Ir a portada
                                     La enigmática supervivencia política de Mauricio Macri

Pese a que Argentina es un país con una fuerte tradición de luchas sociales, el gobierno de Mauricio Macri, que ha combinado ajuste con retrocesos económicos en todos los planos, goza (hasta ahora) de una sorprendente calma social. Los «dadores de gobernabilidad» le están permitiendo al gobierno sobrevivir a la crisis e incluso, aunque el año electoral será un campo minado, buscar la reelección del presidente. La apuesta a la «grieta» y al antikirchnerismo queda como último recurso para un gobierno que viene perdiendo la iniciativa.

Por Fernando Rosso
Enero - Febrero 2019
La enigmática supervivencia política de Mauricio Macri

Un enigma recorre Argentina luego de tres años de gobierno de la coalición Cambiemos1: ¿por qué una administración que aplica un ajuste de la magnitud del impulsado por el presidente Mauricio Macri no colapsa o termina cercada por la movilización popular?

La sociedad argentina es una de las más contenciosas del continente, tiene la impronta de la movilización permanente, sostiene un entramado sindical significativo comparado con el de otros países latinoamericanos; existen en su seno fuertes movimientos sociales que encuadran a trabajadores de la denominada «economía popular» (desocupados, precarios o emprendimientos autogestionados) y conserva una vital sociedad civil que parece siempre dispuesta al conflicto. La tierra que engendró la Reforma Universitaria de 1918 a inicios del siglo pasado, el Cordobazo en 1969 o las jornadas de diciembre que en el temprano 2001 inauguraron el nuevo siglo y provocaron la huida del poder del presidente Fernando de la Rúa parece hoy excesivamente pasiva frente al deterioro cualitativo de todos los indicadores económico-sociales que provoca el duro programa neoliberal. Las causas de este fenómeno, en apariencia extraño, son múltiples: estructurales, históricas y coyunturales. Pese a la estabilidad relativa, el gobierno que encabeza el presidente Macri ingresa en su último año de gestión bajo el signo de la incertidumbre.

En 2019 se eligen (o reeligen) el presidente y la mayoría de los gobernadores y se renuevan parte de los legisladores del Congreso Nacional y de las legislaturas locales. El oficialismo encara el denso calendario electoral con una pérdida significativa del control de la economía, que combina estancamiento e inflación; números rojos en todas las áreas (inversión, consumo, pib); una disminución de las bases de apoyo en la sociedad y una fuerte caída en la imagen de sus referentes. Además, es evidente el fracaso de la promesa original y de todas sus representaciones simbólicas. También se produce el distanciamiento de algunos poderes fácticos que le otorgaron un respaldo inicial clave y ahora se alejan sin prisa pero sin pausa: corporaciones empresarias, medios de comunicación y fracciones del Poder Judicial. Cambiemos se transformó en un experimento gubernamental que agravió demasiado a los de abajo y no terminó de conformar a los de arriba; sin embargo, cuando nos despertamos, como el dinosaurio de Augusto Monterroso, todavía está allí.

Debacle económica

Algunas variables sintetizan el balance económico del gobierno de Macri en sus tres años de gestión: el pib acumula una caída de 1,3%, la inflación fue del orden de 163%, el dólar se disparó 290% –en relación con la cotización oficial de diciembre de 2015; 160% frente al dólar paralelo en ese momento–; la deuda en dólares creció en 80.000 millones con acreedores privados y en más de 100.000 millones de dólares si se incluyen los primeros desembolsos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (fmi)2.

Con el nuevo récord de endeudamiento, las obligaciones financieras de 2019 trepan hasta los 42.400 millones de dólares; con los desembolsos del fmi se cubre 54% de ese total, el resto se supone se conseguirá en el mercado interno. En 2020, las necesidades alcanzan los 39.900 millones, pero los aportes del fmi solo cubren 14,7%; por lo tanto, hay que volver a los mercados internacionales de crédito, los mismos que cortaron el financiamiento meses atrás. El año cerró con el riesgo país disparándose bastante por arriba de los 800 puntos básicos. Este índice mide el porcentaje de tasa que paga el país por sus créditos por encima de la de Estados Unidos. Su crecimiento muestra la desconfianza de los especuladores –eufemísticamente llamados «inversores»– hacia las posibilidades de honrar la deuda o –dicho en términos más crudos– evitar el default. Si los pronósticos más optimistas se verifican, en cuatro años la caída del pib rondará el 1,8%. Un vaticinio posible si en 2019 la economía se achica solo 0,5%, como estima el gobierno; pero si se cumple la predicción del fmi y la caída es de 1,7%, el desplome de todo el ciclo será superior y alcanzará el 3%. Pero la madre de todas las derrotas habrá sido la batalla contra inflación, que en toda la era Macri acumulará 211% en el mejor de los casos: si cerrara en 2018 en alrededor de 45% y en 2019 se redujera a 25%. Hasta ahora, nunca se cumplieron las estimaciones oficiales.

El dato más preocupante que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) cuando culminaba el año es el desmoronamiento de la inversión. En el tercer trimestre cayó 11,2% respecto al mismo trimestre de 2017 y 8,1% en relación con el segundo trimestre. Nadie apuesta a que vaya a recuperarse en el año electoral: el propio fmi prevé una caída de 9,5%3.

