y aumento de la temperatura de los efluentes, entre otros.

La última escalada gubernamental fue en 2013, cuando Uruguay autorizó a UPM-Botnia a aumentar la producción a 1,2 millones de toneladas anuales (cien mil toneladas más de pasta de celulosa al año). Argentina retrucó el mismo día. El canciller Héctor Timerman hizo público el informe de científicos que confirmaba la contaminación de la pastera en el Río Uruguay. Altas temperaturas de efluentes, exceso de fósforo en el agua (36 veces más de lo permitido), pesticidas, cromo y fenoles (400 por ciento más de lo establecido por ley). El estudio era responsabilidad de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por uruguayos y argentinos.

Con seis años de funcionamiento, el Gobierno aseguró que la pastera contaminó con fenoles, fósforo, níquel y cromo. Y precisó que volcó por día 61 millones de litros de efluentes que superan en un 60 por ciento la temperatura permitida (32 grados sobre los 20 grados del río). Y recordó lo insólito de la manera de controlar a Botnia: las autoridades deben avisar a la empresa y, recién diez días después, los científicos podían visitar la planta.

La asamblea de Gualeguaychú apuntó contra ambos gobiernos y UPM-Botnia. Cuestionó que se hayan ocultado durante cuatro años los estudios que confirman la contaminación.

El 6 de enero de 2016, Macri se reunió con su par uruguayo, Tabaré Vázquez y le propuso "dar vuelta la página" en el conflicto por las pasteras. Acordaron un "monitoreo medioambiental de ríos y espacios comunes". Vázquez anunció "la creación de un laboratorio de última generación de control medioambiental".

En julio, el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez anunció la instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en la zona del río Uruguay. Y en noviembre se dio a conocer un informe conjunto, entre Uruguay y Argentina (de la Comisión Administradora del Río Uruguay –CARU–) que confirma que Botnia-UPM contamina pero también señala que "Gualeguaychú contamina más". Así lo divulgó el discurso oficial (de ambos gobiernos) y así lo replicaron los grandes medios de comunicación de Buenos Aires.

Horacio Melo, ex delegado argentino en la Comisión Administradora del Río Uruguay (entre 2005 y 2016), rechazó el informe por "inconsistente". Explicó que el trabajo difundido "hizo "desaparecer el 90 por ciento de las exigencias" vigentes en materia de control ambiental y denunció que ambos gobiernos "utilizaron normas uruguayas dictadas exclusivamente para la empresa UPM-Botnia".

Gustavo Rivollier, de la Asamblea de Gualeguaychú, anunció que la población está de pie para rechazar la nueva planta de celulosa y cuestionó el informe sobre contaminación: "La pulseada la ganó UPM (Botnia), qué a través de la delegación uruguaya impuso los parámetros más laxos, obviando las reglamentaciones impuestas por el Tratado del Río Uruguay, y asegurándose así un resultado fácil de dibujar por la prensa adicta, que sin ningún pudor pregonó 'UPM no contamina'".

Denunció que la delegación del gobierno argentina (en la CARU) prestó acuerdo para archivar decenas de denuncias sobre emanaciones gaseosas contaminantes por parte de UPM,  que se tramitaron a través de la Comisión. "Desde Uruguay se insiste con anuncios en continuar el modelo extractivo con nuevas plantas celulósicas, y desde el gobierno argentino lo miran hasta con cierta envidia. La depredación nunca cesó, pero hoy muestra los dientes por la calle sin ninguna vergüenza", afirmó Rivollier.

Criminalización

Corina Milán, de la Asamblea de Esquel, destacó la preocupación por "el escenario de criminalización de la protesta social que se está planteando y que debe ser leído en sintonía con la avanzada extractivista que se promueve".

En el mismo sentido, un centenar de organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas emitió un comunicado conjunto en noviembre. "La lucha indígena no es delito. Estigmatización y persecución al pueblo mapuche", es el título del documento emitido por Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y organizaciones pueblos originarios.

Es una respuesta al Ministerio de Seguridad de la Nación, que en su informe de gestión acusó a los pueblos indígenas de la Patagonia de delitos federales y los responsabiliza de hechos delictivos (sin aportar pruebas).

"Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social", denunció el comunicado de los organismos de derechos humanos. También denunciaron la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (provincia de Neuquén), una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencional del mundo. "El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche", cuestionan Amnistía Internacional, APDH, la Confederación Mapuche de Neuquén y el Parlamento Mapuche de Río Negro, entre otras organizaciones.

El gobierno nacional había acusado a los mapuches de "armar comunidades indígenas y tomar tierras en zonas petroleras". El ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentan la "usurpación" que realizarían comunidades indígenas sobre campos de hidrocarburos.

"El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo", denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.

Luchas

La comunidad mapuche Campo Maripe lleva seis meses de bloqueo a YPF-Chevron en Vaca Muerta. En un contexto de criminalización (e invisibilización) exigen el cumplimiento de los derechos indígenas (consulta previa y consentimiento libre, previo e informado). El gobierno impulsa la llegada de nuevas empresas, donde viven más de veinte comunidades mapuches. Anuncio de mayor conflictividad para 2017.

Entre el 8 y el 11 de diciembre se realizó en La Rioja el 27 Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio que reúne a organizaciones de todos el país que luchan contra el extractivismo (muchas vinculadas a la megaminería, pero también contra  agronegocios, pasteras y contaminación urbana). "En el mundo se consolidan gobiernos de derecha que ya no ocultan la decisión de destruir y saquear nuestros bienes comunes como países periféricos, pero al mismo tiempo también avanza nuestra resistencia y nuestras propuestas para construir ese mundo que queremos. Nosotros nos constituimos como una alternativa a partir de otra manera de organizarnos", explicó Cecilia Matta, integrante de la Asamblea Riojana Capital.

Participaron más de 300 asambleas y organizaciones sociales, remarcaron los logros de este año, entre ellos el sostenimiento de la Ley 7722, que protege el agua en Mendoza (y que las empresas extractivas intentaron dar de baja), el freno a las compañías mineras en La Rioja y la paralización del proyecto Agua Rica en Catamarca. El encuentro de la UAC, considerado una "asamblea de asambleas", finalizó con un documento que invita al optimismo: "Se potencia la construcción de una forma diferente de hacer política, impulsando la defensa del territorio y el derecho a decidir".

Quizá el mayor hito de las luchas de 2016 de Argentina provenga de la localidad de Malvinas Argentinas (en Córdoba). En 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado la llegada de Monsanto, con su mayor planta de maíz transgénico del continente. Los vecinos comenzaron a organizarse, nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida y rechazaron la instalación de Monsanto.

Fueron cuatro años de resistencia, medio docena de represiones, judicialización, amenazas y bloqueos al predio de treinta hectáreas de la empresa. Desde 2014 estaba suspendida por un fallo judicial (solicitado por los vecinos) y por el rechazo (por parte de la Secretaría de Ambiente de Córdoba) del informe de impacto ambiental presentado por la compañía. Pero Monsanto insistía en el proyecto, con apoyo del Municipio, la Provincia y Nación.

En septiembre circularon versiones sobre la partida de la compañía. En noviembre, la intendenta, Silvina González, confirmó que la empresa AMG Obras Civiles había adquirido el predio de Monsanto.

El 4 de diciembre hubo festejos en Malvinas Argentinas. La invitación destacaba: "Luchamos, resistimos, triunfamos. Llegó el momento de celebrar". No es para menos. Los vecinos de la pequeña localidad cordobesa lograron lo que parecía imposible: derrotar a la mayor empresa del agronegocio del mundo.

