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URUGUAY

                                n°502

31/08/2018
Frida Khalo
                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


N°24: Derecho a la ciudad
                                                                                             La razón policíaca
28 Aug 2018

| Por:

Ernesto Herrara

Ilustración: Los desterrados, Julio Castillo.

Tremendo. Si no se los derrota, ellos, los "marginados", serán mayoría en la sociedad. Y entonces el delito habrá ganado. Pisoteando así la fantasía progresista de inclusión social. La advertencia provino del director nacional de Policía, Mario Layera, uno de los principales encargados de velar por la seguridad de nosotros, los "integrados".[1]

Atracadores profesionales. Rateros oportunistas. Menores infractores. Lúmpenes consumistas. Sicarios del narcotráfico. Roban y agreden. Matan. Copan espacios públicos, "favelizan" barrios, desalojan a sus vecinos. Impiadosos. Destruyen. Expanden dolor. Son la tropa de choque de la violencia criminal.

Hijos de la pobreza generacional. Parientes de la orfandad familiar. Fruto del embarazo adolescente. Moradores de la segregación habitacional. Espejo de la "desafiliación educativa". Secuela del desempleo juvenil. Huidos del salario mínimo. Miradas de sueños rotos. Son las figuras más visibles de la desposesión social.

El magistral John Berger lo explicaba sin vueltas: "La pobreza fuerza las decisiones más duras, esas que casi no conducen a nada. Ser pobres es vivir con ese casi".[2]

Implacable definición. Los guardianes del orden social y de la moral cívica deberían anotarla en su cuestionario.

Hablan otro idioma

El jefe policial conoce las raíces socio-económicas del "fenómeno criminal". Por eso, no solo tiene afán de vigilar y castigar. En su relato usa más la palabra social que delito. Muestra sensibilidad. Porque en ese mundo devastado, "es más eficiente un trabajador social que un policía". Aprobado.

Igualmente, por precaución, recomienda acelerar la demolición de Los Palomares, en el barrio Casavalle.[3]

Critica el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), demasiado "benevolente" con los malhechores.

Exige romper la "compartimentación de datos" para facilitar tareas de investigación de largo plazo (acciones de espionaje, pago a informantes). Para "saber cuántos estudian, cuántos trabajan, cuántos están registrados en el BPS (Banco de Previsión Social) y podemos saber cuántos están afuera del sistema". Quiere que el MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) abra la información que protege los derechos de personas y hogares.

Reclama mayores garantías judiciales y atribuciones operativas para la institución que dirige. Porque "está confundida". Dando a entender que sus efectivos vacilan a la hora de apretar el gatillo. Lo que es una falsedad si contamos -entre otros crímenes de Estado- a los jóvenes ejecutados por la Policía en Marconi, Santa Catalina, Peñarol. Por el solo pecado de estar en lugares de mala fama.[4]

Convengamos, el jerarca exagera. Hasta cuando pronostica un escenario similar a El Salvador y Guatemala, dos de los países más violentos del planeta, donde el Estado ha sido rebasado por las mafias criminales.

No obstante, el mensaje tiene utilidad. Objetivos inocultables. Sacudir la "anomia social" que, según él y otras autoridades, reina en sectores de la sociedad. Generar opinión a favor del miedo a ellos, los "marginados".

Justamente de eso se trata. Mostrar que el país de clase media, igualitario, democrático, educado, tolerante, se ve cercado por una "sociedad paralela" que desobedece las leyes. Amenazando sus normas más básicas: "paz social", "convivencia pactada".

Reglas que, por lo general, las burocracias sindicales obedecen.

Layera lo define como choque cultural latente. Por un lado, "una sociedad que tiene un lenguaje común, una cultura común". Por el otro, "sectores a los que no les entendés las palabras, ya tienen otro idioma, tenés que preguntarles qué están diciendo. Es como si hablaran en chino".