Las consecuencias de estos números macro en la vida cotidiana de las mayorías populares son profundamente disgregadoras. El desempleo alcanzó el 9% durante el tercer trimestre de 2018 y no llegó a los dos dígitos porque, por ahora, el grueso del ajuste se realizó vía licuación del poder adquisitivo del salario. A medida que la recesión y la caída de los ingresos se aceleraron, más personas salieron a buscar trabajo; una parte lo encontró, pero informal, precario y de baja calidad, en servicios nuevos como entrega a domicilio o Uber4. Un empalme de series estadísticas entre el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires y el Indec sentencia que la inflación fue de 163% en estos 36 meses, mientras que los asalariados registrados del sector privado tuvieron un incremento acumulado en el mismo periodo de apenas 121%. Esto implica que un trabajador que cobra un salario promedio tendrá una capacidad de compra 16% inferior a la que tenía hace tres años. Para los empleados estatales, la pérdida fue de 24 puntos porcentuales, y quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (auh, un plan de ayuda estatal para los sectores más vulnerables) vieron retroceder sus ingresos en 23,7% en este periodo5. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina informó que la pobreza alcanzó a 33,6% de los habitantes urbanos del país en el tercer trimestre de 2018. La indigencia afecta a 6,1% de las personas. Desmoronamiento económico y profundo retroceso social son el saldo que dejó hasta ahora el gobierno de la nueva derecha argentina. Y lo peor parece estar por venir.

Fracaso discursivo

La consecuencia lógica de esta deriva es el mentís que recibió el conjunto de ideas y promesas enarboladas por Macri en 2015: nueva matriz económica, mayor productividad, libre –o prácticamente anárquico– movimiento de capitales, desregulaciones económicas que traerían una «lluvia de inversiones», libertad individual y carrera meritocrática como único camino al progreso, y el mercado como Santo Grial del mito laico neoliberal. El quiebre de esa narrativa dejó a Macri y a Cambiemos sin propuesta de futuro, y su apuesta se reduce a administrar el miedo al pasado, a postularse como el mejor agente del «antikirchnerismo» (la contracara del proyecto político que gobernó Argentina hasta 2015, con Néstor Kirchner y Cristina Fernández). Con el agregado de fuertes componentes punitivistas y securitarios a tono con los discursos de las derechas duras que avanzan en el continente y que hoy tienen en Jair Bolsonaro, el flamante presidente de Brasil, su expresión más poderosa y radical.

Para Ignacio Ramírez, sociólogo y director del posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), quedó poco de la promesa inicial de Cambiemos: el desempeño de la economía y el fracaso económico no fueron gratuitos a la salud simbólica de la marca Cambiemos tal como estaba equipada al comienzo de esta etapa. Uno no los imagina en 2019 haciendo campaña con aquella batería de representaciones como: «sector privado, sinónimo de transparencia» o «gerenciamiento de la política como equivalente de eficiencia o eficacia». Ese tipo de credenciales son las que han crujido, incluso la idea aspiracional como gran promesa. El fracaso económico arrastró a un fracaso simbólico6.

Marcelo Leiras, sociólogo y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, coincide y asegura que

hubo una versión maximalista y una versión minimalista de la apuesta de Cambiemos. La maximalista incluía la receta desregulatoria clásica en los gobiernos de derecha, con el propósito de reducir la inflación y el déficit fiscal y estimular la inversión y el crecimiento económicos. El programa desregulatorio se quedó a mitad de camino, la reducción gradual del déficit no alcanzó para sostener el altísimo ritmo de endeudamiento, y los aspectos muy poco gradualistas del programa de gobierno, en particular el ajuste tarifario, produjeron más oposiciones que alivio fiscal o mejora en la calidad de los servicios. En lo político, el programa maximalista aspiraba a desplazar al peronismo de muchos gobiernos provinciales y de algunos de sus bastiones en el Conurbano bonaerense, con el muy ambicioso objetivo último de producir un Senado más equilibrado. La receta económica maximalista fracasó ruidosamente y comprometió seriamente el objetivo político. Queda en pie la versión minimalista: antikirchnerismo al palo.7

Gabriel Vommaro, coautor de Mundo pro. Anatomía de un partido fabricado para ganar8 y de La larga marcha de Cambiemos. La construcción silenciosa de un proyecto de poder9, considera que lo que queda en pie del proyecto oficialista es la apuesta por construir una centroderecha competitiva electoralmente y que en eso se mostró relativamente exitoso. Sin embargo, asegura que

sin dudas hubo un fracaso de un proyecto sin base social, sin actores y sin una «burguesía emprendedora» capaz de apostar por este gobierno y por su proyecto. Eso no llegó ni en el primer año, ni en el segundo en el que apostaron a la inversión pública con una expansión fiscal que les permitió ganar las elecciones de medio término de 2017. Por supuesto, tampoco en el tercero, que fue el derrumbe donde se pagaron en buena parte los costos fiscales de 2017.10

Vommaro explica que también cayó el mito o la creencia del macrismo en la posibilidad de una transición sin conflicto hacia una sociedad de mercado totalmente abierta, una ideología que se terminó con el acuerdo con el fmi, el impulso a un ajuste drástico que implica algún tipo de escarmiento social. En ese contexto, sentencia: «Al gobierno parece que se le acabó la mística en términos de proyecto societal». Finalmente, Pablo Touzon –editor de la revista política Panamá– también cree que lo único que quedó es el antikirchnerismo. Todo el resto de las promesas –que ya de por sí eran eslóganes bastante vagos– quedaron truncas. No solo es visible en la economía: no hubo «revolución educativa», «Conadep anticorrupción»11, combate a las mafias –término hoy de moda en el discurso oficial–, ni avance en derechos civiles, como quedó cristalizado en el rechazo a la legalización del aborto.12

El relato oficialista con que Cambiemos dio impulso a su proyecto político, propio de un manual de autoayuda a lo Ravi Shankar, mutó hacia la polarización con la reconstrucción de un enemigo a medida (la candidatura de Cristina Fernández) y la restauración frenética de la llamada «grieta» como último recurso para el desafío electoral. Tiene gusto a demasiado poco, pero la elección está abierta.