Sobre el autor

Darío Aranda, periodista argentino especializado en extractivismo. Trabaja en el diario Página/12, la cooperativa de comunicación La Vaca y las radios FM Kalewche (Esquel), laCooperativa La Brújula (Rosario) y Los Ludditas (FM La Tribu).

Colaboró con el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi).Escribe en el diario La Jornada de México (suplemento "Del Campo") y es consultor de Amnistía Internacional.

Las opiniones vertidas en este artículo pertenecen exclusivamente a su autor.

Fundación Heinrich Böll, Cono Sur


Artículos relacionados (...)

 Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2016/12/20/argentina-extractiva-el-cambio-era-la-profundizac

                                                                 

Observemos que las luchas se van entrelazando y desenmascarando a los poderes fácticos y sus burocracias.

Chau Benetton de la UBA

22 de junio de 2018

Por Darío Aranda

lavaca.org

No fue el gobierno de Chubut. No fue el gobierno nacional. Tampoco el Poder Judicial. Mucho menos los grandes medios de comunicación. Benetton, multinacional que es la mayor dueña de tierras de Argentina (un millón de hectáreas), recibió un cuestionamiento tan inesperado como simbólico: la Facultad de Agronomía de la Universidad e Buenos Aires (Fauba) canceló el convenio de cooperación con la empresa.

La respuesta a una pregunta

La desaparición de Santiago Maldonado en terrenos de Benetton se dio en el marco de la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen. El caso repercutió en la agenda social, mediática y política. "¿Dónde está Santiago Maldonado?", se transformó en campaña nacional. Organismos de derechos humanos y comunidad indígenas (entre otros actores) de un lado. El Gobierno Nacional, con la ministra Patricia Bullrich al frente, respaldaron a la Gendarmería y su represión.

La Fauba no estuvo ajena a la desaparición de Maldonado. Hubo charlas, manifestaciones, pedidos de justicia. En ese marco, la fuerza estudiantil Abriendo Caminos denunció que la Facultad mantenía un convenio de cooperación con la multinacional, que en Argentina opera con la figura legal de Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA) y cuenta con siete estancias, 900 mil hectáreas distribuidas en cuatro provincias (Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz). Benetton es el mayor propietario privado de la Argentina.

MU accedió al contrato en diciembre pasado. "Convenio específico de asistencia técnica entre Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires", es el título formal de expediente, de seis carillas, donde firman Diego Eduardo Perazzo (directivo de la empresa) y el decano Rodolfo Golluscio. La cláusula primera establece el objetivo del contrato: "Se planea llevar a cabo una evaluación sistemática de la disponibilidad de recursos forrajeros a los largo del año y proponer un plan de manejo de pastoreo de pastizales patagónicos (…) Se buscará mejorar la cantidad y la calidad de a producción ganadera". Específica que "la evaluación de los recursos se basará en el procesamiento de imágenes digitales provistas por distintos tipos de satélites".

Precisa que los productos finales serán tres informes con la descripción del "estado de los recursos y detalles del plan de manejo" que se entregarán luego de las tres visitas a los campos de Benetton (meses estimados de enero, abril y septiembre).

El segundo punto señala que la Facultad brindará capacitación a personal de la empresa y contempla la posibilidad de pasantías con estudiantes de grado y postgrado. La tercera cláusula señala que el responsable técnico del proyecto es el mismo decano de la Fauba, Rodolfo Golluscio, "quien deberá entregar un informe final de actividades y resultados".

La empresa abonó 96.000 pesos en tres cuotas de 32.000. Autoridades de la Fauba argumentan que los montos bajos (96.000 pesos) serían prueba de que los convenios no condicionan a la Facultad. Pero otros sectores lo interpretan de forma opuesta: hasta por poca plata se dejan condicionar. El fondo del asunto es la universidad pública y su relación con el sector privado. Y un hecho objetivo: trabajar junto a una multinacional denunciada por violar derechos indígenas.

El contrato con Benetton fue muy cuestionado por la agrupación estudiantil Abriendo Caminos, también (aunque más diplomáticamente) por el Frente Amplio por una Nueva Agronomía (FANA).

Resistencias académicas

El Grupo de Estudio y Trabajo junto a comunidades Qom (GET-Qom) de la Fauba, conformado por docentes y estudiantes de la Facultad, solicitó formalmente en febrero la suspensión del convenio entre la Facultad y Benetton. El GET-Qom trabaja hace años junto a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa.

En un carta dirigida al decano Rodolfo Golluscio cuestionaron que "los convenios entre la Fauba y la CTSA del grupo Benetton se desarrollan sin ningún tipo de cuestionamiento, histórico, social ni político, reproduciendo una formación acrítica de sus estudiantes de grado y posgrado sobre los alcances de las acciones, investigaciones y publicaciones que se generan, avalando de esta forma una historia de genocidio, despojo e injusticia que se mantiene en el tiempo".

El pedido de rescisión se basó en fundamentos histórico-políticos respecto al despojo del territorio mapuche. Citan la investigación del historiador Ramón Minieri (libro "Ese ajeno sur") donde aporta pruebas de la ilegitimidad del título original de esas tierras (adquirido en 1991 por Benetton).

También recuerdan la vigencia de legislación que debiera proteger a los pueblos indígenas. Desde la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), hasta la Ley 26160 (freno a los desalojos) y el Convenio 169 de la OIT.

"Los convenios de Fauba-Benetton implican el desconocimiento de los antecedentes históricos y de la legislación existente, vulnerando de ese modo derechos de los pueblos indígenas en cuanto al acceso a los territorios ancestrales y a sus recursos naturales, así como el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. De manera que se es partícipe voluntario o involuntario, de la disgregación de un pueblo originario, de la pérdida de sus territorios, de su cultura, de su lengua y de sus prácticas ancestrales dificultando la reproducción de su vida cotidiana", resalta el escrito presentado ante las autoridades de la UBA.

Los integrantes de el GET-Qom afirmaron que la universidad pública tiene como misión y obligación que los frutos de su investigación y extensión estén, en primer lugar, al servicio de los sectores más vulnerables, excluidos, como lo son los pueblos indígenas y los pequeños campesinos, y no al servicio de las grandes compañías que vulneran los derechos de los sectores populares del campo.

Valorizaron que durante la gestión de Golluscio se apoyó el trabajo de docentes junto a comunidad indígenas y campesinas, y por ese mismo motivo consideraron coherente la necesidad de que la Fauba no trabaje junto a Benetton y otras empresas denunciadas por la violación de derechos indígenas.

El escrito, de cuatro páginas, finalizaba: "Solicitamos que se rescinda en forma inmediata el convenio con la CTSA (Benetton) y no se vuelvan a establecer nuevos convenios o vínculos en tanto se mantengan la causas que fundamentan la actual solicitud. Lo hacemos con el convencimiento de que esta acción será un aporte valioso en el camino de reparación de tantos años de injusticia, despojos e invisibilización de los pueblos indígenas".

El debate

El Consejo Directivo emitió dos dictámenes. Uno de mayoría, presentado por los consejeros profesores de la gestión (encabezado por Golluscio) que proponía renovar el convenio. Otro, de minoría, presentado por consejeras representantes de graduados (de la lista llamada "Integración") y que pidió la rescisión.

Sobre dieciséis integrantes, sólo tres votos se inclinaban por la cancelación del contrato (consejeros de graduados y estudiantil -por el FANA-).

Desde el GET-Qom ya consideraron un triunfo que la Fauba debata, por primera vez, el accionar de una empresa denunciada por pueblos indígenas. Y comenzaron a buscar apoyos extra universidad. De inmediato se sumaron entidades que trabajan junto a pueblos indígenas, investigadores y organismos de derechos humanos: Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Grupo d Apoyo Jurídico al Acceso a la Tierra (Gajat), Grupo de Filosofía de la Biología (UBA) y el Instituto de Ciencias Antropológicas (Facultad de Filosofía y Letras de la UBA), entre otros.

