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 Tendencia de militarización de la gestión ambiental en América del Sur

    EDUARDO GUDYNAS


La gestión ambiental y de la tierra en América del Sur está siendo lenta pero persistentemente militarizada, con el objetivo de controlar las industrias extractivas, especialmente la extracción de oro. En Colombia, Brasil y Venezuela, así como en otros países, tanto los gobiernos conservadores como los progresistas participan en esta militarización. La disputa básica no es tanto para evitar los impactos ambientales y sociales negativos, como para controlar los excedentes económicos.

Colombia: la gestión ambiental como política de seguridad

El presidente colombiano Iván Duque presentó recientemente el Plan Nacional de Desarrollo que guiará su administración de cuatro años. La novedad es que incluye la gestión ambiental en las políticas de seguridad nacional y defensa (1). La protección de la biodiversidad y el agua ahora aparecen junto a objetivos como la defensa de las fronteras y la soberanía territorial.

La medida crea una nueva fuerza de seguridad para la "Protección Ambiental Integral", compuesta por oficiales militares y policiales que se coordinan con los fiscales y las autoridades ambientales. El Ministerio de Medio Ambiente se une al Consejo de Seguridad Nacional, las cuestiones ambientales se incorporarán a la Estrategia de Seguridad Nacional y posiblemente incluso a la Estrategia de Inteligencia Nacional.

Desde esta perspectiva de "seguridad", la naturaleza se presenta como un "activo". Este no es un concepto neutral; proviene del mundo de los negocios y promueve la fragmentación de la naturaleza que prioriza el valor económico de los recursos. El plan propone instrumentos de planificación del uso del suelo a gran escala, denominados "zonas de intervención integral estratégica", con objetivos a medio plazo (5 años) tanto en seguridad como en medio ambiente, que servirían para transitar hacia la explotación "legal" de los recursos naturales.

El gobierno colombiano no oculta su objetivo básico, que es poner bajo control la explotación ilegal de los recursos naturales, como la madera y los minerales, especialmente el oro. Los funcionarios del gobierno admiten que la nación enfrenta una situación dramática: el 86% del oro extraído proviene de prácticas ilegales y el 44% de los municipios del país participan en alguna minería ilegal, ya sea de oro o carbón u otros productos. En Colombia, la minería ilegal está tan extendida que ha marginado las prácticas mineras legales y formales.

Varios otros países sudamericanos enfrentan el mismo dilema, especialmente Bolivia y Perú, donde la extracción de oro aluvial se está expandiendo rápidamente al pie de las montañas y en los bosques tropicales. La actividad cobra un alto precio en el medio ambiente, especialmente por la deforestación y la contaminación por mercurio. También causa efectos sociales enormemente negativos, desde el tráfico de niñas y adolescentes hasta el comercio ilegal de insumos y minerales. (2).

El plan de desarrollo colombiano no apunta a terminar con estas prácticas mineras, sino a controlarlas y transformarlas en empresas comerciales formales. Su objetivo es que el Estado decida qué compañías participan y bajo qué condiciones pueden explotar el oro y otros recursos minerales, mientras obtienen una parte de las ganancias que esto produce.

Venezuela: Área Minera Militarizada.

Otro ejemplo extremo se encuentra en Venezuela, donde Nicolás Maduro recurrió a la liberalización de la explotación minera en el llamado Arco Orinoco Mining en uno de varios intentos desesperados por superar la crisis del país (3). El área del Arco Orinoco comprende más de 100 mil km2, con depósitos de oro, diamantes y coltán, entre otros minerales. Allí Maduro creó una "Zona Económica Militar", colocando a las fuerzas armadas a cargo de controlar y dirigir la explotación minera.

Actualmente, existe una disputa rsobre el oro en la región, con varias quejas relacionadas con la participación de los militares tanto en las empresas registradas como en las redes ilegales, involucradas en la destrucción del medio ambiente y la violencia. Los grupos locales denuncian que sus derechos son violados, la deforestación y otros impactos ambientales están aumentando, y la extracción de oro se está extendiendo más allá del área designada a otros territorios amazónicos (3).

Brasil: ofensiva militarista de Bolsonaro

En Brasil, el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro también está dando los primeros pasos hacia una mayor presencia militar en el control de los recursos naturales y los territorios, especialmente en la Amazonía. La nueva visión combina componentes dispares con ciertas fantasías reaccionarias. Bolsonaro promueve la liberalización en el transporte de armas y considera la ocupación de tierras rurales como "terrorismo". Algunos días afirma que los indígenas deben convertirse en "soldados", pero otros días postula convertirlos en "empresarios" en el uso de sus territorios. Con mayor frecuencia, los margina como obstáculos para el progreso.

