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Responsable de la Página URUGUAY :  A. González   

                                n°507

31/01/2019
Frida Khalo
                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Movus Uruguay

                      DINAMA INCUMPLE NORMAS  AMBIENTALES PARA EL TREN DE UPM

Presionada como nunca por el gobierno nacional y la empresa UPM, la Dinama está salteándose las normas y procedimientos establecidos para la evaluación ambiental del proyecto ferroviario asociado con la instalación de una nueva planta de celulosa de la multinacional finlandesa sobre el Río Negro. La presión es tal que la ministra Eneida de León suspendió la licencia de sus funcionarios para acelerar el trámite.

Obedeciendo a la urgencia con que se viene imponiendo este proyecto, la Dinama ha terminado aceptando un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que no cumple con sus propios Términos de Referencia y este hecho se agravó aún más con el Informe Ambiental Resumen (IAR) presentado en la Puesta de Manifiesto y las Audiencias Públicas que debía ser la base para informar y escuchar a la ciudadanía.

Los reclamos de los vecinos potencialmente afectados por el tren son ignorados e incluso rechazados agresivamente. A los términos despectivos usados por el ministro Víctor Rossi se sumó esta semana un inusitado despliegue policial en la sede de la Dinama cuando vecinos del colectivo 'Por el costado de la vía' y de Sarandí Grande fueron a entregar nuevas objeciones al proceso de evaluación en curso.

Las irregularidades del proyecto ferroviario de UPM comenzaron con la realización de una licitación internacional y la adjudicación de las obras al Grupo Vía Central sin la Autorización Ambiental Previa (AAP) que debe preceder cualquier acción del proyecto. Paralelamente, el ministro de Transporte y Obras Públicas y el presidente de la República anunciaban el comienzo de las obras en este mismo mes.

Tras las audiencias públicas, quedaron pendientes de definición planes de prevención y de evaluación de viviendas linderas a la vía antes del inicio de las obras, las medidas de contingencia ante accidentes por el transporte de productos químicos peligrosos o desperfectos en la traza, así como las medidas sanitarias concretas a ser adoptadas ante ruidos, vibraciones y emanaciones de gases de los trenes.

En un hecho sin precedentes, el Plan de Vigilancia, Seguimiento y Auditoría Ambiental del proyecto ferroviario fue presentado con posterioridad a las audiencias públicas, violando disposiciones del Reglamento de Evaluaciones de Impacto Ambiental. De esta manera, ese plan no pudo ser analizado por el público y las medidas del mismo ante las contingencias quedan a cargo de la empresa constructora.

El Grupo Vía Central está integrado en forma mayoritaria (el 40% de las acciones) por la constructora española SACYR, una empresa con denuncias por irregularidades en varios países. El Plan de Vigilancia, Seguimiento y Auditoría Ambiental se limita a prometer la realización de monitoreos e inspecciones visuales, sin acciones concretas que garanticen evitar accidentes físicos ni de contaminación.

Este cúmulo de irregularidades le quita cualquier legitimidad técnica a la evaluación del proyecto ferroviario para UPM. Si la Dinama emite la autorización ambiental en esas condiciones será por responder al mandato político del gobierno que firmó un compromiso completamente lesivo para el país con la multinacional finlandesa. Con más razón aún, reclamamos la rescisión inmediata de ese contrato.

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
24 de enero de 2019.

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                                                                          LOS MISERABLES
Valeria España en La Diaria

Ferrocarril Central.

En estos tiempos de turbulencia, la palabra "resistencia" aparece como reacción inevitable. Estos tiempos merecen reflexión y sobre todo la atención de los movimientos políticos de izquierda que repiten los errores (horrores) que en otros territorios los han hecho comer polvo y poner en riesgo la vida de millones de personas en manos de una derecha oportunista y depredadora.

En nombre del progreso, dos trenes de la muerte se proyectan en nuestro continente. El tren "maya" en el sureste mexicano, afectará los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. El otro, el "ferrocarril central", conocido como el tren de UPM, busca partir en dos nuestro pequeño país, atravesando los departamentos de Tacuarembó, Durazno, Florida, Canelones y Montevideo para transportar madera, celulosa y químicos. Si bien todavía no se ha firmado el contrato definitivo entre la empresa finlandesa y Uruguay, ya se han vulnerado derechos fundamentales y se ha puesto en evidencia la debilidad institucional.

Desde que empezaron las negociaciones con UPM Uruguay ha desconocido sistemáticament e su obligación de garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, así como la participación pública en los procesos de toma de decisiones que tienen un fuerte impacto ambiental,1 como es el caso de la planta de celulosa y, en particular, el proyecto ferroviario que la hace viable.

Las disposiciones relativas al proyecto ferroviario se encuentran en las cláusulas 3.3 y 3.4 del proyecto contractual firmado entre el Poder Ejecutivo y UPM.