La crisis que no fue

«No solo de 'política' vive el hombre», sentenció el marxista ruso León Trotski en su libro Problemas de la vida cotidiana. Parafraseándolo, podemos decir que no solo por la política, entendida en el sentido estrecho, sobrevivió el proyecto macrista. También fueron determinantes las relaciones de fuerzas sociales que significaron un sostén y a la vez un límite para las ambiciones de Cambiemos.

Una paradoja de origen que limitó las posibilidades del proyecto de Macri fue la inexistencia de una crisis catastrófica sin salida en el fin del ciclo kirchnerista. El antecedente argentino más próximo a un proyecto neoliberal como el que, en términos de programa económico, encabeza Macri fue el que llevó adelante Carlos Menem en la década de 1990. Una de las condiciones de posibilidad de su éxito –no la única, pero sí una de las más importantes– fue el estallido hiperinflacionario que definió la suerte de su antecesor, Raúl Alfonsín, en 1988-1989. Aquella crisis traumática para la memoria colectiva de los argentinos operó como disciplinadora, junto con derrotas en el terreno de la lucha social y un ciclo internacional favorable para la imposición de las contrarreformas neoliberales. El historiador marxista inglés Perry Anderson escribió que «hay un equivalente funcional al trauma de la dictadura militar como mecanismo para inducir 'democrática' y no coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drásticas políticas neoliberales. Este equivalente es la hiperinflación. Sus consecuencias son muy parecidas»13. El «terror económico» operó también en la crisis que culminó con el estallido de 2001 y, esta vez a través de la hiperdesocupación, preparó el terreno para la brusca devaluación y consecuente desvalorización del salario impulsadas por el presidente interino Eduardo Duhalde, quien comandó la transición. Con esa carencia de origen, el gobierno de Cambiemos transitó estos tres años entre los límites que imponía una resistencia social disgregada, pero presente, y la presión del mundo empresario y los factores reales de poder en pos de acelerar las contrarreformas.

El derrotero incluyó un comienzo con lo que se denominó «gradualismo», cuyo sentido era transitar el ajuste, pero administrando los tiempos para evitar chocar de frente contra un bloque social hostil. El «gradualismo» era a la vez financiado con el endeudamiento que el gobierno creyó infinito e ilimitado. Luego de triunfar en las elecciones de medio término de octubre de 2017 –con una combinación de antikirchnerismo y lo que algunos calificaron como «populismo financiero o fiscal»–, Macri lanzó el tridente del «reformismo permanente» (ajuste previsional, flexibilización laboral y reforma impositiva), con el que pretendió aligerar el plan.

Pero a octubre lo devoró diciembre. Las movilizaciones contra la reforma previsional del 14 y 18 de diciembre de 2017, con enfrentamientos violentos frente al Congreso Nacional y múltiples cacerolazos en los barrios porteños protagonizados por sectores de clase media, fueron el punto más alto de la movilización social en la era Macri, y pese a que la ley que modificaba el cálculo de las jubilaciones y pensiones se aprobó, Cambiemos sufrió una derrota política que nunca pudo remontar14.

Luego de aquellos acontecimientos, el gobierno se vio obligado a postergar sin fecha la reforma laboral e intentó retomar el camino del «gradualismo». En el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa en marzo de 2018, Macri habló de cuestiones tan estratégicas como una «agenda verde» y la mala alimentación de los niños15. Nada había quedado en pie de la ofensiva lanzada apenas cuatro meses antes. Pero en abril se desató la furia de los «mercados», con una corrida cambiaria provocada por el fin de las posibilidades de seguir aumentando la deuda. La rebelión financiera duró varios meses y obligó al pedido de rescate al fmi. Los «mercados» comenzaron a desconfiar de las capacidades de Macri para aplicar las contrarreformas neoliberales. De hecho, un conjunto de economistas «libertarios», que ahora buscan conformar un partido en línea con las ideas ultraliberales, suele acusar a Macri de ser un «populista con buenos modales»16.

La vuelta al fmi, pergeñada por el gobierno para poner fin a la corrida especulativa contra el peso, trajo consigo un nuevo programa de ajuste con el «déficit cero» como bandera y ya sin lugar para gradualistas. El resultado fue una disminución permanente del volumen político de Cambiemos, que nunca detuvo su marcha descendente. Pero su resiliencia no se explica sin el concurso de lo que el controversial escritor argentino Jorge Asís –devenido estridente analista y operador político– calificó como «dadores voluntarios de gobernabilidad». Entre ellos, se encuentra no solo gran parte del peronismo político que habilitó la aprobación de más de 100 leyes que facilitaron la tarea de Cambiemos (fueza minoritaria en el Parlamento), sino también la acción o inacción de las conducciones de los sindicatos y la Confederación General del Trabajo (cgt) y los llamados «movimientos sociales», herederos sobre todo del mundo piquetero de los años 2000.