El nuevo presidente también ha denunciado lo que él llama complots internacionales para apropiarse de Amazon. En particular, cuestionó la iniciativa de crear un "Corredor Triple A" que une áreas protegidas y territorios indígenas que se extienden de un lado a otro del continente, desde Perú (en el norte del Amazonas) y Ecuador, a lo largo del norte. Zona de Brasil y regiones adyacentes de Colombia, Venezuela y las Guayanas. (4) Bolsonaro también lo critica porque, según él, opera de manera análoga a las formas de autodeterminación de los pueblos indígenas. En esto no está solo, hay comandantes militares que lo apoyan (5).

Esto puede explicar las intenciones del gobierno de Bolsonaro de resucitar el antiguo programa militar de la "Caja Norte" de la Amazonía, que incluye los territorios brasileños al norte del río Amazonas a lo largo de aproximadamente 6,500 km de fronteras con Perú, Colombia, Venezuela, Suriname. Guyana y Guayana Francesa. Esta iniciativa se lanzó en 1985 para garantizar la defensa de lo que identificaron como reservas naturales estratégicas, bajo el control del Ministerio de Defensa.

Militarización en otros países sudamericanos

En Perú, la policía o el ejército lanzan regularmente intervenciones para reprimir la protesta ciudadana. El mecanismo que utiliza el gobierno es declarar un estado de emergencia. La más reciente ocurrió el 15 de febrero de 2019 en las áreas de extracción de oro en la zona de amortiguamiento de una reserva en el sur de Amazonas. Según algunos cálculos, la minería ilegal de oro ha causado la deforestación de 11,000 hectáreas de bosque. Estas operaciones involucraron a 1,272 oficiales de policía, 300 miembros de las fuerzas armadas, expertos en explosivos y 70 delegados de la Fiscalía General actuando por tierra, en los ríos y por aire. Afirman que estas fuerzas permanecerán durante unos dos años. (6) Esto revela la enorme escala de estas intervenciones.

La policía y, en ocasiones, acciones militares ocurren en varios otros países. Se han reportado, por ejemplo, en Argentina, especialmente en el control de los campos de fracking en el sur del país; en Bolivia, donde han protegido la entrada de compañías petroleras en territorios indígenas; en Chile con el despliegue de la policía militarizada en las áreas mapuche del país o en el sur de Chile para reprimir a los grupos locales que resisten el llamado "robo" de agua; o en Ecuador, donde han asegurado la protección de nuevas empresas mineras.

En varios de estos casos, la policía o el ejército brindan seguridad o protección a las empresas y sus instalaciones. El caso extremo es Perú, donde las leyes formalizaron mecanismos para que las compañías mineras y petroleras contraten directamente a la policía para brindarles "protección" y "neutralización" de amenazas. En ese país, se han celebrado 138 acuerdos de "prestación extraordinaria de servicios de policía" entre 1995 y 2018, de los cuales 29 siguen vigentes. (7)

En otros casos, se ha asignado a agentes para espiar a líderes locales, como en el caso del Proyecto X de la Gendarmería Argentina, o más recientemente con el espionaje de líderes de iglesias en Brasil por su apoyo a las reclamaciones de tierras declaradas en el Amazonas.

Tendencias emergentes

Es posible adelantar algunas conclusiones sobre este derivado militar y policial sobre el extractivismo. Lo primero es no olvidar que la militarización de la gestión ambiental no es nueva y, por ejemplo, en Brasil es arrastrada por los gobiernos militares desde mediados del siglo XX, aunque en ese momento estaba enfocada en asegurar una presencia territorial en una Amazonia. que muchos consideraban un "desierto" verde, pero en la actualidad es cada vez más evidente en varios países.

El segundo aspecto es que esto se promueve tanto en los gobiernos conservadores como en los progresistas. Las similitudes entre Colombia y Venezuela son sorprendentes. Más allá de la retórica y la participación del Estado, se repiten los modelos de extractivismo, con todos sus impactos. Esto indica que nos enfrentamos a un problema más profundo que involucra las raíces en las concepciones contemporáneas del desarrollo y la naturaleza.

Un tercer problema es que la disputa no está realmente enfocada en cómo proteger la naturaleza, sino en cómo regular la minería, controlarla y obtener parte de las ganancias. Por ejemplo, está claro que en Colombia el Estado busca desplazar y reemplazar a los grupos ilegales como árbitros y organizadores de la minería de oro. De esta manera, se refuerza una mercantilización del medio ambiente. La otra cara es ocultar o excluir otros entendimientos de la naturaleza, como aquellos basados en sus valores ecológicos, estéticos, religiosos e históricos.