El tratamiento del convenio en el Consejo Directivo de la Fauba comenzó a hacer cada vez más ruido. La sesiones son abiertas y las críticos prometían llenar la sala. Dos adhesiones terminaron por inclinar la balanza: el Premio Nobel de la Paz y titular del Serpaj, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta pidiendo la suspensión del convenio. Y, el último día, Verónica Heredia (abogada de la familia Maldonado) avisó que Sergio (hermano de Santiago) también apoyaba el pedido de cancelar el convenio.

El martes 5 de junio fue el día de sesiones. La flamante decana, Marcela Gally, informó la situación y, sobre tablas, presentó un tercer dictamen. Planteó una fundamentación pro empresaria: "El valor académico del convenio ha sido sumamente valioso desde el punto de vista de generación de conocimiento científico, así como en la formación de recursos humanos". Defendió el trabajo junto a Benetton.

El dictamen de la decana excusó a la Facultad en su accionar, pero también pidió la no renovación del contrato.

Fue votado por unanimidad (el Grupo GET-Qom rechazó la fundamentación).

Pro-Empresa

-El decano saliente y responsable técnico del convenio, Rodolfo Golluscio, reconoció que ya había avanzado en la renovación del contrato (aún sabiendo que se debía aprobar en el Consejo Directivo). Lamentó que se haya votado la cancelación y pidió que no se diera publicidad a la decisión.

-La consejera estudiantil por la agrupación Línea de Agronomía Independiente (LAI, de derecha) cuestionó con enojo que la sociedad opine sobre el accionar de la Facultad y, más enojada aún, rechazó que la universidad pública tome decisiones según lo que sucede fuera de la isla universitaria.

-La vicedecana, Adriana Kantolic, se expresó en contra de la cancelación del convenio. Incluso acusó a los solicitantes de haber tergiversado información para obtener el apoyo de Pérez Esquivel y de organizaciones indígenas. Kantolic, defensora del modelo transgénico, es la responsable técnica de otros convenios con empresas, entre ellas la cuestionada Monsanto.

http://www.lavaca.org/notas/chau-benetton-de-la-uba-2/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=243191

El modelo consolida el poder económico, estatal y mediático de las transnacionales

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Fuente: http://www.grain.

En consecuencia, hagamos a la generalización de la toma de conciencia de porqué:

Es momento de decir BASTA!!!

Los pueblos nos unimos ante la política expansionista de las multinacionales, que se instaló hace varias décadas en Latinoamérica, y que hoy profundiza el despojo atropellando nuestros mecanismos democráticos de decisión. 

*Fracking, megaminería, centrales nucleares, agronegocios, curtiembres, represas, autovías, gasoductos*, todas actividades e infraestructuras que no sólo saquean nuestros bienes comunes sino también nuestra salud, el agua, los territorios... el futuro, incluso de los que  contaminan.

Este plan económico nefasto, patriarcal que  reprime las resistencias, ahonda las desigualdades, y arrasa con parte de nuestra historia, atacando abiertamente a los pueblos originarios preexistentes a los estados, debe ser visibilizado y denunciado en cada territorio por ir contra la vida misma.

Por eso el próximo *5 de junio* Día Mundial del Ambiente salimos a las rutas a compartir nuestros sufrimientos y verdades para convertirlos en un tejido de luchas socioambientales que movilice a los pueblos afectados por el extractivismo, y sometidos por empresas y funcionarios sin escrúpulos.

ANTE LA CRISIS DECIMOS BASTA!!!

Invitamos a los pueblos a autoconvocarse de manera solidaria POR EL AGUA, LOS TERRITORIOS Y EL BUEN VIVIR.

Convoca RED DE LUCHAS SOCIOAMBIENTALES integrada por: 

SAN JUAN

Asamblea Jachal No se toca

CATAMARCA

Asamblea El Algarrobo

Asamblea del Yokavil, Santa María - Catamarca

LA RIOJA 

Asamblea de Famatina, La Rioja 

Autoconvocados x el FAMATINA No se Toca

Asambleas Riojanas 

Asamblea El Retamo, Nonogasta

Chilecito  Sin Contaminación

Cooperativa Cuchiyaco de Castro Barros, La Rioja

MENDOZA

Asamblea Popular por el Agua

CHUBUT

Foro Ambiental y Social de la Patagonia, Comodoro Rivadavia

Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides

Asamblea Rawson - Playa Unión por el No a la Megamineria

Movimiento de Trabajadores y Campesinos Autónomos, Rawson

Vecinos Autoconvocados de Río Pico

SANTA CRUZ 

Red Ecosocialista, Río Gallegos

Movimiento Patagonia Libre

RIO NEGRO/BUENOS AIRES

Asamblea No Nuclear de Viedma y Carmen de Patagones

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones 

RIO NEGRO

Asociación Civil Árbol de Pie - Bariloche, Río Negro

BUENOS AIRES 

Asociación por la Justicia Ambiental

Conciencia Solidaria

Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto

Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina 

Movimiento Antinuclear Zárate Campana

CÓRDOBA

Seminario en Justicia Ambiental - Universidad Nacional de Córdoba

Asamblea socio ambiental CASA

Organización Territorial de Pueblos indígenas KAMI HENEN

Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital

ADARSA Asociación de Amigos del Río San Antonio 

SANTA FE

Vecinos Autoconvocados por la Vida, Timbúes - Santa Fe

NEUQUÉN

Asamblea Centenario Libre de Fracking, Neuquén 

LA PAMPA

Colectivo Sanitario La Pampa

JUJUY

Juntos Podemos en un Ambiente Sano

Asamblea Socioambiental Cuenca de Los Pozuelos, Puna jujeña 

SALTA

Vecinos Autoconvocados de la Cuenca del Rio Juramento

Asamblea Socioambiental

TUCUMAN 

Pro Eco Grupo Ecologista

LATINOAMERICA

Coalición Latinoamericana contra el Fracking - COESUS

Movimiento Climático 350. org

ADHIEREN

Isabel Dominguez -  Montevideo, Uruguay

CHILE:

Comisión Justicia y Paz, Aysén

Pastoral Social, Aysén

Luis Infanti De la Mora, Obispo de Aysén

Comité pro Defensa de la Flora y Fauna

Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén

ARGENTINA 

Mara Puntano Abogada UTD Mosconi y Comunidades Originarias de Salta 

Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, Allen - Río Negro

Sindicato de Trabajadores de Prensa, Comodoro Rivadavia - Chubut

 Asamblea Valle de Conesa, Río Negro

Asamblea Socioambiental Fiske Menuco, Río Negro

Departamento Socioambiental Unter Villa Regina, Río Negro

Asamblea Socio Ambiental de Cipolletti, Río Negro

Espacio de Participación Popular SAO-Las Grutas de Río Negro

Ambiente Saludable San Andrés de Giles, Buenos Aires

Asamblea de Ancasti por la Vida, Catamarca

MST, Comodoro Rivadavia

 "Colectivo Me Hago Cargo" Pueblo Belgrano, Entre Ríos

Asamblea No a los agrotóxicos, San José - Colón

 Asamblea Ciudadana Ambiental de Colón

Asamblea por la Vida de Chilecito

Red Ecosocialista Córdoba

No a la Mina Buenos Aires

 Asambleas del Valle  de Punilla, Córdoba

Marea Roja en la ILPS, Rosario

Feria Agroecológica, Córdoba

Asamblea No a la Entrega de la Costa de Quilmes y Avellaneda, Buenos Aires -- 
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
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facebook.com/unionasambleasciudadanas
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NUEVO 2018 -->(Cuadernillo Sistematización Encuentros de la UAC -PDF-) -->https://goo.gl/7GXjqB

                                           

 

Chubut: El final de un modelo de saqueo provincial

9 de junio de 2018

En Chubut estamos ante una crisis provincial de características semejantes a la que se vivió a inicios de la década del '90, surcada por lo que, en aquel momento, se conoció como el "Chubutazo": un gran proceso de movilizaciones populares que derivó en la renuncia del gobernador Néstor Perl y la asunción de su vice, Fernando Cosentino.