Luego de 2001 y en parte como conclusión estratégica de aquellos acontecimientos, se produjo un proceso de institucionalización relativa de una amplia gama de organizaciones que agrupan a desocupados, trabajadores precarizados y los sectores más pobres de la sociedad argentina. La emergencia de estas organizaciones es una manifestación de su peso gravitante y eventualmente explosivo, a la vez que un instrumento de contención para evitar su emergencia disruptiva. Junto con la desprestigiada dirección de la cgt, que convocó a cuatro paros generales sin movilización y con la suficiente distancia uno de otro como para que solo cumplieran la función de descomprimir la tensión social, las conducciones de los movimientos sociales adoptaron la lógica «sindical» y actuaron para evitar que se configurara un escenario del tipo del de diciembre de 2017. Con diferentes responsabilidades, operaron como un factor conservador para una respuesta masiva y coordinada al ataque del gobierno a las condiciones de vida de las mayorías. Además, el grueso de los dirigentes de estas organizaciones (sindicales o sociales) están fuertemente comprometidos con la reorganización del peronismo con vistas a las elecciones: su apuesta estratégica no es por la derrota del plan de Macri en las calles, sino por el desgaste para facilitar su salida del poder en las elecciones17. Por último, gran parte de estas estructuras reciben una fuerte influencia del papa Francisco, para quien evitar un estallido en su país de origen es de una importancia vital, además de estar a tono con su ideología histórica. Efectivamente, la «teología del pueblo» a la que adhiere Francisco (desde los tiempos en que era el cardenal Jorge Bergoglio) postula una alianza con las organizaciones sociales sobre la base de considerar a los pobres como víctimas y proponer una política de rescate, de contención y tutelaje, siempre con el objetivo de evitar la acción directa.

En síntesis, los frenos de mano que el gobierno se vio obligado a aplicar por imposición de las circunstancias y la «ética de la responsabilidad» de la oposición, combinada con una estrategia que prioriza el eje electoral y con el «respaldo divino», otorgaron una sobrevida a un proyecto político estancado.

El futuro llegó

Gran parte de la fortaleza que aún mantiene el macrismo cuando comienza el decisivo último año de gobierno es concedida por otros. Economistas afines a Cambiemos se aferran a dos factores a la espera de algo parecido a una recuperación: la cosecha récord que auguran para 2019 y la apuesta a algunas inversiones en el yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el sur argentino. Parece difícil que esos nichos, incluso si son exitosos, remonten la cuesta abajo de la economía.

La disminución del volumen político de Cambiemos se ve reflejada en la distancia que toman algunos factores de poder con respecto al futuro de ese proyecto político: el Grupo Clarín, principal oligopolio mediático del país, ya juega –de mínima– a dos puntas, solo en última instancia mantiene el apoyo a Macri contra el kirchnerismo, pero cada vez se notan más los hilos de su trabajo por el llamado «peronismo racional».

El Grupo América (segunda corporación mediática del país) manifestó por boca de uno de sus accionistas mayoritarios, Daniel Vila, el respaldo a esa fracción del peronismo no kirchnerista. Una mayoría de la Corte Suprema votó hacia fin de año contra el gobierno en un fallo simbólicamente importante sobre el cálculo de deuda que el Estado tiene con unos 150.000 jubilados que litigaron contra él. Y una fracción considerable del empresariado comienza a explorar otras opciones, sin descartar incluso al kirchnerismo conducido por Cristina Fernández, una de cuyas estrategias disponibles, y a la que al parecer podría apostar, es la de adoptar un perfil de «leona herbívora», si retomamos la expresión con que se calificó a sí mismo el Juan Domingo Perón consensual y conciliador que volvió al país en la década de 1970, tras 18 años de exilio.

El analista político liberal Sergio Berensztein escribió en el diario La Nación: «Sin embargo, pasado el 75% de su mandato, [Macri] carece del apoyo concreto de una constelación de actores sociales que le otorguen solidez para implementar la agenda de reformas estructurales más allá de los números que entreguen las urnas o de la correlación de fuerzas que esos votos produzcan en el Congreso y en las gobernaciones»18.

La definición es similar a lo que en términos del marxista italiano Antonio Gramsci puede calificarse como ausencia de hegemonía. Pero quizá lo más relevante para el presente y el futuro argentino es que la «tragedia» a la que está condenado Cambiemos, más allá de si logra el milagro de un resultado electoral favorable, condiciona al conjunto de las fuerzas políticas tradicionales cuyos programas se enmarcan dentro del respeto a los intereses estratégicos de los dueños del país y a la hoja de ruta del fmi. Bajo esas condiciones, en cualquier circunstancia, no se avizora una luz al final del túnel. Y la posibilidad de un nuevo colapso está en el menú de posibilidades.

                                

 

Mauricio Macri en su ratonera El fin de la utopía gradualista

Modelo de la transición posprogresista para otras centroderechas del continente, el gobierno de Mauricio Macri enfrenta una nueva crisis económica y fue en busca de un rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ante problemas que creía fáciles de resolver dejando atrás el «populismo» (alta inflación, falta de inversiones), reduce sus expectativas de recrear el apoyo popular y vislumbra un escenario más difícil en las elecciones presidenciales de 2019.