Efectivamente. Tienen otro decir. Visten distinto. Usan bisutería llamativa. Tatuados y ruidosos. Las gorras chanfleadas. Desafiantes. Iconos de una "subcultura palurda". Conocidos como "planchas"[5]. Su horizonte de vida se limita a la estrategia del día a día.

¿Una subclase salvaje? Parecido. Vienen a ser la expresión más peligrosa de conductas grupales que atropellan derechos y bienes, tanto individuales como públicos. Sin idea de lo comunitario.

Reveladores contrastes

Para el jefe policial el origen de la "decadencia" tiene domicilio fijo. "Todo empieza en las cárceles. Hay una transmisión de conocimiento con mucha maldad". Una apreciación bastante hipócrita, como si no le cupiera alguna responsabilidad funcional. O como si no se supiera que las "escuelas del delito" están bajo la órbita directa del Ministerio del Interior[6] que comandan, por su escala jerárquica, el tupamaro Eduardo Bonomi, el hermano del presidente de la República, Jorge Vázquez, y el mismísimo director Mario Layera.

A poco de sus declaraciones, un revelador contraste. El Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, presentaba el estado de situación en los llamados Centros de Reclusión y Rehabilitación. Allí donde se encuentran hacinadas 12 mil personas (hombres y mujeres), de las cuales 62% tiene menos 29 años.

El informe da cuenta que Uruguay es uno de los países con mayor número de presos por habitante, ocupando el lugar 28 en 222 países. Que 47 personas murieron en las cárceles en 2017: 18 asesinatos, 10 suicidios y 19 muertes "no violentas".

Detrás de todas las muertes, si se estudia su contexto (social, económico, familiar, educativo), señala el documento, "suelen encontrarse carencias, omisiones o irregularidad a cuenta del Estado, por acción u omisión. Por eso el Estado debe allí ser el primero en auto-investigarse, para deslindar responsabilidades, cosa que no siempre ocurre de forma debida, ni a nivel administrativo ni judicial".

El aumento de presos sin condena llegó a 69.2%. Además de las condiciones inhumanas de "privación de libertad", un 30% de personas encarceladas "sufren maltratos o tratos crueles" y solo 25% accede a planes de integración social. La reincidencia delictiva se mantiene en 60%.

Los analfabetos se ubican entre 10 y 20%. Y el analfabetismo: "Es un evidente obstáculo para el desarrollo de todos los derechos. Siendo el objetivo de la privación de libertad la integración social, se vuelve una insólita paradoja que dentro del propio Estado no exista una intensiva atención a este problema (.) Es alarmante la cantidad de analfabetos que existe en el sistema penitenciario. No saber leer y escribir o hacer cuentas es una carencia que compromete la relación con los demás, empobrece el universo simbólico, anula las 100 posibilidades laborales y de reinserción social".[7]

Confirmado. Ninguna rehabilitación. Tampoco integración social. Al revés: deshumano castigo.

Expresión del fortalecimiento de un Estado penal que, como lo describe el sociólogo francés Loïc Wacquant: "se apoya, por un lado, en la disciplina del mercado laboral descalificado y desregulado y, por otro, en un aparato penal invasor y omnipresente. Mano invisible del mercado y puño de hierro del Estado se conjugan para lograr una mejor aceptación del trabajo asalariado desocializado y la inseguridad social que implica. La prisión vuelve al primer plano".[8]

Espantosa radiografía. Que, sin embargo, no amilana el espíritu discriminatorio que se apodera de muchas conciencias. Contagiadas de aporofobia[9], plantean menos filantropía del Estado. Afectadas por la ola delictiva, reclaman mayor rigor policial y judicial. El "populismo punitivo" toma fuerza.

Si al comienzo del "ciclo progresista" (2005) una importante mayoría estaba convencida de sacar a miles de personas de la pobreza y la indigencia, apoyando los planes de emergencia social, ahora sucede lo contrario.

Más cantidad de uruguayos consideran que las personas en condición de pobreza "son responsables de su situación"; porque los pobres "son flojos y carentes de voluntad" para el trabajo[10]. Doloroso.