Por Gonzalo Pérez Alvarez* | Fotos: Alex Dukal

Primer acto: el Chubutazo y la década del '90

Aquella ruptura era parte del proceso de imposición de la hegemonía neoliberal a nivel nacional, de la mano del gobierno del partido justicialista encabezado por Carlos Menem, y como parte de la transformación regresiva que se impulsaba en toda la estructura económica y social del país.

Para algunas regiones, como Patagonia, este cambio era especialmente abrupto: veníamos de décadas de sostenido crecimiento, en torno a un programa desarrollista que impulsaba la radicación de industrias en la región, con el consiguiente arribo permanente de nuevos migrantes y la dinamización de la actividad económica. Las familias trabajadoras que llegaban a Chubut durante las décadas del '60, '70 y '80, tenían la posibilidad de conseguir trabajos relativamente bien remunerados y de acceder a mejorar sus condiciones de vida, aunque esto fuese al costo de extenuantes jornadas de labor y de ver muy poco a sus hijos.

Esa situación de posible crecimiento social fue brutalmente modificada: el triunfante neoliberalismo demandaba profundizar la explotación de todos los bienes comunes (que para su discurso serían, simplemente, "commodities"), transformándolos en mercancías privadas. Uno de los puntales del anterior modelo de desarrollo, aún con sus evidentes imperfecciones, era que la administración de algunos de nuestros bienes comunes ("recursos naturales" para el discurso desarrollista) era llevada adelante por empresas estatales y, por ello, el estado nacional y provincial recibía una relevante porción de lo producido.

Cuando se inició la privatización de YPF (un proceso que se completó hacia 1994), de inmediato los estados provinciales dependientes de los recursos petroleros sufrieron el ajuste en sus cuentas.El hecho de que el "chubutazo" de los '90 se enmarcó en un proceso nacional lo demuestra que la caída del gobernador en el marco de grandes conflictos sociales sucedió de manera casi idéntica en Santa Cruz, Jujuy y Chubut.

En las dos provincias patagónicas el vice que asumió, y los gobernadores que los sucedieron en 1991 (Maestro en Chubut y Kirchner en Santa Cruz) fueron, al menos hasta 1998, seguidores de todas las políticas menemistas, y entusiastas impulsores de la funesta privatización de YPF. El caso de Chubut es interesante, porque Maestro, de la UCR, fue un discípulo del neoliberalismo aún más disciplinado que Kirchner. Eso evidencia la unidad casi sin fisuras entre las direcciones políticas del PJ y la UCR, en torno a los lineamientos estratégicos del saqueo provincial.

Durante los años '90 los gobiernos radicales profundizaron en Chubut una pero además ellos tuvieron la base que les otorgó la millonada recibida por la privatización de YPF. En lugar de utilizar esos recursos en ampliar la estructura económica regional, los mismos se malgastaron y, si bien nunca nada se investigó (ni siquiera cuando ganó el PJ), seguramente también fueron alimento de las sorprendentes nuevas fortunas que por entonces nacieron, especialmente en la zona del Valle.En definitiva aquel chubutazo, una legítima lucha de los sindicatos y sectores populares contra el retraso en el pago de sueldos y la situación económica provincial, no consiguió construir una alternativa propia para la resolución de la crisis.

Los grupos populares tuvieron peso al momento del conflicto, generaron la lucha, defendieron correctamente sus derechos, pero no consiguieron proponer una alternativa de "nuevo orden" ante la caída de la vieja sociedad desarrollista: así, la clase dominante retomó los peores elementos de aquel viejo orden, le sumó algunos rasgos para disfrazarlo de "nuevo", y reformó la estructura económica provincial. Los años '90 serán los de la desaparición del proyecto industrialista, la privatización de los bienes comunes y el despilfarro de la venta de YPF.

Segundo acto: del 2001 al saqueo dasnevista

El quiebre del 2001 también se hizo sentir en Chubut: a los gobiernos radicales le siguió la hegemonía dasnevista, que, con idas y vueltas, se mantendría desde el año 2003 hasta el presente. Es importante recordar aquí, que Das Neves era hasta 1990 el secretario general de Néstor Perl, y uno de los que ejecutó parte del plan para obligarlo a renunciar.El dasnevismo usufructuó la recuperación económica posterior a la crisis del 2001 y, especialmente, un barril de petróleo que superó durante varios años la histórica cifra de los U$S 100.

Sin embargo, nuevamente, en lugar de pensar un esquema de desarrollo con algún grado de sustentabilidad en el tiempo, los dirigentes del gobierno sólo se dedicaron a malgastar ese dinero en obras públicas innecesarias y evidentemente sobre facturadas (quizás, para el Valle, el caso más emblemático fue el del "embellecimiento" céntrico de Trelew).

No había que ser ningún genio de las finanzas para saber que ese precio del petróleo era circunstancial. Al dasnevismo le permitió amasar varias fortunas personales y financiar las sucesivas campañas electorales, especialmente la absurda aventura presidencial del mismo Das Neves, fracasada en 2011…

Aún no sabemos cuántos millones se fueron por allí: quizás nunca conoceremos el número de años de un futuro digno para nuestra provincia que así fueron saqueados.El saqueo fue la marca registrada del dasnevismo. Al sistemático robo del petróleo en manos de las compañías multinacionales, se le sumó el caso más escandaloso de la historia de Chubut: la extensión, ¡por 40 años! de la concesión petrolera a Pan American Energy, desde 2007 a 2047.

Esa prórroga implicó, para PAE, beneficiarse por recursos que superaron los 40.000 millones de dólares: la provincia recibió, a cambio, la miserable suma de 200 millones de dólares. Todavía no sabemos cuánto embolsaron los responsables de ese descarado robo a nuestro futuro: en primer lugar Mario Das Neves, pero también sus ministros y diputados: Norberto Yahuar, Javier Touriñán, Néstor Di Pierro, Martín Buzzi, entre otros.

A ese saqueo estructural le siguieron otras extensiones de concesión. A su vez, en todo el largo período dasnevista, se sostuvo el saqueo en la actividad pesquera, que nunca fue controlada por el estado provincial, permitiendo a las empresas privadas (especialmente de capitales europeos) la depredación de nuestro litoral marítimo.

Esa práctica se había iniciado en los '90 y se profundizó durante el dasnevismo de la mano de su antiguo "superministro" Yahuar (luego ministro nacional del área).En los años posteriores al 2003 se impulsó la privatización y concentración de tierras, para lo cual era necesario acentuar la praxis represiva contra el pueblo mapuche-tehuelche.

Grandes millonarios extranjeros y argentinos se apropiaron de miles de hectáreas, desplazando a sus legítimos pobladores y transformando lo que era propiedad de muchos en simples mercancías privadas. Una importante porción de la tierra de Chubut, de sus bosques, lagos, ríos y montañas, dejaron de ser de todas y todos, para pasar a ser propiedad de unos pocos.