Por José Natanson

 

Mauricio Macri en su ratonera / El fin de la utopía gradualista

Primer presidente ni radical ni peronista democráticamente elegido de la historia argentina, Mauricio Macri fue también el primero en llegar al poder al frente de una fuerza explícitamente promercado que, sin proponer un antiestatismo fulminante, defendía las ventajas del libre juego de la oferta y la demanda, la desregulación y la apertura de la economía1. En un país dotado de una fuerte memoria igualitarista y una pulsión plebeya que sobrevivió represiones y dictaduras, y que en su momento construyó el Estado de Bienestar más amplio de América Latina, pasaron más de tres décadas desde la recuperación de la democracia antes de que un partido de estas características llegara a la Presidencia.

Desde su desembarco en el gobierno nacional en diciembre de 2015, la gestión de Cambiemos, la coalición entre Propuesta Republicana (pro), de Macri, y la más que centenaria Unión Cívica Radical (ucr), osciló entre la convicción y el pragmatismo, entre la voluntad del nuevo presidente y sus principales colaboradores de avanzar en un programa económico claramente neoliberal y la resistencia política, social y sindical: con el peronismo dividido, el principal freno fue el que impusieron las calles y los sindicatos. Así, los primeros dos años de gestión macrista estuvieron marcados por un ciclo de intensa movilización social: docentes, movimientos sociales, trabajadores estatales, científicos y mujeres, entre otros grupos, protagonizaron una serie de marchas multitudinarias. Los sindicatos también hicieron sentir su fuerza: con una tasa de sindicalización de 37%2, Argentina es uno de los pocos países de la región en el que las organizaciones gremiales disputan con el empresariado y el Estado la distribución del ingreso, lo que no logró evitar, aunque sí morigerar, la caída del poder de compra de los salarios y, sobre todo, frenar los intentos de flexibilización de las leyes laborales.

Decidido a hacer de la necesidad virtud, el gobierno definió como «gradualismo» esta tensión entre su vocación neoliberal y las restricciones que fue encontrando, tensión que se reflejó en la evolución de la política económica. Al comienzo, en efecto, Macri aplicó una serie de shocks: desmontó de un día para el otro el complicado sistema de control de cambio establecido por el kirchnerismo; avanzó en la desregulación de algunos sectores, sobre todo aquellos con los que tenía compromisos políticos (en telecomunicaciones, por ejemplo, adoptó una serie de medidas favorables a los intereses del Grupo Clarín); bajó o eliminó los impuestos a la exportación –las retenciones–, otro compromiso asumido durante la campaña; y avanzó en una veloz y muy costosa normalización del frente financiero mediante el pago de la totalidad de la deuda reclamada por los «fondos buitres». La política exterior, en tanto, giró a la búsqueda de una serie de acuerdos de libre comercio (se intentó avanzar sin éxito en un tratado entre el Mercosur y la Unión Europea), el acercamiento a las potencias occidentales y el deseo, aún pendiente, de ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde). Al mismo tiempo, mantuvo bajo control público el sistema jubilatorio estatizado durante el gobierno anterior y no avanzó en la reprivatización de las empresas nacionalizadas (Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Aerolíneas Argentinas). Aunque recortó y fusionó programas y planes sociales, no concretó un recorte del gasto público al estilo de los años 90.

En los planes del gobierno, este conjunto de medidas liberalizantes permitiría normalizar una economía afectada por los controles, el déficit fiscal y la inflación, de modo tal de lograr un flujo de inversiones, en particular externas, que echaría a andar nuevamente la rueda del crecimiento y dejaría atrás el populismo. Hasta tanto esto sucediera, la transición se financiaría con deuda, que aumentó de manera vertiginosa, y mediante la atracción de capitales especulativos de corto plazo, seducidos por el carry trade y la liberalización total de la cuenta de capital.

El gradualismo fue posible gracias a la herencia económica del kirchnerismo. Aunque el segundo gobierno de Cristina Fernández estuvo marcado por el deterioro económico, hubo, en un contexto de caída de prácticamente todos los indicadores, dos que se mantuvieron en niveles razonables: empleo y deuda. Irónicamente, fue la vitalidad que conservaba el mercado laboral la que permitió que el impacto regresivo de las primeras decisiones económicas de Macri no derivara en una crisis social mayúscula, del mismo modo que los bajísimos niveles de deuda habilitaron el festival de bonos necesario para sostener la nueva gestión. El problema es que el plan no funcionó.

La inversión extranjera directa, en efecto, se mantuvo en los mismos niveles que en los últimos años del kirchnerismo, las exportaciones no despegaron y la fuga de divisas continuó. Puesto frente a la evidencia de este fracaso, el gobierno recalculó: discretamente, sin plantearlo de manera explícita, se propuso enfrentar las cruciales elecciones de octubre de 2017 apostando a una mejora del salario real, que el año anterior había perdido poder adquisitivo por la inflación generada por la devaluación, e incrementando los recursos para la obra pública. Esto fue posible porque, a diferencia de los partidos tradicionales de derecha en Argentina, integrados por economistas dogmáticos, el macrismo está liderado en su mayoría por empresarios y gerentes, que aunque sea por afán de lucro han acumulado cierta experiencia en el trato con el mundo real. Y como a veces hasta la economía argentina responde a las leyes más básicas, el resultado de este minigiro heterodoxo fue un modesto crecimiento del pib (2,9%)4, una leve recuperación de los salarios y una mejora de los indicadores sociales.