Tanto peor. Una encuesta de la empresa Opción Consultores, que se dio a conocer recientemente, confirma la tendencia que ya han venido marcando otras: 74% de los consultados quiere que los militares "colaboren con la Policía", es decir, que salgan a la calle para "combatir el delito". Lo revelador, en todo caso, es que 54% de los que se "autodefinen de izquierda", también se muestra favorable a esa propuesta. El "populismo punitivo" toma fuerza. Agobiante.

Al mismo tiempo, se suceden marchas, cortes de calles y rutas en diferentes zonas del país, donde algunos millares de personas, angustiadas e indignadas, protestan contra el delito que avasalla. Reaparece la figura del justiciero individual, se organizan rondas vecinales para denunciar, abundan los sistemas de alarma, se efectúan "arrestos ciudadanos" en plena vía pública para sustituir la "ausencia" del Estado.

Las declaraciones del ex director de la Brigada Antidrogas, cayeron en cascada. Sacudieron el avispero político. Volvieron a colocar la "inseguridad pública" como tema excluyente. Hubo reproches de operadores judiciales (jueces, fiscales, abogados) y tímidos pedidos de renuncia desde la orgánica del Frente Amplio.

También amplios respaldos. De la derecha tradicional que exige mano pesada, por supuesto. Del gobierno, listo a implementar una nueva estrategia de seguridad. El lunes 21 de mayo, Tabaré Vázquez lo refrendaba en un encuentro con vecinos del balneario San Luis, departamento de Canelones: "El gobierno se compromete a enfrentar con la mayor dureza la delincuencia en todo el territorio nacional".[11]

Sin embargo, el sociólogo Luis Eduardo Morás cuestiona: "No hay nada nuevo en el discurso catastrofista de Layera, coincidente con lo que dice el Ministerio del Interior desde 2010. Tiene puntos que permiten ver una mirada más compleja, pero que luego se contradicen entre sí.

Desde 2010 el Ministerio del Interior cambió su discurso y nos anuncia cosas gravísimas, nos dice que van a venir las maras[12], que se vienen las mafias serbias, que el Primer Comando de la Capital[13] iba a controlar las cárceles, que el poder de fuego de los narcos supera al de la Policía.Para no llegar a la misma realidad que El Salvador lo primero que hay que hacer es no aplicar las políticas salvadoreñas".

Y agrega: "un país como Uruguay tiene que mirar el tema de la inclusión social con sentido estratégico. Eso está faltando. Es estratégico hacer una fuerte inversión en políticas sociales urbanas para recuperar el tejido en varias zonas de Montevideo que nunca accedieron a los derechos de la ciudadanía. Pero como sociedad decimos que no, que no tenemos por qué solucionar el tema de los pobres".[14]

El gobierno del Frente Amplio confirmó que su perspectiva es otra. Se decidió por la razón policíaca. Sin demoras. Ya están en curso modificaciones al nuevo CPP y la maldita compartimentación de información quedó sin efecto. Las causas sociales no se niegan. Se reforzarán las políticas asistenciales focalizadas. Pero la respuesta inmediata pasa por "firmeza, trabajo en equipo, coordinación y poner todas las herramientas estatales al servicio del combate a la delincuencia". La receta fue planteada por el Jefe de Estado y estará bajo su mando directo. Habrá más dinero para nuevos policías y fiscales. [15]

Así que maestros, profesores y estudiantes deberán aguantarse otro rato. Pueden hacer huelga y ocupar liceos. Continuar demandando 6.5% del PIB (Producto Interno Bruto) para la enseñanza. Pero no. Los recursos presupuestales escasean.

Tendrían que saberlo, lo urgente es la higiene social. Y eso pasa, en primer lugar, por atacar la madriguera del crimen organizado. En zona enemiga.

Costumbres en común

Cuenca de Casavalle. Emblemática zona de "contexto crítico". A menos de cuarenta minutos del centro de Montevideo, 180 mil personas habitan esa periferia urbana del extenso Municipio D.