En la zona del Valle la privatización de la costa del río Chubut es quizás el ejemplo más evidente; en la cordillera y la costa marítima son innumerables…Das Neves gobernó directamente del 2003 al 2011. Ese año se lanzó, con nuestro dinero, a su tragicómica campaña presidencial, e impuso, a dedo, al siguiente gobernador provincial: el casi desconocido Martín Buzzi.

Ambos compartieron el acto fundante del dasnevismo: la entrega a PAE. La posterior ruptura personalista llevó a que Das Neves debiese conformar un nuevo partido, el ChuSoTo (Chubut Somos Todos), con el cual ganaría las elecciones del año 2015.

Desde el inicio de su último gobierno Das Neves se lanzó a una enloquecida carrera de endeudamiento externo, que sólo podía terminar mal: pero claro, un gobernador acostumbrado a "gestionar" con un barril a 100, no sabía qué hacer con el petróleo por debajo de los 50. Menos aún cuando su primer acto de gobierno fue la increíble decisión de subsidiar a las "pobres" petroleras, para que no ganasen tanto menos.

En los dos años finales de su vida, Das Neves terminó de saquear la provincia, hipotecando las regalías petroleras de los próximos gobiernos.Los casos de corrupción recientemente "descubiertos" y el encarcelamiento de parte de la cúpula dasnevista (aunque, eso sí, aún no se tocó a nadie de la familia Das Neves, ni a ninguna familia "ilustre" del Valle) son apenas una muestra del saqueo estructural que representó esa línea política para Chubut. El previsible fallecimiento de Das Neves (al ser elegido se sabía que sufría una enfermedad terminal) dejó un gobierno políticamente débil e inexperto, un partido gobernante sin liderazgo y fragmentado entre distintas bandas con intereses económico-personales, y una provincia saqueada, fundida y sobre endeudada. Ninguno de los bienes comunes claves es provincial y todo ha sido privatizado: en los últimos años se sumó al negocio privado la producción energética, vía la consolidación del monstruo económico que es Aluar, y a través de las concesiones a los parques eólicos, que se llevan la energía producida por nuestra naturaleza sin dejar ni siquiera algunos puestos de trabajo en Chubut.

Tercer acto: nuevo "chubutazo"… ¿nuevo futuro?

La crisis económica de Chubut, varias veces prevista, hizo eclosión a poco de asumir la gobernación Mariano Arcioni. Un déficit que en 2017 llegó a $6.232 millones y un endeudamiento con vencimientos cada vez más cercanos y que supera los $29.000 millones, más la falta de aportes del gobierno nacional, llevaron a que el 2018 comenzase con atrasos en el pago de sueldos y la cancelación de varios servicios esenciales.Con una economía en plena recesión, esa medida sólo consiguió contraer aún más el consumo popular e impactó de inmediato en el empleo privado. La inflación en Patagonia es la más elevada del país, con un incremento del 4,7% entre los meses de enero y febrero. Además la desocupación en el aglomerado urbano Trelew-Rawson llegó al 8,9% en la última medición, la más alta de Patagonia y la segunda a nivel nacional (sólo está peor Mar del Plata). Es un dato especialmente preocupante, ya que se trata de la región que concentra la mayoría del empleo provincial de Chubut: demuestra que el empleo privado está absolutamente en retroceso.

A estas cifras se suma que la producción petrolera de enero-febrero cayó un 3,3% en Chubut, acumulando un descenso del 9,7% desde 2015. Los anuncios de inversiones y creación de fuentes de trabajo, promesas tantas veces hechas por las operadoras petroleras, siguen siendo una mentira: mientras el estado provincial las financió cuando el barril de petróleo estaba bajo a nivel internacional (ese gasto es una de las claves que explican el déficit provincial), hoy, que volvieron a ganar dinero, no "derraman" nada sobre Chubut.

La deuda tomada por Das Neves fue en bonos a diez años, en dólares, garantizados con regalías hidrocarburíferas y regidos por la ley de Nueva York. La deuda pública de Chubut se incrementó un 140% y pasó de representar el 49% al 94% de sus ingresos. Arcioni, como primera medida relevante de gobierno, aceptó la presión nacional y consiguió que se apruebe el "pacto fiscal": esto ya impactó en las cuentas chubutenses, anulando diversos ingresos que hasta entonces tenía la provincia; su firma limita la autonomía provincial e impide formular impuestos propios. Si bien hasta marzo los municipios lograron pagar los sueldos, en gran medida gracias al efecto arrastre del pago anticipado de impuestos, la quita del impuesto a ingresos brutos será un golpe muy significativo, que dificultará aún más el manejo de sus finanzas.Todo parece un escenario ideal para que el gobierno nacional profundice su presión para imponer la megaminería en Chubut: lo descarado de la extorsión que está en marcha no hace necesario dar demasiados ejemplos, al menos para quienes vivimos en esta provincia. Día a día las operaciones de prensa "muestran" que la megaminería sería la receta mágica para solucionar todos los males financieros, asegurar el pago de los salarios a los trabajadores, solucionar la deuda con los proveedores del estado y refinanciar la deuda externa.

Cuando terminaba de escribir este artículo, el 29 de marzo, nos enteramos que ocho intendentes presentaron un proyecto a la Legislatura para habilitar la megaminería: Cambiemos los utiliza para que parezca un pedido de esos pueblos necesitados, cuando es sólo una maniobra de un grupo de ambiciosos y nada representativos políticos, y de las grandes multinacionales que los financian.Las y los chubutenses ya hemos demostrado, hasta el cansancio, que no queremos esa actividad contaminante en nuestro territorio: para los poderosos este sería el paso final en su modelo de saqueo y privatización de todo lo que son nuestros bienes comunes. La megaminería sería la privatización definitiva de la tierra, las montañas, el agua.

Y sólo nos dejaría contaminación y muerte: pero, a cambio, los poderosos ganarían miles de millones de dólares. Ellos lo saben, por eso están dispuestos a todo. Pero, esta vez, parece que nuestro pueblo también sabe que nada bueno puede esperarse de ese proyecto: como máximo algunos años de relativa "prosperidad", para luego caer en una ruina total. Macri y Aranguren seguirán intentando imponer ese proyecto.

Nosotros, movilizados, podremos impedirlo. Las grandes movilizaciones de trabajadores no tardaron en ponerse en marcha ante el atraso salarial, así como las huelgas y retenciones de servicio. La conformación de la mesa de unidad sindical y la masividad de las marchas hacen remedar de inmediato a las impresionantes movilizaciones del año '90, aquellas conocidas nacionalmente como "chubutazo".

Pero hoy parece existir una nueva conciencia: la mayoría de las y los trabajadores no quieren que, para pagarse sus salarios, se abra la puerta a la megaminería. En esa conciencia se expresa una experiencia acumulada de luchas económicas, sociales, ambientales y de derechos humanos, que es parte, al menos, de una fracción importante del pueblo que hoy ocupa las calles de Chubut. Esa experiencia es la que debemos retomar, esa fuerza social que se expresa en las calles, para hacerla proyecto político transformador, logrando que no sólo digamos "NO a lo viejo", sino que, además, podamos construir, desde abajo, un "nuevo Chubut".Los que buscamos generar profundas transformaciones sociales cargamos siempre con un peligro: ser capaces de romper lo viejo, pero incapaces de construir lo nuevo. Gramsci, ese gran dirigente revolucionario, decía que lo complejo de los momentos de crisis orgánica, era que lo viejo ya no podía vivir cómo antes, pero que a la vez se resistía a morir, y que lo nuevo aún no tenía la suficiente fuerza para nacer.