Estos módicos resultados económicos fueron suficientes para que Cambiemos revalidara su apoyo en las elecciones legislativas, en las que no solo se consolidó como la primera fuerza nacional, sino que arrasó en las principales ciudades del país y, especialmente, en la «zona núcleo». Sustentada en la economía de la soja, se trata de un entramado extenso que incluye desde los puertos de las multinacionales sobre el río Paraná y las grandes propiedades tradicionales hasta los nuevos pools de siembra y las empresas prestadoras de servicios agropecuarios. Lejos de la imagen tradicional de terratenientes y peones, el campo argentino es hoy tierra de ingenieros agrónomos, veterinarios, mecánicos de maquinaria agrícola, pilotos de aviones fumigadores. Esta nueva clase media semirrural fue construyendo, en particular en su confrontación con el kirchnerismo, un relato de sí misma como el actor más dinámico de la economía argentina, competitivo, hipertecnologizado e integrado a la globalización, y desprovisto además de reclamos de subsidios.

Apenas asumió el gobierno, el macrismo anunció la eliminación o disminución de las retenciones a la exportación de productos agropecuarios, lo que, combinado con la devaluación, mejoró enormemente la rentabilidad del campo. Por eso no fue sorprendente que en las elecciones arrasara en la «pampa sojera». Pero no solo allí. También, de manera más inesperada, consiguió derrotar al peronismo en provincias claves y obtener el triunfo simbólico de ganarle a Cristina Fernández en la decisiva provincia de Buenos Aires. Amplios sectores sociales cuya situación económica personal (su metro cuadrado, en la tecnojerga del marketing político) se había deteriorado decidieron, sin embargo, renovar su respaldo al oficialismo, que de este modo lograba «desenganchar» la situación material de un conjunto importante de argentinos de su comportamiento político-electoral. La atomización del peronismo, que se presentó dividido, y la polarización con Cristina Fernández, a cuya gestión el macrismo responsabilizaba por las dificultades económicas, explican el resultado. La sociedad había decidido esperar, estirar su paciencia.

Pero la economía es eso que pasa mientras los políticos ganan las elecciones. Cuatro meses después del triunfo del oficialismo, Argentina asistía incrédula a un nuevo capítulo de sus cíclicas crisis económicas.

El dictamen del «mercado»

Las inversiones esperadas nunca llegaron. Si durante los primeros dos años de gestión el argumento era que los inversores estaban aguardando que el gobierno se fortaleciera políticamente, demostrara su capacidad de imponerse en las elecciones legislativas y enterrara así el riesgo de un regreso del kirchnerismo, una vez producido el triunfo de 2017 la demanda de los «mercados» cambió: ahora había que producir una serie de reformas profundas que dejaran en claro la voluntad de cambio del gobierno. Así, el macrismo aprovechó la efervescencia poselectoral para impulsar una controvertida reforma previsional que cambiaba la fórmula de ajuste de los haberes jubilatorios y que, en los hechos, implicaba una merma de ingresos para los jubilados (y, por lo tanto, un ahorro fiscal). Sin embargo, a pesar del costo político que tuvo que pagar por la impopular decisión, esta tampoco fue suficiente.¿Qué estaba pasando entonces? Como señalamos, el plan del macrismo consistía en crear las condiciones para que, tras años de espanto populista, el regreso de la inversión privada permitiera relanzar el crecimiento. El déficit fiscal se reduciría poco a poco; el déficit externo se sostendría con inversiones financieras y deuda, que al comienzo aumentaría de manera significativa y luego iría reduciendo su peso relativo conforme la economía se expandiera. Pero la discreta utopía gradualista del macrismo partía de una lectura ingenua de los beneficios de la globalización. En efecto, el apoyo de las potencias occidentales, simbolizado en la impresionante visita de jefes de Estado durante el primer año de mandato de Macri, no se tradujo en inversiones productivas: una cosa es el apoyo político y otra la voluntad de los empresarios, que hablan otro idioma. La idea de una economía impulsada por la inversión no se verificó en la práctica. Del mismo modo, el salto exportador que supuestamente se produciría por las enormes ventajas otorgadas a los productores agrarios tampoco se comprobó: dada la naturaleza de la canasta de bienes y servicios que el país le vende al mundo, conformada básicamente por commodities, el volumen de ventas depende de la demanda externa, que se mantuvo estable, más que de los costos internos. La devaluación no llevó a un aumento del volumen de las exportaciones sino a una mejora de la rentabilidad de los exportadores.Las dificultades de la economía real desnudaron la vulnerabilidad financiera, que no había hecho más que agravarse mientras se financiaba una transición que nunca se completó. Como la economía casi no creció, el peso de la deuda sobre el pib aumentó de manera alarmante. Como las exportaciones no se dispararon, los dólares para pagar esa deuda no aparecieron. Y entonces, cuando las condiciones internacionales cambiaron, este cuadro, que hasta el momento había permanecido velado detrás de la cortina de dólares financieros provenientes del exterior, se hizo plenamente visible: a comienzos de 2018, la decisión de la Reserva Federal estadounidense de aumentar la tasa de interés frenó en seco la posibilidad de seguir tomando deuda en los mercados internacionales. Al mismo tiempo, el aumento del precio del petróleo agudizó el déficit de la balanza energética y la sequía que azotó a buena parte del país redujo los ingresos por exportaciones. Como tantas otras veces en la historia argentina, la crisis económica se disparaba por la falta de dólares.