La intoxicación mediática amplifica el pánico.

Sinónimo de barrios intransitables. Donde prevalecen ellos, los "marginados": Borro, Marconi, Padre Cacho, Cantera, Tercer Milenio, Municipal, Gruta de Lourdes, Lavalleja, 40 semanas. Allí se concentran los peores índices socio-económicos del país y la mayor tasa de homicidios.

No obstante, con orgulloso y arraigado sentido de pertenencia. Gente sencilla, inteligente, creativa, solidaria. Con movidas juveniles, grupos teatrales, bandas musicales. Intenso y admirable voluntariado social.

Alcanza con observar los grafitis y murales para captar un ingenioso arte callejero.

Conocer las actividades del Complejo Municipal SACUDE (Salud, Cultura, Deporte), del centro cívico Luisa Cuesta, en la pista de skate en la calle Leandro Gómez, en la Plaza de Convivencia, donde miles de personas, de todas las edades, comparten recreación.

Saber de la vocación de maestras y maestros de la escuela Rumania, símbolo del barrio, así como el abnegado compromiso de educadoras y educadores del liceo católico Jubilar.

En este paisaje, la fórmula "marginalidad cultural" suena a estigma.

Por el contrario, sus costumbres reafirman la identidad vecinal, transmitiendo esas experiencias sociales que, según el notable Edward Thompson, generan una "sabiduría común de colectividad"[16]. Por tanto, una cultura popular anclada en el imaginario y en la práctica. Casavalle, como otros tantos "barrios carenciados", interpela los estereotipos de la sociedad homogénea.

Es una de las zonas donde los sucesivos gobiernos del Frente Amplio realizaron más inversión en políticas sociales inclusivas. Se instalaron nuevas policlínicas, se readecuaron otras. Allí viven gran parte de los "beneficiarios" que reciben los apoyos del MIDES y sus diversos programas.

Pero las "vulnerabilidades" no ceden. El 43% de los hogares se encuentran en situación de pobreza o pisando la línea de pobreza extrema. Es decir, la misma cifra que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) cuando la "bonanza económica" había reducido el desempleo a menos de 5% en la Cuenca de Casavalle.

Las causas son evidentes. No se deben a la inventada "cultura de la pobreza" que encierra y diferencia. Por el contrario. Ellas resultan, según la fina observación de Marx, de una "pobreza inducida", o sea, "producida artificialmente" en virtud de las relaciones modernas de explotación.[17]

La mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de Casavalle, componen ese "ejército de reserva" reciclado en la escasez salarial y la precariedad laboral: changas de construcción y jardinería, servicio doméstico, venta ambulante, cuida-coches, ferias vecinales, kioscos, panaderías, micro-mercados, peluquerías, tiendas, empresas privadas de seguridad y de limpieza, clasificación de basura. O sea: fuerza de trabajo que, diariamente, sufre las consecuencias de una aplastante injusticia social.[18]

El gobierno conoce esa realidad. Pero se abona a la histeria securitaria. La que promueve el ascenso de conservadurismos morales y sectarismos culturales. Hipotecando así la necesidad de una generosa empatía con los otros, los "distintos".

Por eso vale la conclusión de Morás: "El delito es interpretado desde la ausencia de normas, la crisis de valores y la 'lumpenización' de la sociedad. Los nuevos delincuentes ya no tienen 'códigos', es decir, no hay mediaciones entre sus conductas y sus consecuencias. El buen salvaje ha devenido en mal salvaje, en un sujeto que no tiene redención".[19]

Territorio enemigo

Sábado 23 de junio, muy frío. Temprano en la mañana. La invasión toma cuerpo. Camuflada en un "censo de población". Tras los pasos del "mal salvaje". En Los Palomares, búnker de narco-criminales.

El sociólogo Gustavo Leal (Movimiento de Participación Popular-MPP), asesor del Ministerio del Interior, dirige la incursión. Lleva chaleco antibalas. Policías y bomberos entran por los angostos pasajes y comienzan a golpear puertas. Decenas de efectivos de la Guardia Republicana (policía militarizada) armados a guerra y con vehículos blindados daban seguridad a los 182 encargados de "censar" un sitio con demasiadas personas "en conflicto con la ley".