Así, el "nuevo orden" que se imponía tras el momento de abierto conflicto, solía ser una reconfiguración de lo viejo, de ese orden moribundo pero resistente, apenas con algún nuevo disfraz. Por eso, quienes pretendemos transformar la realidad, debemos hacer un gran esfuerzo para tratar de poner en pie "un nuevo orden". No limitarnos a enfrentar lo viejo, a decir ya no queremos este gobierno o ese sector dirigente, sino también a construir lo nuevo.

El pueblo trabajador no quiere, ni puede, vivir en un estado de permanente conflicto. Tras los momentos de irrupción popular, sectores cada vez más importantes empiezan a buscar soluciones: si quienes intentamos transformar las cosas no las ofrecemos, aquellos que sólo buscan profundizar el saqueo las disfrazarán.En los '90 el chubutazo dio por tierra el antiguo orden, pero esa fuerza social popular no pudo construir un orden nuevo favorable a las mayorías populares. En su lugar se consolidó el saqueo y la depredación. Hoy el contubernio de los partidos tradicionales nuevamente busca dar otra vuelta de tuerca a ese saqueo: la anhelada imposición de la megaminería terminaría de cerrar todos los cepos sobre nuestro futuro.

Desde el pueblo, desde abajo, debemos entonces construir la alternativa. La misma necesita expresar en una propuesta política unificada que diga sí a lo nuevo, esa fuerza popular que se expresa en las calles diciendo no a lo viejo.

Lo nuevo será un estado provincial que recupere la administración de sus bienes comunes, que imponga impuestos a las grandes compañías, que impulse la producción a partir de encadenamientos productivos locales, que dinamice la economía desde la defensa del medio ambiente y el cuidado de la naturaleza, que construya un estado eficiente que multiplique la obra pública, rompiendo con el esquema corrupto de los políticos y empresarios que saquearon la provincia.

Eso debemos construir, un nuevo Chubut, un verdadero futuro.

*Gonzalo Pérez Alvarez, integrante de Movilización y Acción por un Pueblo Unido (MAPU)

Fuente: http://www.anred.org/?p=97568

 Dosier publicado en: http://www.confraternizarhoy.com.ar/pais.htm

              

                                                                

 

Extractivismos y corrupción en América del Sur

Estructuras, dinámicas y tendencias en una íntima relación

Eduardo Gudynas

Una revisión de casos destacados de corrupción en sectores extractivistas muestra que ocurre en todos los países sudamericanos, enmarcados en diferentes regímenes de propiedad y acceso a los recursos naturales, y bajo gobiernos tanto conservadores como progresistas. Afecta a todos los tipos de extractivismos (minero, petrolero, agropecuario, pesquero, etc.), tanto en los enclaves de apropiación de recursos como en sus redes de conexión y cuencas de soporte. La corrupción extractivista se puede organizar en redes de cre-ciente complejidad, con la participación de muy diversos actores, incluyendo líderes locales. En éstas las interacciones descansan sobre flujos de dinero, información y poder. La corrupción fortalece algunos efectos derrame de los extrac-tivismos, especialmente en erosionar a las co-munidades locales, debilitar la construcción de política públicas y en deteriorar la calidad democrática.

Texto completo:  PDF

http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/reviise/article/view/197/pdf

 

enlaces relacionados:

http://accionyreaccion.com/corrupcion-y-extractivismos/comment-page-1/#comment-13132

http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/reviise/article/view/197

 

                                                             

 

¿Qué es el extractivismo? Apuntes críticos para un debate necesario

Publicado en: Latinoamérica

En las últimas décadas la discursividad sobre la problemática ambiental y territorial se ha visto inundada por el concepto "extractivismo". Ha entrado en escena superando las disquisiciones previas que remitían fundamentalmente la problemática ambiental a desajustes de planificación, organización o hasta de conductas individuales para poner en el centro de la escena al modelo de desarrollo y sus injusticias geopolíticas o, por lo menos, a ciertos aspectos de dicho modelo como la fuente primordial a partir de donde poder entender la "crisis ambiental" del presente. Sin embargo, previo al concepto de extractivismo los pensamientos más lúcidos y críticos ya habían puesto sobre el tapete la centralidad del desarrollo, pero fueron voces escasas y casi solitarias.

En función de esto nos preguntamos cuál o cuáles son los conceptos más pertinentes para dar un debate dialéctico sobre el proceso de despojo, entendiéndolo como central en la confrontación con el pensamiento científico hegemónico orientado a profundizar la instrumentalización de la naturaleza a escalas cada vez más profundas. A su vez, en esta tarea indagamos qué tipo de importancia tiene, en el contexto actual, recuperar las nociones de capitalismo y lucha de clases y qué nociones o perspectivas podemos incorporar para complejizar este tipo de reflexiones.

 

Aproximación a la conceptualización extractivista

Varios autores muy citados apelan hoy al concepto de extractivismo como explicación de la sociedad latinoamericana actual. De este modo, al extractivismo debemos tanto la pobreza como las crisis económicas, así como el modelo democrático y de convivencia. Al mismo tiempo, el carácter autónomo del extractivismo, en el sentido que desde esta práctica puede explicarse tanto el patrón de desarrollo como el derrotero político y hasta la división internacional de trabajo, es ampliamente compartido por la bibliografía sobre el tema. Pero además aflora en muchos escritos su carácter novedoso, como nueva forma de producción que si bien puede guardar ciertos lazos con el pasado, asume todas sus características y fuerzas en este presente extractivista. Por otra parte, el carácter autónomo del extractivismo, junto a su novedad, se colige muy ajustadamente con una de las más ilustrativas definiciones de las últimas décadas como es aquella referida a la "sociedad del riesgo".

En síntesis, el extractivismo, bajo un manto de novedad, se presenta como un modelo autónomo distinguido de otras variables que hasta el momento han sido utilizadas para explicar el sistema dominante. A su vez, al vincular el extractivismo con la globalización y la ruptura con lo local, eclipsa las antiguas teorizaciones sobre la división internacional del trabajo. En función de las reflexiones, y teniendo en cuenta la importancia del rol que ocupa la naturaleza y lo territorial en la constitución de este sistema, proponemos, a continuación, un análisis alternativo.

 

Un repaso histórico: extractivismo o acumulación

Para percibir y entender toda la complejidad del proceso de relación sociedad-naturaleza-territorio es necesario tomar el proceso extractivo en tanto integrante de un complejo entramado de relaciones, operaciones y procesos que adoptan las formaciones sociales en tanto estrategia de producción, distribución y reproducción de los recursos (naturales y humanos), los beneficios y el trabajo, tal como ya lo explicó Marx en El Capital. Por esto, resulta indispensable pensar al proceso extractivo (en tanto práctica), más que al extractivismo (en tanto fenómeno sustantivo), como una etapa del proceso total de la acumulación. Y como etapa, va sufriendo –al igual que el proceso de acumulación– cambios y transformaciones a lo largo del tiempo, pero siempre en relación con los principios básicos que implican tanto la explotación del trabajo como de la naturaleza (primera y segunda contradicción del capital).

Si el proceso de acumulación capitalista tiene ya casi cinco siglos de existencia es obvio esperar que el proceso extractivo se haya modificado ampliamente, atendiendo especialmente al dinámico ritmo de innovación tecnológica que caracteriza al capital. Sin embargo, esto de ninguna manera implica que con cada renovación se acceda a un nuevo (neo) proceso extractivo ni nuevo (neo) proceso de acumulación. La lógica capitalista que subyace no deja de asentarse en tanto estrategia de explotación y dominación, en la extracción de plusvalía y producción de desigualdad al separar medios de producción y fuerza de trabajo. Como vemos la extracción (expropiación) no es un fenómeno exclusivo de las relaciones entre sociedad y naturaleza y claramente va adoptando una multiplicidad de formas y variantes tanto a lo largo del espacio como a través del paso del tiempo.