Detengámonos un momento en este aspecto antes de pasar a la reacción del gobierno. Dada su estructura productiva, Argentina enfrenta de manera cíclica el problema de la escasez de divisas, la temida «restricción externa». Cuando la economía crece, las importaciones se expanden mucho más rápido que las exportaciones, lo que genera déficits crecientes de la balanza de pagos. Las características propias de una industrialización incompleta hacen que, a partir de cierto punto, las fábricas requieran bienes de equipo y capital importados. Al mismo tiempo, como el crecimiento económico suele estar acompañado por aumentos de salarios, la demanda social pasa de los bienes básicos (alimentos, vestido, etc.) a otros más sofisticados (autos, electrodomésticos), que al no fabricarse localmente profundizan la necesidad de dólares, a lo que se suman los viajes al exterior5. A estas necesidades hay que añadir el déficit de la balanza enérgica y los dólares para ahorro. Las exportaciones, generadas básicamente por la producción agropecuaria, se vuelven insuficientes para satisfacer la demanda de divisas. Frente a esta situación, los gobiernos suelen reaccionar mediante fuertes devaluaciones, que ayudan a reequilibrar el frente externo hasta que el ciclo comienza de nuevo.

Esta situación estaba presente al menos desde 2010. El kirchnerismo había intentado contenerla apelando a restricciones a la salida de capitales, límites a la compra de dólares y un severo control de importaciones. Desde el otro lado de la luna, el macrismo intentó resolverla mediante la atracción de dólares financieros y el endeudamiento, pero no atacó el problema de fondo del modelo de desarrollo. Finalmente, cuando el cambio de contexto internacional desnudó la fragilidad del diseño económico, el gobierno reaccionó erráticamente y sin coordinación: pasó de minimizar los efectos de la crisis en un primer momento a asustarse después. El dólar comenzó una trepada imparable. El Banco Central, que hasta el momento se había manejado con un poco creíble esquema de metas de inflación, anunció primero una flexibilización de esas metas y luego su eliminación total. Su presidente de entonces, Federico Sturzenegger, dijo que dejaría flotar el tipo de cambio y a los pocos días, mientras el precio del dólar seguía escalando, salió apresuradamente a vender reservas para intentar contenerlo, sin éxito. Aunque había prometido respetar la autonomía de la autoridad monetaria, Macri decidió, en medio de la crisis, desplazar a Sturzenegger, un economista dogmático de orientación monetarista, y reemplazarlo por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, un trader acostumbrado a pulsar en los mercados.

La corrida –y la torpeza que exhibió el gobierno– reavivó viejos fantasmas. Aunque los vaivenes económicos están presentes en cualquier economía, Argentina ha ido consolidando a lo largo de su historia un patrón singularmente enloquecido, que se traduce en una crisis devastadora aproximadamente cada diez años, acompañada en general por una intensa conflictividad social y una ruptura política, como demuestran la crisis de la deuda de 1982 (que marcó el fin de la dictadura), la hiperinflación de 1989 (que determinó la renuncia de Raúl Alfonsín e incluyó una incautación de depósitos) y el estallido de 2001 (que también incluyó un «corralito» sobre las cuentas bancarias y puso fin al régimen de convertibilidad de la moneda).

Los motivos de este «ciclo de ilusión y desencanto»6 son difíciles de determinar, aunque parecen responder a problemas de la estructura económica (la restricción externa que deriva crónicamente en crisis del sector externo) ausentes en otros países que cuentan con recursos de exportación que les garantizan los dólares necesarios (el cobre en Chile, por ejemplo), o en sociedades con patrones de consumo menos «europeo», lo que también limita la necesidad de importaciones. En Argentina, además, esta base material se combina –y en buena medida explica– la dificultad histórica para consensuar un modelo de desarrollo: en contraste con el neoliberalismo chileno y el desarrollismo brasileño, el país vive una especie de disputa permanente entre quienes defienden un diseño liberal-aperturista y los que prefieren un esquema proteccionista y orientado al mercado interno. En todo caso, el resultado es que la sociedad argentina no registra las tensiones económicas, en particular las cambiarias, del mismo modo que otras sociedades. La dolarización de los ahorros y de sectores enteros de la economía –el sector inmobiliario y la construcción–, la agilidad de los actores económicos para aprovechar las oportunidades financieras, el cortoplacismo del mundo empresario y el sesgo inflacionario constituyen algunos de los rasgos más marcados de una sociedad siempre alerta, en la que el valor del dólar no es un precio más sino un termómetro de la crisis7.

Volvamos a la coyuntura. La devaluación parecía imparable: el dólar, que a comienzos de año se situaba en 18 pesos, llegaba a los 24 (el chiste que circulaba en aquellos días era que el gobierno había confundido el precio del dólar con la temperatura de 24 grados a la que, para fomentar el ahorro de energía, pedía limitar el aire acondicionado). Cerrados los grifos financieros, Macri tomó una decisión desesperada: inició la negociación para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (fmi), a esa altura la única vía disponible para conseguir los dólares necesarios para engrosar las reservas y evitar un descontrol aún mayor. Luego de tres semanas de rápidas tratativas, el gobierno anunció la firma de un stand-by con el organismo que le garantizaba una serie de desembolsos escalonados por un total de 50.000 millones de dólares. Aunque lo quiso presentar como un triunfo, como una señal de la confianza de las principales potencias, la decisión fue leída por la sociedad, que mayoritariamente la rechazó8, como una muestra de inoperancia o claudicación –o las dos cosas a la vez–. Sucede que, tras una historia que incluye 26 acuerdos con el fmi, los argentinos saben que un préstamo del organismo no es un préstamo sino un programa de gobierno, que en este caso incluye una mayor reducción del déficit fiscal, del 2,5% previsto para 2019 antes del acuerdo al 1,3% negociado con el Fondo, lo que se traduce en recortes por unos 7.000 millones de dólares.