En algunas viviendas, los habitantes estaban afuera, en otras hubo que insistir. En total se pudieron relevar unas 540 viviendas (98%), ninguna de las familias se negó a ser entrevistada y las 11 que no pudieron ser "censadas" no se encontraban en sus casas. Deberán presentarse en la Comisaría 17 en el correr de la semana. No hubo detenidos.

Los policías llevaban las planillas con los cuestionarios y eran orientados por integrantes del Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana. "A los vecinos de Los Palomares se les consultó sobre la conformación de su familia, la relación de propiedad con la vivienda (si eran inquilinos, ocupantes con o sin permiso o propietarios), el acceso a los servicios de salud y la prevalencia o no de ciertas enfermedades, como la tuberculosis".[20]

A su vez, se los interrogaba sobre los problemas que podían tener en los hogares y se revisaba toda la vivienda para relevar la condición en la que se encontraba.

En el operativo participaron 440 personas. En plena coordinación. Fueron 54 equipos con 182 funcionarios pertenecientes a la Dirección Nacional de la Educación Policial, Dirección Nacional de Bomberos, Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social e Intendencia de Montevideo.

Algunos testimonios registran la fractura social.

"Belén es la tercera generación de su familia en Casavalle. "Yo me quedaría en el barrio si sacan a los narcos, el resto está bien", aseguró la joven.[21]

"Gladys no quiere perder su vivienda. Llegó al barrio de la mano de su madre cuando tenía seis años de edad. Pasaron cuatro décadas y todo cambió (.) Acá se crió toda la familia, uno de los pasajes es todo nuestro. Fuimos comprando de a poco. Yo le regalé una casa a mi hija, después me compré una para mí, pagué $ 110.000". (U$S 3.700)

"Confirmó que en Unidad Misiones nadie paga las facturas de UTE (Administración Nacional de Usinas y Telecomunicaciones Eléctricas) y OSE (Obras Sanitarias del Estado). De hecho, ella nunca pagó por esos servicios. "Nosotros queremos pagar. Una vez vinieron a preguntar por la luz y el agua, nunca más aparecieron", afirmó.[22]

"José dijo estar muy enojado con el censo y la eventual demolición del complejo. Nació y se crió en el lugar. Su padre, un hombre de 78 años de edad, vive en una de las viviendas de la Unidad Misiones. Parado dentro de la Plaza de Convivencia del barrio Casavalle, el hombre se preguntó para qué se gastó "tanta plata" en ese espacio público "si la idea era demoler todo esto".

Luego apuntó al presidente y el ministro del Interior, les pidió que no se presenten en el barrio en la campaña electoral. "Tabaré Vázquez no vino porque sabía que iba a ser rechazado. Y es mejor que no venga, vaya a hacer política a otro lado. Nos cansamos", dijo. Consultado sobre los motivos que llevaron a dilatar durante cuarenta años una solución para el barrio respondió: "porque está todo podrido".[23]

La reflexión del vecino es certera. Porque los 13 años de "gobierno de izquierda" no rompieron la lógica de "gueto-urbano", ni los niveles de hacinamiento y tugurización de Los Palomares. Ni mejoraron su calidad ambiental.

Ninguno de sus moradores obtuvo aquellas soluciones habitacionales, para "los más humildes", que prometió el presidente José Mujica en 2010. Haciendo memoria. De las 15 mil viviendas del Plan Juntos, apenas se construyeron menos de 3 mil. Mientras se exoneraba de impuestos a las grandes empresas constructoras en un plan de "vivienda de interés social" que favoreció la desenfrenada especulación inmobiliaria.

Las cifras son elocuentes. Más de 200 mil personas continúan en asentamientos y "barriadas irregulares". En un país que tiene casi 80 mil viviendas deshabitadas. A la espera de buenos inquilinos o compradores solventes. ¿Es justo, democrático?