La articulación sociedad-naturaleza-territorio debe entenderse como mediación dialéctica. Es la mediación social la forma de articulación existente entre los mundos físico-biológicos y el mundo humano (que incluye dialécticamente al primero), y es irremediablemente mediación pues cada uno de ellos, si bien conforman la unidad diversa naturaleza-cultura/historia, se configura en base a premisas particulares y características singulares. Esta articulación sociedad-naturaleza-territorio y esta unidad dialéctica de la existencia implica siempre el aprovechamiento de la naturaleza por la sociedad más sus diversas formas de representarla y la consecuente construcción social de un territorio.

El ser humano en sociedad tiene, desde siempre, la capacidad de "trascender histórico-culturalmente" las leyes ecosistémicas, convirtiéndose así en sujeto que interactúa con la materia y el espacio, los piensa y los transforma. Esta transformación implica la valorización y utilización de esta materia, la representación y extracción de componentes de la naturaleza y los resignifica al introducirlos en su propio proceso de producción y reproducción en relación siempre a un régimen de acumulación predominante (material y simbólico); procesos que contienen al mismo tiempo la construcción de uno y múltiples territorios. Esta transformación permanente y creciente, implica necesariamente un proceso social, histórico y cultural de construcción del territorio a partir de un espacio dado naturalmente o ya previamente transformado, un territorio así, que se hace moldeando y remodelando el espacio natural en pos de su aprovechamiento.

Esta construcción y reconstrucción territorial se hace siempre sobre la base de la extracción de recursos de la naturaleza, extracción que es inherente al ser de lo humano sobre la tierra, pero que se enhebra en cada momento histórico y en cada espacio con determinados patrones de acumulación que son aquellos que definirán tipo e intensidad de esta extracción. Así, el proceso de extracción nunca es la variable independiente del proceso. Y esta construcción está mediada también por la conflictividad, dadas las relaciones antagónicas inherentes a toda sociedad de clases y que configuran un determinado proceso y modo de acumulación.

En cuanto al proceso socio-histórico regional podemos confirmar que la historia del desarrollo de los países latinoamericanos ha sido definida primariamente por la ecuación capital–recursos naturales/territorio, por cuanto emergieron al mundo moderno con un papel predominante de dadores de materias primas, ya sea recursos minerales o agropecuarios. La cita de Cristóbal Colón en su Diario de Viajes no deja lugar a dudas: "Yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vide que algunos dellos traían un pedazuelo colgando en un agujero que tenían a la nariz, y por señas pude entender que yendo al Sur o volviendo la isla por el Sur, que estaba allí un Rey que tenía grandes vasos dello, y tenía muy mucho" (porque) "del oro se hace tesoro, y con él quien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo y llega a que echa las ánimas al Paraíso". Es claro que el mismísimo "descubrimiento" y colonización llevaba en su impronta el objetivo de aprovecharse de los recursos materiales y humanos disponibles en las tierras más allá del Viejo Mundo para que sirvieran de incentivo y estímulo al proceso de acumulación capitalista de la Europa moderna naciente.

El hoy llamado extractivismo es en realidad intrínseco, cuanto menos, a la modernidad misma y muy especialmente al "nacimiento" de Latinoamérica y el resto de la periferia como resultado de la expansión europea moderna. Decimos "cuanto menos" dado que, y como afirmamos más arriba, el ser humano como especie se constituye cultural e históricamente a partir de su capacidad diferencial para la utilización de la naturaleza a través del proceso extracción-producción-consumo.

Es sin dudas en la modernidad cuando el usufructo de la naturaleza y el espacio se intensifican exponencialmente para ponerlo al servicio de la ganancia. Es que la territorialización capitalista es, por propia definición, sinónimo de instrumentalización diferencial del territorio que conlleva en sí mismo los mecanismos extractivistas. Extractivismo significa no solo extraer componentes de la naturaleza para el sostenimiento, sino una extracción asociada con el proceso de acumulación, ganancia y desigualdad de clases.

El extractivismo de la modernidad capitalista es consecuencia precisamente de la racionalidad instrumental que se constituye con la propia modernidad y no sólo en las últimas décadas neoliberales. Instrumentalidad, por cuanto la naturaleza pasa a ser primordialmente un objeto de usufructo en tanto instrumento esencial para la construcción del "confort" (ideario de felicidad según la razón subjetiva), en el sentido en el que ampliamente lo desarrollaron Theodor Adorno y Max Horkheimer a mediados del siglo XX.

Este extractivismo que responde a la maximización de las ganancias variará en su expresión y modo de articulación a medida que los procesos de producción económica y reproducción social y política vayan evolucionando, de manera que lo que ayer no era extraíble o transformable, hoy sí ya pueda serlo; y de lo que ayer no era una necesidad, hoy se erija como tal. Entonces, lo que ha variado en estas últimas décadas, además de las herramientas tecnológicas, fue una presencia complementaria en mayor o menor medida de algún proceso parcial de industrialización y la consolidación de un determinado tipo de consumo. De ahí que aquellos que la definen como extractivista (o neoextractivista) están de alguna manera soslayando la historia latinoamericana y de la propia modernidad, planteando como novedad un proceso que define a toda la trayectoria de "acumulación dependiente" del subcontinente americano.

En relación al concepto de neoextractivismo que algunas posiciones esgrimen como noción diferenciadora, vale recordar que desde una perspectiva dialéctica referir un momento en base al prefijo "neo" es por sí mismo obvio y evidente, por cuanto la dialéctica implica precisamente una dinámica cambiante. Por lo tanto, lo "neo" resultaría redundante, debido a que cada nuevo momento del proceso dialéctico implicaría un "neo"-momento. Solo desde miradas que fijan la realidad y la conciben más bien estática, asume el prefijo "neo" algún sentido por cuanto con él se refieren al cambio como una novedad. Claramente no es el caso si entendemos al proceso extractivo como un componente esencial del proceso de acumulación moderno, en donde el cambio y la novedad son unas de sus definiciones fundantes. Más que hablar de "neo" quizás sería más preciso definir como "ni todo nuevo, ni siempre igual".

A su vez, la particular conjunción entre tecnología y territorio constituye un eje clave de la competencia internacional a la vez que pilar fundamental en el proceso de construcción de hegemonía. Las disputas internas al capital, disputas por el grado de participación en la distribución de los beneficios, se expresan cada vez más fuertemente tanto en el desarrollo tecnológico como en la carrera por la búsqueda y transformación de territorios, ya sea para la extracción de los recursos-insumos como para la construcción de mercados de consumo (de esos recursos extraídos y transformados). Esto viene generando relaciones desiguales entre los territorios y las naciones gestando situaciones diferenciales de desarrollo, subdesarrollo, dependencia, desigualdad y subordinación.

Si la propia acumulación originaria se basó en la apropiación por la fuerza (mediación violenta) de tierras y recursos para convertirlos en la matriz esencial de arranque del sistema capitalista de producción, su evolución posterior no estuvo tampoco ajena a esta ecuación expropiatoria (lo que hoy se denomina "extractivismo"). Esta acumulación, basada en la predación y la violencia sin disimulo, en un sector (clase social y territorio), mediada por la desposesión de otro adquiere entonces en la actualidad una evidente visibilidad, cuando el agotamiento de muchos recursos está llamando la atención incluso al propio capital. Vale aclarar que este proceso de crecimiento y desarrollo basado en la desposesión, el saqueo y el pillaje no es privativo del capitalismo, aunque el ritmo y la eficiencia del actual proceso de predación es inhallable en cualquier ejemplo del pasado. De diversas formas y expresiones se lo registra en reiteradas oportunidades en la historia de occidente.