Cuarto, la política legitima a los militares y la policía como actores en la gestión ambiental. Este es un cambio sustancial en las tareas que normalmente se espera de ellos, y modelos como el de Colombia pueden llevar a los generales a opinar sobre el manejo de áreas protegidas y territorios indígenas. La comunidad de ecologistas, biólogos y otros científicos se encuentra nuevamente relegada y la excusa de la seguridad sirve para anular los procesos de información y participación ciudadana.

Un quinto aspecto es la necesidad de reconocer y comprender que la militarización puede tener un amplio apoyo local, especialmente en áreas donde hay una alta incidencia de violencia criminal. Sin duda habrá muchos que celebrarán la llegada de soldados y policías. Pero el paso del tiempo muestra que la presencia militar a menudo termina alimentando más violencia. Colombia ofrece muchos ejemplos de esto. Las comunidades locales, especialmente los campesinos y los indígenas, están atrapados entre el ejército y la policía, por un lado, y los grupos ilegales y criminales, por el otro.

Sexto, la difusión de este concepto de seguridad podría llevar a posibles tensiones entre los países. Esto puede estar comenzando a ocurrir en las regiones del norte de la Amazonia. De hecho, la propuesta del Corredor Biológico AAA afecta al Arco Minero del Orinoco en Venezuela y también se superpone al plan militar de Caja Norte de la frontera con Brasil.

Finalmente, es evidente que este tipo de estrategias no podrán detener los impactos sociales y ambientales de las industrias extractivas. Los generales no controlan ni el precio de mercado ni la demanda externa, y resulta imposible colocar un soldado o un policía en cada río amazónico o en cada ladera. Mientras tanto, se gastan enormes recursos financieros que podrían usarse para sostener reconversiones productivas en las áreas que más lo necesitan.

Sin embargo, a pesar de todo esto, lo que hoy se ve en Colombia y otros países vecinos, parece ser que tozudez una vez más prevalecerá, para insistir en medidas ambientales y territoriales que ya sabemos que son inefectivas.

Sin embargo, a pesar de todo eso, la experiencia reciente en Colombia y otros países vecinos, parece apuntar a la terquedad que prevalece una vez más, a insistir en medidas ambientales y territoriales que ya han demostrado ser ineficaces.

Eduardo Gudynas es investigador del Centro Latinoamericano para la Igualdad Social en Uruguay (Centro Latino Americano de Ecología Social-CLAES). Su libro más reciente es "Corrupción y extractivismo", con ediciones en Chile, Perú y Bolivia.

Notas

(1) Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Departamento Nacional de Planeación, Bobotá, 2019.

(2) Las rutas del oro ilegal: estudios de caso en cinco países amazónicos, Sociedad Peruana Derecho Ambiental, Lima, 2015, en: https://spda.org.pe/wpfb-file/larutadeloro-completo-final-doblecara- pdf /

(3) Ver, por ejemplo, Una mirada estructural del megaproyecto Arco Minero del Orinoco, M. Vitti, en Revista SIC, 27 junio 2018, http://revistasic.gumilla.org/2018/una-mirada-estructural-del- megaproyecto-arco-minero-del-orinoco-i /

Explotación, deforestación y muerte en el Arco Minero de Venezuela, Mongabay Latam, 14 de febrero de 2018, https://es.mongabay.com/2018/02/arco-minero-de-venezuela/

(4) Triplo A: o controverso corredor ecológico que ligaria os Andes ao Atlântico, F. Ortíz, 23 de octubre de 2017, (o) eco, https://www.oeco.org.br/reportagens/triplo-ao-controverso- corredor-ecologico-que-ligaria-os-andes-ao-atlantico /

(5) El ex comandante en jefe del ejército, Eduardo Viullas Boas, en Twitter, calificó al Corredor de " cuestión de soberanía " y pidió un análisis de los "riesgos". Este general dirigió el mando militar en la amazonía. https://twitter.com/Gen_VillasBoas/status/1042435900448354304

Jair Bolsonaro, 2015, en Facebook, lo clasificó como "la nueva amenaza a la soberanía brasileña en la Amazonía", llevado a cabo con el "pretexto" de combatir el cambio climático y siguiendo el ejemplo de "la autodeterminación de los pueblos indígenas", Terminaría en una "amputación" del territorio nacional. https://www.facebook.com/pg/jairmessias.bolsonaro

(6) Madre de Dios: inician megaoperativo contra minería ilegal, CooperAcción, Lima, 19 de febrero de 2019, http://cooperaccion.org.pe/madre-de-dios-inician-megaoperativo-contra-mineria-ilegal/

(7) ER, IDL y CDDHH. 2019. Acuerdos entre la Policía Nacional y las industrias extractivas en el Perú. EarthRights Internacional (ER), Instituto de Defensa Legal (IDL) y Coordinadora de Derechos Humanos (CDDHH), Lima


                            

 

Navigare necesse -  F. Moyano 

        n° 509

31/03/2019

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