Poco importa. La demolición de Los Palomares es una prioridad de higiene social. El antropólogo Eduardo Álvarez Pedrosian, explica cómo cala en la sociedad esa alternativa radical: "El tópico de la demolición retorna cual fantasma, avivando desde los diferentes discursos institucionales, y retornando para ser convertido en rumor y circular por la comunidad"[24]. O sea, creando anuencia ciudadana, consenso político y social.

Intolerancia selectiva

Cierto. El "censo" ya estaba previsto en el Plan Cuenca de Casavalle aprobado en 2015. Lo que no estaba previsto, era que el cuestionario lo aplicaría la Policía. Como si se tratara de una mega-razzia.

Un día después de la operación de guerra, Lucía Topolansky, senadora y vicepresidenta de la República, daba su opinión sobre los motivos del "censo" en Los Palomares. La intención fue "sanear la zona" debido a "los desalojos que ha hecho la gente del narcotráfico". Remarcando la necesidad de "saber cuántos viven y quienes son para considerar el conjunto de la trama urbana", dado que "si tengo calles donde puedan pasar un ómnibus, la Policía y una ambulancia le dificulto la cosa al que quiere una trama entreverada para esconderse".[25]

Coherente con la agenda policiaca, la vicepresidenta resumía la estrategia del gobierno: disciplinar por la fuerza. Refrescándonos, por si acaso, la inconfundible verdad de Max Weber: el monopolio de la violencia armada es atribución del Estado. Punto. Hasta el momento, ninguna reacción crítica en el Frente Amplio. Las cuestiones que pagan son el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile.y la fraccional disputa interna por candidaturas electorales. Ni pronunciamientos de instituciones y colectivos de derechos humanos. Tampoco del PIT-CNT que parlotea, de vez en cuando, sobre los "trabajadores pobres".

El consenso respecto a la "inseguridad pública", sumado a la euforia futbolera por la Copa, hacen que esta operación de guerra contra ellos, los "marginados", se muestre como otra noticia de crónica policial. Aunque no lo sea.

La incursión juega como globo de ensayo[26]. Huele a manual contrainsurgente. Se podrá repetir en otras "zonas rojas" de la capital. Siempre que los "malos pobres" insistan en sus fechorías. ¿También cuando la protesta social organizada aparezca?

Evidente. No se trata de imponer la odiada "tolerancia cero". Ni la técnica indiscriminada del stop and frisk (detener y cachear), como si cualquier persona pueda ser "razonablemente sospechosa".

Sino de algo igual de perverso: "intolerancia selectiva"[27]. Con destinatarios precisos. ¿Quiénes son?

Los expulsados, como afirma la socióloga holandesa Saskia Sassen, por un "proceso de selección salvaje" que despoja, desplaza, desampara, deshumaniza, encarcela[28]. Los eslabones más débiles de una economía de mercado que concentra obscena riqueza...y reparte insoportable miseria social. Los empujados a sobrevivir entre la precariedad o la desobediencia. Cuando no en la "fisura" adictiva que lastima y desgarra. Cuerpo y alma. ¿Fusibles desechables?

Valdría recordarles a los gestores del Estado, otra implacable definición. Aquella (y tan actual) de Engels: "Y cuando la pobreza del proletariado crece al punto de privarlo de sus medios necesarios de sobrevivencia, cuando desemboca en la miseria y en el hambre, crece más la tendencia al desprecio por todo el orden social (.) El desprecio por el orden social se manifiesta con mayor claridad en su extrema expresión, el crimen".[29]

Hasta los datos oficiales son una prueba irrefutable. En lugar de disminuir un 30% como lo había anunciado Tabaré Vázquez al inicio de su segundo mandato (2015), los delitos aumentaron un 50% solamente en 2017. ¿Factores "cíclicos" de la criminalidad? ¿Crecimiento exponencial de los "malos salvajes"? ¿Bandidos irrecuperables?