Fue muy intensa la discusión sobre estos tópicos en las décadas previas a la instalación del neoliberalismo y nos remiten de alguna manera a las discusiones actuales sobre el desarrollo y el extractivismo. Las discusiones y reflexiones sobre la relación metrópoli-satélite, desarrollo-subdesarrollo, liberación-dependencia, civilización-formación social, etc., se centraban justamente en la discusión sobre la producción y distribución de los recursos, que incluye obviamente todo lo referido a la actividad extractiva, pues no hay producción sin extracción. Si el hoy llamado extractivismo no estaba presente como concepto tiene que ver, por un lado, con la todavía escasa sensibilidad ambiental de aquellos años, pero también, por otro lado, con la secuencia intelectual obvia que remite a la renovación permanente de las categorías y de su capacidad de interpelación de la realidad en dialéctica relación con los procesos sociopolíticos.

Sin embargo, esta renovación permanente no implica desconocer o no reconocer la existencia de un modo de acumulación particular. Por el contrario, lo ideal sería recuperar conocimientos y discusiones previas sobre su caracterización y profundizar en su análisis. Un ejemplo interesante es el aporte realizado por Silvia Federici en el libro titulado El calibán y la bruja sobre el rol de las mujeres como reproductoras de la fuerza de trabajo y sobre la necesidad del aniquilamiento de miles de mujeres consideradas "brujas" en el proceso constitutivo del capitalismo como sistema dominante. Por poner solo un ejemplo de todo el desarrollo que hace la autora, las mujeres al ser consideradas como máquinas de producción de nuevos trabajadores también son parte del proceso dialéctico acumulación-producción-extracción. Así, la innovación intelectual, dentro de los estudios dialécticos y complejos estructurados sobre la reflexión del modo de acumulación, es una tarea fundamental para continuar re-pensando en profundidad el mundo en el que vivimos.

En resumen, el extractivismo implica una mirada sobre lo emergente, cuando lo importante sigue siendo una perspectiva de raíz, de la fuente misma de los sucesos. Entonces, la recuperación del análisis del capitalismo como modo de acumulación y de la lucha de clases como conflicto social inherente, forma parte tanto de la disputa política como de la disputa epistemológica en el contexto actual. Para estas disputas no es suficiente elegir un tema de investigación/estudio/enseñanza de relevancia histórico-coyuntural; sino que también es clave el modo de analizar ese tema y los presupuestos que cada herramienta conlleva. Asimismo, son relevantes porque no quedan enclaustrados en los limitados espacios académicos, también influyen en la lucha diaria de numerosos movimientos sociales, en los que investigadores e investigadoras solemos participar.

 

Acumulación-producción-extracción como proceso dialéctico

Acumulación primitiva, reproducción ampliada y nuevos cercamientos representan una ecuación importante a la hora de entender la estrategia de apropiación de la naturaleza y construcción del territorio en la sociedad capitalista. Los nuevos cercamientos entonces implican la apropiación de aquellas porciones de territorio y espacios de vida aún no incorporados plenamente a la lógica del capital, reeditando así algunos de los procesos de la llamada acumulación primitiva que conviven de esta manera con los mecanismos predominantes de la reproducción ampliada.

Así, debemos considerar a la "segunda contradicción del capital" (como la denomina James O´Connor), o sea la contradicción capital-naturaleza (la primera sería la contradicción capital-trabajo) como aquel proceso que trata en tanto mercancía a la naturaleza y el espacio, de tal manera de poder incluirlos en su ecuación instrumental. La tendencia es al socavamiento de la propia base natural de sustentación del sistema productivo, dado que el capital no puede prever los costos de reproducción de la naturaleza en pos de una sustentabilidad real debido a que afectaría claramente la tasa de ganancia.

En este esquema de racionalidad instrumental, segunda contradicción y conjunción de procesos de acumulación, se vienen definiendo históricamente toda una serie diversa de recursos estratégicos que se relacionan dialécticamente: por un lado, aquellos que la dinámica global del capital define como recurso demandado en un momento histórico determinado y, por otro, aquellos que las condiciones ecológicas regionales determinan como aptos para ser producidos o extraídos en cada territorio.

Podemos hablar de un proceso extractivo que se va transformando en base a la innovación tecnológica permanente y a la propia dinámica de cambio del proceso de acumulación. En esta continuidad extractiva en función del proceso de acumulación, el caucho es un ejemplo histórico en la América Tropical, la plata en la América Andina y el quebracho en la América Subtropical. Más contemporáneo, la explotación de los hidrocarburos y de minerales no deja de generar conflictos socio-políticos y territoriales, donde entran en juego intereses geoestratégicos estadounidenses, capitales multinacionales de base europea y gobiernos con orientación popular-reformista o conservadora. Sin ir más lejos, es importante no dejar pasar los importantes conflictos geopolíticos derivados por la posesión de los yacimientos de gas y petróleo en las recientes historias de Venezuela y Bolivia, más la llamada Guerra del Agua, también en Bolivia, o las más recientes disputas en torno a la potencial energía hidroeléctrica de los ríos patagónicos tanto como los cuestionamientos al avance de la frontera hidrocarburífera con el fracking en dicha región, los cuales muestran de forma elocuente lo central de esta cuestión. Primordial es también mencionar el proceso creciente de sojización de América del Sur, que arrasó con ecosistemas, agrosistemas y culturas, constituyéndose no sólo en la extracción de un recurso en base a su "oportunidad" en términos de su demanda por las naciones más industrializadas (alimento de ganado y biodiésel) sino que también en la aplicación de la tecnología más concentrada y asociada a fuertes niveles de dependencia.

Alienación socio-ecológica, "extractivismo" histórico e instrumentalización de la razón están en la base y las consecuencias de todos estos procesos de acumulación basados en la territorialización extractiva desde que el continente americano es "descubierto" por el capital europeo. Es así que la caracterización que hiciera Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina en la década del 70 sigue absolutamente vigente, poniendo en entredicho los supuestos "descubrimientos intelectuales" del extractivismo o neo-extractivismo.

"Es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de dos eslabones, y que por cierto también comprende, dentro de América Latina, la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores y, fronteras adentro de cada país, la explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra. (Hace cuatro siglos ya habían nacido dieciséis de las veinte ciudades latinoamericanas más pobladas de la actualidad)".

En definitiva, la clave diferenciadora no está en pensar en extractivismo sino en acumulación, entendiéndolo como la articulación entre el despojo, o sea los mecanismos de la acumulación primitiva, y la reproducción ampliada del capital. El extractivismo es solo un instrumento para la acumulación capitalista y debe ser tratado conceptualmente como tal. El eje está en la lógica de acumulación. Para terminar con el extractivismo es necesario discutir todo el proceso complejo y dialéctico de la acumulación y sus diferentes facetas y solo en este entramado discutir la etapa extractiva del capital, por cuanto el proceso extractivista es parte de la totalidad y si bien tiene sus especificidades solo se explica en su sentido íntegro en función de esa totalidad.

* Los autores son miembros del Grupo de Estudio sobre Acumulación, Conflictos y Hegemonía (GEACH). Lorena Natalia Riffo es docente de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Comahue y becaria doctoral del Conicet en el Instituto Patagónico de Humanidades y Ciencias Sociales en la misma universidad. Guido Pascual Galafassi es profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes, investigador independiente del Conicet y director de la Maestría en Desarrollo Territorial y Urbano en la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Avellaneda.

Fuente: La Izquierda Diario   /     http://movimientom4.org

 

                   

                  
    
 

     n° 503

28/09/2018

Frida Khalo