Vecinas y vecinos organizados, por el costado de la vía, han denunciado en diversos medios de prensa y por distintas instancias institucionales las profundas, graves e irreparables consecuencias que tendría desarrollar un proyecto ferroviario nacional de alta complejidad a lo largo de 273 kilómetros, sin los debidos estudios sanitarios, sociales, económicos y ambientales, sin garantizar la participación ciudadana ni la intervención académica, sin previsiones e ignorando a la ciudadanía en un acontecimiento grave para el país.

Los espacios de participación y consulta no han sido respetados. Si bien en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (18.308) en los últimos días de 2018 se llevaron adelante dos audiencias públicas, estas fueron instancias que no garantizaron efectivamente la participación, la información, la consulta, el diálogo genuino y de buena fe en un proyecto que involucra a 35.750 habitantes de cinco departamentos.

Mucho se criticó el enojo y la tensión que se vivieron en las dos "audiencias públicas" impulsadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, pero poco se habló de la gravísima falta en la que incurrió el Estado con el despliegue teatral de un dispositivo que buscaba legitimar un proceso que no cuenta con el consentimiento de la ciudadanía y que está plagado de vicios, discrecionalida d e incertidumbre.2

Pareciera que se instrumentó en dichos encuentros algo que Mauricio García Villegas explica como la estrategia política de la cultura de incumplimiento: "Crear instituciones para obtener los beneficios de legitimación política de la legislación adoptada sin que ello implique aceptar los efectos prácticos de su puesta en funcionamiento" .

En una entrevista reciente, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, tildó de miserables a los integrantes del grupo de vecinas y vecinos que, ante el drama que están viviendo, resisten con coraje el desprecio institucional. Ese repudio a la ciudadanía parece tan inexplicable como la predilección del ministro por las empresas que integran el consorcio Vía Central, encargado de llevar adelante el proyecto del tren y su gestión: ¿cómo es que "el proyecto de infraestructura más importante del quinquenio" tiene una sola propuesta aprobada para participar es la licitación?; ¿es razonable que para un proyecto de esta envergadura exista una sola propuesta que aplique cualitativament e, dejando al país entero dependiendo de una sola alternativa que cuenta, además, con antecedentes de incumplimiento y violación de derechos?3

Hay muchas otras preguntas que sistemáticament e se ha negado a responder el gobierno nacional en nombre de la confidencialida d y la protección de los inversores.

Más allá de las valoraciones que cada cual haga sobre las consecuencias del modelo forestal celulósico y la presión socioambiental en el territorio que implica esta tercera planta, lo que este proceso ha puesto en evidencia es la inconsistencia de un gobierno que recientemente asumió diversos compromisos de transparencia en el marco del Plan de Acción de Gobierno Abierto, la insuficiencia de los mecanismos de control y protección de la ciudadanía y el medioambiente, el déficit institucional y el cínico manoseo a nuestro estado de derecho.

Tendríamos que aprender de los efectos devastadores que tiene desatender el grito de los pueblos, de esos miserables que no están dispuestos a permitir el avasallamiento de sus territorios. En Ecuador el marco regulatorio de las consultas públicas enfrentó al correísmo con el movimiento indígena, así como el Brasil de Lula y Dilma se convulsionó ante la imposición de la hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingú, o lo sucedido en Bolivia con el sueño del TIPNIS de Evo Morales y sus efectos en su base social y política.

El tren de UPM no va por buen camino. Tenemos que trazar una vía que no le dé la espalda a la población, que no niegue un proyecto país cuya base sea la justicia social y ambiental. Necesitamos transitar un camino que no sea funcional a los intereses corporativos, uno que sea capaz de resistir la nueva cartografía planetaria que ha impuesto la extrema derecha.

Valeria España es abogada, docente y consultora en derechos humanos y migración.

El 27 de setiembre del 2018 Uruguay firmó en la ciudad de Nueva York el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Sí, justo esos tres temas. En la página de la Dinama la noticia se considera un hito y una muestra del liderazgo del país: "Un compromiso más asumido, en concordancia con la convicción [de] que los asuntos ambientales nos competen a todos, y [de] que vivir en un ambiente sano es un derecho y una responsabilidad compartida. El Acuerdo es un hito ambiental para la región, al ser el primer tratado de estas características para América Latina y el Caribe. Busca garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un ambiente sano y a un desarrollo sostenible. Ofrece a los Estados y sociedades una plataforma para avanzar en términos de acceso a la información, participación y justicia ambiental". ↩

La consulta es un derecho de los pueblos reconocido en instrumentos internacionales que aún no han sido ratificados por Uruguay. La consulta debe ser previa a la toma de decisiones que los pueden afectar; libre, sin coerción, intimidación o manipulación de ningún tipo; informada, con conocimiento suficiente y amplio del asunto a consultar, proporcionando información comprensible; y debe realizarse de buena fe, como un diálogo genuino entre ambas partes, con respeto y el deseo sincero de llegar a un acuerdo. ↩

Una de las empresas del consorcio es Sacyr, una empresa vinculada a incumplimientos contractuales y graves violaciones de derechos humanos en países como Panamá, España o Chile. Ver resumen.cl/ articulos/ sacyr-el-prontua rio-de-la-trans nacional-espano la-que-provoco- el-desborde-del -mapocho.