Poco convincente. Las verdaderas razones están en otro casillero. Directamente vinculadas con la brecha de desigualdad social. La ausencia de "oportunidades iguales" para todos; el imperio de la precariedad laboral y salarial; el fracaso del asistencialismo focalizado como vía de inclusión social; la destructiva crisis del sistema educativo.

Causas que se cargan en la cuenta política del gobierno progresista. En el saldo negativo de su programa económico "pos-neoliberal". Certificado por las instituciones financieras internacionales.

El sembradío de expulsiones está plantado. La reducción de la pobreza y de la indigencia se ha detenido. Cerca de 250 mil personas siguen con todas sus necesidades básicas "insatisfechas".

Miles sobreviven en "situación de calle" o comen y pernoctan en refugios del MIDES y diversas Ongs. Otras deambulan por pensiones insalubres. Muchas dependen de apoyos parroquiales, del voluntariado de jóvenes cristianos y colectivos solidarios.

Crecen las diversas formas de mendicidad en las calles. Más personas encuentran en el transporte urbano y suburbano la única posibilidad de tener un ingreso diario: venden, cantan, recitan, teatralizan, alegran. Otras cuentan sus dramas. Demandan apoyo. Que les creamos.

De 43 mil niños que nacen anualmente en el país, más de 10 mil pertenecen a hogares pobres. La segregación habitacional se extiende por el indecente precio de los alquileres. El desempleo juvenil supera 25% a nivel nacional. Casi 7 de 10 alumnos, no culmina el ciclo básico en la educación pública. El analfabetismo funcional se multiplica. El mito de la "recuperación salarial" ya no se sostiene.

Por su parte, la imparable violencia "doméstica" y el horror de los femicidios, añaden la cuota de género en la extensa lista de víctimas. Decenas de mujeres, amenazadas por la violencia machista, deben ir a sus empleos con custodia policial. Rabia.

Los suicidios de adolescentes y jóvenes aumentan. "Los que no pueden más se van" dice Charly García, en una canción que la dictadura argentina censuró por considerarla una apología del suicidio. Cuando finalice este año 2018, habrán ocurrido más de 600, casi el doble que los homicidios. Uruguay junto a Cuba encabeza el ranking latinoamericano. Triste.

Oscura fotografía. Consecuencia de una profunda crisis societaria. Lo tramposo, es intentar revelarla a partir de su lado más temido: el accionar de ellos, los "marginados".

El Estado podrá innovar mecanismos de control y represión. Algunos volverán a fracasar, defraudando a los más afectados por el delito. Otros resultarán efectivos, conformando a los que reclaman beligerancia contra el crimen. En todos los casos, habrá más personas "privadas de libertad". Y otras insustituibles pérdidas humanas. Igual que en una guerra.

Mientras, el "desprecio por el orden social" continuará reproduciéndose, a la misma velocidad que se deterioran las condiciones de vida de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores.

Publicado originalmente el 25 de junio de 2018.

Ernesto Herrara es editor de Correspondencia de Prensa: https://correspondenciadeprensa.com/

Notas

1. Ver entrevista realizada por Gabriel Pereyra, El Observador, 12-5-2018: https://www.elobservador.com.uy/un-dia-los-marginados-van-ser-mayoria-como-los-vamos-contener-n1230914

2. John Berger, "Con la esperanza entre los dientes", Alfaguara, Montevideo, 2011.

3. En su origen se denominó Unidad Misiones. Fue promovida por la Intendencia Municipal y el Instituto Nacional de Vivienda Económica en el año 1972. Es un complejo de viviendas repartidas en edificaciones de dos plantas, fue construido como "solución provisoria" cuando empezaban a formarse rancheríos poblados por miles de personas que llegaban desde el campo para probar suerte en la capital.

4. A propósito del accionar de la Policía, puede leerse el informe "Adolescentes, jóvenes y violencia policial en Montevideo. Una aproximación descriptiva", Cuadernos de Ciencias Sociales y Políticas Sociales, MIDES, INE y UDELAR, Montevideo, 2016.

