Alberto Espina, ministro de Defensa

El crecimiento exponencial del narcotráfico y el crimen organizado en Chile comienza a tener algunas explicaciones. Tal vez la principal de todas, y por cierto la más inquietante para las personas y el futuro social, es su imbricación con el aparato del Estado. No sólo de algunos funcionarios menores, como un alcalde financiado por bandas de narcos, y que tanto escándalo generó en su momento entre la clase política y las elites, sino por quienes ostentan el privilegio del uso de las armas. Las revelaciones del comandante en Jefe del Ejército sobre oficiales y suboficiales implicados en una red de venta de armas al narcotráfico, coloca la piedra angular para comprender el nivel de deterioro de las instituciones del Estado.

¿Caso aislado, como les gustaría justificar a gobernantes y elites? Difícil, si consideramos el historial de fraudes, estafas, desvíos de fondos que las Fuerzas Armadas emplean para financiar viajes de turismo, compras de autos de lujos, licores caros o gastos corrientes en actividades tan suntuarias como noches en casinos de juego. Una estructura contable paralela y en la oscuridad para usufructuar de los fondos del Estado. Una operación de lavado por debajo de controles internos y externos. Las Fuerzas Armadas y carabineros, por sus mismas estructuras jerárquicas, permiten y facilitan estas operaciones. Una familia con características endogámicas, con pactos de lealtad y de silencio, como escribió este domingo el rector Carlos Peña. "Lo alarmante es que en ninguno de esos dos casos (Ejército y Carabineros) se trata de conductas aisladas, latrocinios o simples picardías que se hayan descubierto en este o en aquel integrante de esos cuerpos: se trata, cosa distinta, de formas pautadas, casi rutinarias y burocráticamente administradas de burlar la ley para apropiarse, en interés propio, beneficios pecuniarios casi incorporados a la renta de algunos de sus miembros".

La corrupción en el ejército chileno es una consecuencia de la transición. Es un efecto del poder absoluto y totalitario que tuvieron durante la dictadura. Es parte del legado de Pinochet. Es, sin duda y de forma prioritaria, de la impunidad.

No pocos autores han escrito sobre el proceso, inacabado e inacabable, de la transición a la democracia. El sociólogo Felipe Portales ha levantado la hipótesis de pactos secretos entre la Concertación, los civiles favorecidos por la dictadura y Pinochet. Acuerdos secretos que se expresaron en la "justicia en la medida de los posible" del expresidente demócratacristiano Patricio Aylwin, en la invocación de las "razones de Estado" por Eduardo Frei Ruíz Tagle para evitar que el Consejo de Defensa del Estado se querellara por las estafas, los pinocheques, cometidas por el primogénito de Augusto Pinochet o la defensa, persistente y palmaria, que hiciera el socialista José Miguel Insulza para que el dictador no fuera juzgado en tribunales europeos por crímenes de lesa humanidad. Insulza, apoyado por toda la Concertación, liderada entonces por el expresidente electo Ricardo Lagos, no se inmutó al mentirle al gobierno británico y a toda la comunidad internacional sobre la falsa mala salud de Pinochet.

Algunos políticos de la Concertación se ampararon en el terror a los militares y en las amenazas de Pinochet en los albores de la transición, como lo fueron los "ejercicios de enlace". Una excusa falsa. Bajo esa retórica están los pactos para acceder al gobierno y al aparato y los fondos del Estado. El senador PPD Felipe Harboe, citado el fin de semana en una columna de Rafael Luis Gumucio Rivas, sospecha que el pacto entre los delegados de la dictadura y los líderes de la Concertación fue posible gracias al compromiso entre las partes, por el cual los dirigentes políticos no se inmiscuirían en asuntos de las Fuerzas Armadas y de Orden. Pero no solo en los temas militares, sus cuentas y sus crímenes, sino tampoco en toda la institucionalidad, partiendo por la económica, armada por la dictadura cívico militar.

Si recordamos un poco, la función de los ministros de Defensa de la transición ha sido triste y en no pocos casos ridícula y patética. Nunca hubo una voluntad de imponer la autoridad civil sino meros intentos de congraciarse con la alta oficialidad. Una actitud que se grafica con una Michelle Bachelet  en un tanque y cuya imagen aparecía en las portadas de los diarios de la prensa hegemónica. La función de aquellos ministros no fue y es otra de intentar levantar una mentira: el respeto de la fuerzas armadas al poder civil y difundir la idea de la normalidad democrática. Un embuste mayor que llevó a nombrar comandante en Jefe de Ejército al general Emilio Cheyre, hoy condenado como encubridor de los crímenes de la infame Caravana de la Muerte.

La lamentable actuación en estos días del ministro de Defensa Alberto Espina se inscribe en esta política de los gobiernos hacia el ejército. Espina, como sus predecesores, ha demostrado a todo el país que es un subordinado más de los militares. Asiste a cócteles, reuniones y ritos castrenses, pero es incapaz de levantarles la voz. Cuando saltó a la luz pública a finales de la semana pasada la noticia de los vínculos entre oficiales y el narcotráfico, la primera reacción de Espina no fue otra que citar una información parcial  publicada por El Mercurio. En un gesto de irresponsabilidad mayúscula y citando al diario ultraconservador, minimizó la denuncia y apuntó a hechos aislados enfatizando que era una información antigua.

El Ejército y Carabineros han incorporado cómodamente las políticas de la transición, que los convierte en intocables. Un proceder ya naturalizado, que no tiene visos de cambio. En su lógica de las jerarquías, no hay nadie por encima de ellos. Por ello es que el comandante en Jefe dijo en un discurso a su familia militar sin ninguna contención que defendería con "dientes y muelas" (léase tanques y metralletas) el privilegio del sistema de pensiones. Espina guarda silencio.

PAUL WALDER

Fuente: http://www.politika.cl/2018/11/26/chile-rehen-de-sus-fuerzas-armadas/