La difícil reelección

Al cierre de este artículo, el peso argentino se había devaluado 60% desde el inicio de la crisis, las reservas habían disminuido en 15.000 millones de dólares, el pronóstico de inflación anual pasó de 15% a 30% y el crecimiento esperado para este año se situaría por debajo de 1%. Desde el punto de vista político, el gobierno macrista, que supuestamente había llegado para reordenar una economía descalabrada, se revelaba, si no totalmente impotente, sí desorientado: el gradualismo que supuestamente permitiría ir normalizando las variables fue reemplazado por el desafío de apurar el ajuste comprometido con el fmi sin erosionar todavía más la coalición de apoyos.

Como casi la mitad del gasto del Estado nacional está indexado por ley (jubilaciones y programas sociales) y resulta por lo tanto difícil de ajustar, y como el recorte de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, otro componente importante del presupuesto, también choca contra el límite de la tolerancia social, avanzar con la reducción del déficit implica alimentar el conflicto. Curiosamente, fue en el campo, última reserva de legitimidad del macrismo, donde esta tensión se reflejó de manera más nítida. En efecto, la formidable devaluación experimentada en los últimos tres meses redundó en un aumento instantáneo de la rentabilidad de los exportadores agropecuarios, que de un día para el otro vieron cómo sus ganancias en pesos aumentaban 60% (frente a un aumento de sus costos mucho menor). En este marco, una reposición de las retenciones, incluso por un porcentaje menor al vigente durante el kirchnerismo, permitiría sobrecumplir las metas negociadas con el fmi y hasta dejaría un margen para pensar en alguna política expansiva. Fueron de hecho las mismas autoridades del organismo internacional quienes lo sugirieron. Sin embargo, luego de una serie de versiones, desmentidas y reclamos, el mismo Macri descartó la idea.

El gobierno se encuentra políticamente inmovilizado en la ratonera que él mismo se construyó. La necesidad de cumplir con las metas de déficit lo obliga a explorar recortes que generan rechazos sociales y políticos, en un tanteo cotidiano exasperante (y políticamente muy desgastante): los empleados públicos, los Estados provinciales, las universidades nacionales, los fondos para cultura y ciencia constituyen algunas de las áreas afectadas. Solo sobreviven los planes sociales, porque en este punto el macrismo aprendió de la experiencia de los años 90: sin el entramado de protección social construido por el kirchnerismo y prolongado durante estos años, el gobierno corre el riesgo de un estallido que amenace la paz social y la gobernabilidad política. Como señalamos en otra oportunidad9, la conciencia acerca de la necesidad de garantizar un piso mínimo de supervivencia para los amplios sectores sumergidos constituye uno de los rasgos característicos de la «nueva derecha» macrista.

El macrismo se acerca a las elecciones del año que viene, en las que el presidente se jugará su reelección, en una situación de debilidad mayor a la que se preveía unos meses atrás. Aunque nada está definido, en buena medida porque el peronismo continúa dividido, el gobierno tiene por delante el difícil desafío de reestabilizar la economía, superar los meses de recesión y deterioro social que se aproximan y llegar a mediados de 2019 con la posibilidad de mostrar algún signo de recuperación, aunque sea mínimo. Autoproclamado como un líder racional, pragmático y desideologizado, Macri no ofreció nunca grandes cambios, apenas una promesa de normalización gradual. Incluso la decisión de habilitar el tratamiento legislativo de la legalización del aborto, que todos los presidentes anteriores, incluyendo a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández, habían bloqueado, fue presentada de manera discreta, casi vergonzante: Macri anunció en su discurso de apertura de sesiones que vería con agrado que el Congreso encarara el tema, pero al mismo tiempo aclaró que él personalmente estaba en contra, mientras sus ministros exhibían posiciones encontradas y el bloque oficialista terminaba votando dividido. Al final, liderando sin liderar, el presidente se privó de aprovechar la corriente liberal que, junto con un conservadurismo por momentos medieval, anida en su partido, y de la posibilidad de capitalizar una decisión histórica.

Mientras el discurso de regeneración republicana y la crítica a la corrupción van perdiendo efectividad, el gobierno reduce sus expectativas de recrear el apoyo popular. Deliberadamente ajeno a cualquier epopeya, cultor de una épica antiépica, el macrismo construyó la propuesta de un presidente menos presente, una vuelta a lo privado a partir de una economía sana y en crecimiento que operaría como la base a partir de la cual los individuos y las empresas podrían, por fin liberados de los pesados controles populistas, desplegar sus energías. Fue el precio del dólar, como tantas veces en Argentina, el que puso en crisis estos planes.

Fuente: http://nuso.org

                

              

ARGENTINA      noticias propuestas por: Milo Garcia  

       n° 508

  28/02/2019

Frida Khalo