5. Término peyorativo que refiere a una "marginalidad cultural", sobre todo juvenil, aunque no solo. Sinónimo de vagos invasivos. Al respecto, está la excelente (y apasionada) obra de investigación del joven historiador británico, Owen Jones, "Chavs. La demonización de la clase obrera", Capitán Swing, Madrid, 2013.

6. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para que el sistema carcelario pase a ser responsabilidad del Ministerio de Educación y Cultura recién a partir de 2021.

7. Resumen del informe, Montevideo Portal, 18-5-2018.

8. Entrevista realizada el 7 de enero de 2000 por Sarah Dindo para Dedans-Deshors, incluida en el libro de Loïc Wacquant, "Las cárceles de la miseria", Manantial, Buenos Aires, 2000.

9. Aporofobia, neologismo que da nombre al miedo, rechazo o aversión a los pobres. Acuñado por la filósofa española Adela Cortina, catedrática de Ética de la Universidad de Valencia. Aporofobia fue elegida como la palabra del año 2017 por la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y el BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). Cortina es autora del libro "Aporofobia, el rechazo al pobre: un desafío para la democracia", Paidós Ibérica, España, 2017.

10. Informe de la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto, titulado "Los valores de los uruguayos", citado por Víctor H Abelando, "Pobres y holgazanes", Brecha, 20-12-2015.

11. Citado por Mauricio Pérez, artículo "Presos del Miedo", Brecha, 25-5-2018.

12. Las Maras, pandillas criminales de El Salvador. Tienen ramificaciones en otros países de Centroamérica. Se originaron en California, Estados Unidos, con jóvenes de familias salvadoreñas inmigrantes escapadas de su país a raíz de la guerra contrainsurgente y el etnocidio efectuado por los regímenes militares, donde más de 200 mil personas fueron asesinadas y desaparecidas en los años 1970-1980.

13. Se refiere al Primer Comando de la Capital (PCC), organización mafiosa originada en San Pablo. Controla el circuito del narcotráfico en favelas y periferias urbanas de muchas ciudades. Cuenta con miles de miembros en las principales cárceles de Brasil.

14. Entrevista en Brecha, 18-5-2018.

15. "La seguridad toma un giro con Presidencia al mando", artículo de Pablo S Fernández, El País, 23-5-2018.

16. Edward Palmer Thompson, "Costumes en comun. Estudio Sobre A Cultura Popular Tradicional", Companhia Das Letras, San Pablo, 1998.

17. Karl Marx, "Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel", Editorial del Signo, Buenos Aires, 2005.

18. Según el Instituto Cuesta-Duarte, 450 mil trabajadores (casi 30% del empleo "formal") tienen una remuneración mensual (nominal) menor a $ 17.000 (U$S 570). Esta cifra confirma que gran parte de los asalariados y de las asalariadas se ubican en la categoría "trabajadores pobres".

19. Luis Eduardo Morás, "Los enemigos de la seguridad. Desigualdades y privación de libertad adolecente", Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2016.

20. Crónica de Natalia Gold, El Observador, 24-6-2018.

21. Crónica de Pablo Melgar, El País, 24-6-2018.

22. Ídem.

Fuente: https://www.hemisferioizquierdo.uy/

23. Ídem.

24. Eduardo Álvarez Pedrosian, "Casavalle bajo el sol", Udelar, 2013, disponible en Internet.

25. Citada por Uypress, 24-6-2018.

26. El "censo" tuvo como antecedente el mega-operativo bautizado Mirador (20-12-2017), donde se realizaron numerosos allanamientos en Los Palomares.

27. Término formulado por el criminólogo británico Adam Crawford al criticar las estrategias de "tolerancia cero", citado en "Las cárceles de la Miseria".

28. Saskia Sassen, "Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global", Katz editores, Buenos Aires, 2015.

29. Friedrich Engels, "La situación de la clase obrera en Inglaterra", Editorial Esencias, Buenos Aires, 1974